Jordi Bertomeu, comisario para la liquidación de la llamada «familia espiritual» del Sodalicio, ha comunicado a las víctimas que no cerrará la liquidación, paso previo a cualquier reparación, mientras los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede que le asisten no tengan «certeza suficiente acerca de la validez y licitud canónica de las actividades económicas desarrolladas por el grupo suprimido» y hasta que hayan podido valorar «las eventuales acciones legales que puedan iniciarse ante las instancias estatales». No fija plazo. En la misma carta, que dedica sobre todo a defender su actuación, les cita un documento de la Cancillería peruana según el cual él «estaba premunido de inmunidad en materia penal, además de civil y administrativa, durante la duración de su misión en territorio peruano».
Se trata de un comunicado interno fechado en Roma el 7 de noviembre, cuatro días antes de la llegada de León XIV a Perú, al que ha tenido acceso InfoVaticana, y es el segundo en ocho días. La decisión va en primera persona, «no daré por concluido el proceso liquidatorio, previo al proceso reparatorio», y amparada en dos papas: el comisario dice tomarla «en cumplimiento del mandato recibido del papa Francisco y ratificado por el papa León XIV». La liquidación, explica, debe «esclarecer la legitimidad de las actividades económicas que han dado origen al patrimonio eclesial» y no limitarse a los bienes que los antiguos dirigentes del grupo han puesto hasta ahora a disposición del proceso. Bertomeu admite el coste: «Soy consciente de que la espera puede resultar especialmente dolorosa para quienes lleváis tantos años esperando verdad, justicia y reparación». El 30 de octubre había escrito que su responsabilidad le obligaba a procurar que las actuaciones pudieran «traducirse pronto en resultados reales».
El anuncio ocupa unas 300 de las casi 2.100 palabras del comunicado. Unas 1.400, dos tercios del total, forman el apartado «Sobre las informaciones que cuestionan mi actuación», dedicado a rebatir Narrativa y persecución, un libro reciente del abogado peruano Percy García Cavero sobre su papel en la Misión Especial Scicluna-Bertomeu de 2023, en la supresión del Sodalicio y en la liquidación. Bertomeu lo presenta como continuación de otro del mismo autor, de 2018, titulado El caso Pedro Salinas: de denunciante de abusos a mancillador de honras. Al final pide a las víctimas que no tomen «partido en una disputa sobre mi persona».
Sobre su condición diplomática, el comisario reprocha al libro que conceda relevancia a un certificado emitido por «el señor Linares Arenaza» el 8 de julio de 2026, cuyo contenido no detalla, y le opone el documento OR. RE. (SGG) n.º 4-3-A/969, de 11 de marzo de 2025, firmado por el señor Salamanca Castro, encargado de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, del que procede la frase sobre su inmunidad. Añade que esa documentación «ya fue aportada como prueba en el procedimiento judicial promovido por el señor Percy García Cavero contra quien suscribe este comunicado». La carta no aclara de qué procedimiento se trata ni si es la denuncia penal por violación del secreto profesional que Giuliana Caccia y Sebastián Blanco presentaron contra él en julio de 2024.
Esa denuncia fue archivada en enero de 2025 por un fiscal que se apoyó en los documentos aportados por la defensa de Bertomeu, entre ellos una fotocopia de su pasaporte diplomático, y semanas después la Fiscalía declaró procedente la impugnación de los denunciantes contra el archivo, según informó entonces este diario. Caccia y Blanco contaron en aquel momento que la Cancillería había respondido a su abogado que Bertomeu entró en el país con una visa oficial y que en ningún momento solicitó «la acreditación ni temporal ni permanente como misión diplomática ante Relaciones Exteriores». El documento que ahora esgrime el comisario es de marzo de 2025, posterior a esa respuesta y a la impugnación.
Sobre la filtración, la carta niega menos de lo que parece. Bertomeu escribe que «en ningún caso se comunicó a Paola Ugaz y Pedro Salinas los nombres de Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, tal como consta en las actas de la investigación». La frase es impersonal, se ciñe a los nombres y se apoya en unas actas que el propio comisario describe, unos párrafos antes, como «material reservado que se conserva en la Santa Sede y al que no corresponde dar publicidad indiscriminada». Sobre el contenido de lo declarado no hay negación expresa, solo la advertencia de que no considera correcto «extraer conclusiones» sobre «una eventual transmisión de información reservada sin contar con pruebas suficientes». Tampoco menciona los mensajes de WhatsApp que Caccia y Blanco aseguran haber protocolizado ante notario y en los que, según ellos, Bertomeu reconoce haber transmitido a Salinas y Ugaz información de sus declaraciones.
La carta sostiene también que la columna «El comando de élite del Papa», que Raúl Tola publicó en La República, «no debería interpretarse automáticamente como resultado de una filtración», y para explicar su origen remite a una entrevista a Salinas del 19 de agosto de 2023, a un artículo suyo del 29 de septiembre de 2024 y a una entrevista a Ugaz del 11 de diciembre de 2024. La columna se publicó el 29 de julio de 2023, antes que las tres, cuando la misión aún recibía testimonios en la Nunciatura, lo que hizo entre el 23 de julio y el 1 de agosto según la propia carta. Tola no daba nombres. Hablaba de «una militante ultracatólica muy activa en redes» y de «un hombre (que terminó siendo cuñado de la primera)» que, cuando «el sacerdote español le preguntó si le gustaría que su hijo fuera sometido a esas prácticas», «guardó un silencio explícito». Caccia y Blanco sostienen que esa columna nació de la filtración de sus declaraciones. Bertomeu recuerda que en aquellos días había reporteros gráficos en los alrededores de la Nunciatura, un argumento que, según Crux, ya recogía el decreto fiscal de enero de 2025. La carta no explica cómo llegó al columnista lo que se dijo dentro.
En el mismo apartado, Bertomeu atribuye a Francisco el precepto penal con amenaza de excomunión que el nuncio en Perú entregó a Caccia y Blanco en septiembre de 2024, y lo presenta como fruto de «la actuación que se atribuyó» a ambos durante la misión, que «motivó la intervención del Santo Padre y la consiguiente imposición por éste de un precepto penal con la advertencia de excomunión en caso de desobediencia». Según lo describió entonces el propio Tola, el precepto les daba 48 horas para retirar la denuncia contra Bertomeu y pedir disculpas públicas a los enviados del Papa. La carta no menciona que, según contaron después Caccia y Blanco, Francisco los recibió en audiencia privada en noviembre de 2024, les aseguró que la excomunión «no procedía», que «había sido un error», y la revocó «de puño y letra». A las víctimas que declararon en la Nunciatura en 2023 les explica, por último, que ninguno firmó un acuerdo de confidencialidad porque la reserva «no dependía de una formalidad contractual, sino del compromiso de proteger la información recibida», y que «las informaciones que compartisteis no estaban destinadas a ser transmitidas automáticamente al Santo Padre sin un examen previo». Caccia y Blanco sostienen que a ellos se les prometió que cuanto dijeran solo llegaría al Papa.
El comunicado se abre con un agradecimiento por «las numerosas muestras de reconocimiento, confianza y apoyo» recibidas tras el anterior y se cierra con Hannah Arendt, con una idea que atribuye a Dietrich Bonhoeffer sobre las repeticiones «sin pruebas» que acaban confundiéndose con la verdad y con el salmo 33: «Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad». El del 30 de octubre lo firmaba «El Comisario Pontificio de la “Familia Espiritual” del Sodalicio». Este lleva su nombre, «Mons. Jordi Bertomeu Farnós», y se despide así: «Con mi afecto y cercanía, siempre a vuestro servicio».
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