El arzobispo de Nueva York, Ronald Hicks, se ha incorporado a la demanda presentada por cuatro congregaciones religiosas y varias instituciones sanitarias católicas contra las obligaciones derivadas de la ley de suicidio asistido del estado. Junto al prelado se han sumado la archidiócesis y ArchCare, su red de atención sanitaria, para solicitar protección judicial frente a las disposiciones que, según los demandantes, podrían obligarlos a colaborar en la muerte provocada de sus pacientes.
«Nos negamos a permitir que Nueva York nos obligue a hacer daño precisamente a aquellos a quienes hemos sido llamados a cuidar», declaró monseñor Hicks, según informó el 30 de octubre la organización jurídica Becket, encargada de representar a las instituciones católicas.
El arzobispo recordó que la misión sanitaria de la Iglesia está inspirada en la compasión de Jesucristo y dirigida a todas las personas necesitadas de atención, independientemente de sus circunstancias o creencias.
La archidiócesis se incorpora a una demanda que ya obtuvo protección judicial
La decisión de Hicks amplía el procedimiento iniciado en julio por las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, las Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Misioneras de San Benito y las Hermanitas de los Pobres, junto al obispo de Rockville Centre, John Barres, y otras instituciones sanitarias católicas.
El pasado 30 de julio, una jueza federal dictó una medida cautelar, aceptada por el estado de Nueva York, que impide aplicar a las instituciones demandantes determinadas obligaciones relacionadas con el suicidio asistido mientras continúa el litigio.
Aquella resolución constituyó una primera victoria judicial para las religiosas, que habían acudido a los tribunales para defender su derecho a atender a los enfermos sin participar, directa o indirectamente, en procedimientos destinados a provocar su muerte.
La protección se concedió pocos días antes de que entrara en vigor la ley, el 5 de agosto. Desde entonces, la Iglesia mantiene abierta su batalla judicial en Nueva York, mientras las congregaciones amparadas por la medida cautelar pueden continuar su actividad asistencial sin someterse a las obligaciones impugnadas.
La archidiócesis y ArchCare buscan ahora obtener una protección equivalente mediante la ampliación de la demanda presentada ante el tribunal federal.
ArchCare defiende su misión de cuidar a los enfermos hasta la muerte natural
ArchCare desarrolla una extensa labor asistencial a través de hospitales, residencias de ancianos, servicios de atención domiciliaria, cuidados paliativos y programas especializados para personas con discapacidad.
Entre sus instituciones se encuentra el Calvary Hospital, dedicado exclusivamente a los cuidados paliativos de adultos con enfermedades graves que limitan su esperanza de vida. También forma parte de su red el Mother Cabrini Hospital, especializado en la atención de niños y jóvenes con discapacidades graves y necesidades médicas complejas.
Para estas instituciones, facilitar el suicidio asistido resulta incompatible con su compromiso de cuidar y acompañar a cada persona desde el nacimiento hasta la muerte natural.
Los demandantes sostienen que la legislación puede obligarlos a informar a pacientes terminales sobre el suicidio asistido, intervenir en los procedimientos necesarios para acceder a sustancias letales o derivarlos a profesionales dispuestos a prescribirlas.
Según Becket, el incumplimiento de determinadas obligaciones podría exponer a las instituciones y profesionales a sanciones económicas, consecuencias sobre sus licencias e incluso responsabilidades penales.
La controversia se centra en el alcance de las obligaciones de información, cooperación y derivación previstas en la normativa y en si las garantías legales para quienes rechazan participar en el suicidio asistido protegen suficientemente la libertad religiosa de las instituciones católicas.
Una legislación rechazada por los obispos de Nueva York
La denominada Medical Aid in Dying Act fue firmada el 6 de febrero de 2026 por la gobernadora Kathy Hochul y entró en vigor el 5 de agosto.
La norma permite que los adultos residentes en Nueva York, diagnosticados con una enfermedad terminal y una esperanza de vida no superior a seis meses, soliciten una prescripción médica de sustancias destinadas a provocar su muerte, que deben administrarse ellos mismos.
Su aprobación provocó una firme oposición de la Iglesia católica. En abril, los obispos de Nueva York publicaron un documento contra la eutanasia y en defensa de la vida humana, en el que recordaron que provocar deliberadamente la muerte de un enfermo constituye un acto moralmente inadmisible.
En aquel documento, titulado Ahora y en la hora de nuestra muerte, los prelados distinguieron entre el rechazo de tratamientos desproporcionados y la provocación intencionada de la muerte. Recordaron que la Iglesia no exige prolongar la vida mediante intervenciones extraordinarias cuando estas resultan gravosas o carecen de un beneficio proporcionado, pero sí obliga a respetar la dignidad de la persona hasta su fallecimiento natural.
Los obispos advirtieron también sobre las consecuencias que la legalización del suicidio asistido puede tener para los enfermos, los ancianos y las personas con discapacidad, especialmente cuando la dependencia o el sufrimiento se presentan como motivos para considerar que una vida ha perdido su valor.
La libertad religiosa, en el centro del conflicto judicial
Adéle Keim, abogada principal de Becket y representante de las instituciones demandantes, sostuvo que las congregaciones y los centros sanitarios católicos han dedicado su existencia al servicio de quienes más necesitan atención y compasión, especialmente durante los últimos momentos de su vida.
«El suicidio asistido es completamente incompatible con la atención compasiva que ofrecen las religiosas y ArchCare», afirmó.
La letrada explicó que la demanda pretende garantizar que estas instituciones puedan continuar desarrollando su actividad sanitaria sin verse obligadas a intervenir en procedimientos destinados a poner fin a la vida de sus pacientes.
El conflicto no se limita al estado de Nueva York. En septiembre, el cardenal Blase Cupich y dos congregaciones religiosas demandaron al estado de Illinois por obligaciones semejantes previstas en su legislación.
Pocos días después, un tribunal federal concedió protección cautelar a la archidiócesis de Chicago y a las congregaciones demandantes, impidiendo temporalmente que se les aplicaran las disposiciones impugnadas.
En ambos estados, las instituciones católicas sostienen que las autoridades no pueden exigirles colaborar en procedimientos que consideran contrarios a la dignidad de la vida humana como condición para continuar atendiendo a enfermos y personas vulnerables.
La demanda de Nueva York permanece abierta. La protección provisional obtenida por las religiosas no resuelve todavía el fondo del litigio, mientras el arzobispo Hicks y las instituciones sanitarias de la archidiócesis solicitan que el tribunal extienda a sus centros las mismas garantías.