El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos y las Hermanitas de los Pobres han demandado al estado de Illinois (Estados Unidos) para impedir que la nueva ley de suicidio asistido les obligue a colaborar en el proceso que conduce a la muerte de sus pacientes. La demanda llega a pocos días de que la norma entre en vigor, el próximo 12 de septiembre.
Al procedimiento se ha sumado Luke Vander Bleek, farmacéutico católico y propietario de Fitzgerald Pharmacy, en Morrison, Illinois. Los demandantes sostienen que la legislación los coloca ante la disyuntiva de actuar contra sus convicciones sobre la inviolabilidad de la vida humana o exponerse a multas y otras sanciones.
La demanda fue presentada el 3 de septiembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois con la representación de Becket, organización especializada en la defensa de la libertad religiosa.
«Illinois no puede pedirnos que les ayudemos a poner fin a sus vidas»
El conflicto no se limita a la posibilidad de que médicos católicos tengan que prescribir directamente las sustancias destinadas al suicidio.
Según la demanda, los profesionales sanitarios que se nieguen a participar por razones de conciencia deberán aun así informar a los pacientes sobre la posibilidad de recurrir al suicidio asistido, ayudarles a cumplir determinados requisitos para acceder a las sustancias letales y ponerlos en contacto con profesionales dispuestos a proporcionárselas.
En el caso de los farmacéuticos, Becket sostiene que deberán dispensar las sustancias destinadas al suicidio o derivar al paciente a otra farmacia que lo haga.
Las congregaciones religiosas consideran que esas actuaciones implican una cooperación incompatible con su misión de atender y acompañar al enfermo hasta su muerte natural.
«Nuestros residentes llegan a nosotros en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas», ha explicado la madre Mary Rose Heery, priora general de las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos.
La religiosa señala que su vocación consiste en mostrar a esas personas, mediante todo lo que hacen, «que sus vidas siguen siendo preciosas y que nunca serán abandonadas».
«Illinois no puede pedirnos que sustituyamos esa promesa por ayudarles a poner fin a sus vidas», afirma.
Las Hermanas Carmelitas atienden desde 1964 a ancianos en St. Patrick’s Residence, en Naperville, Illinois, donde ofrecen cuidados de larga duración, rehabilitación y atención paliativa.
Las Hermanitas de los Pobres desarrollan su apostolado con los ancianos en Illinois desde 1876. La madre Julie Marie, provincial de la congregación en Chicago, ha recordado que quienes acuden a sus casas buscan «un lugar donde ser queridos y cuidados hasta la muerte natural».
La demanda denuncia también restricciones para disuadir del suicidio
Los demandantes cuestionan asimismo las disposiciones de la ley que podrían afectar a lo que médicos, religiosas y cuidadores dicen a los pacientes que manifiesten su intención de recurrir al suicidio asistido.
Según Becket, la definición de «coacción» o «influencia indebida» contenida en la norma es suficientemente amplia como para que un cuidador pueda exponerse a consecuencias legales por intentar convencer a un enfermo de que no se quite la vida.
La organización pone como ejemplo que las religiosas o profesionales sanitarios pudieran decir a un paciente que su vida continúa teniendo valor o animarlo a rechazar el suicidio.
La demanda sostiene que obligar a instituciones y profesionales católicos a informar, derivar o facilitar el acceso al suicidio asistido, al mismo tiempo que se condiciona su capacidad para hablar en sentido contrario, vulnera las libertades religiosa y de expresión protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Cupich ha señalado que «el Evangelio nos llama a defender la dignidad y el valor inviolables de la persona humana, desde el primer momento de la vida hasta su fin natural».
«Como católicos, nos oponemos a los esfuerzos por socavar la dignidad humana empujando a nuestros hermanos y hermanas hacia el suicidio. Rezamos para que los tribunales protejan nuestra libertad para continuar defendiendo y cuidando a los enfermos y moribundos como exige nuestra fe», ha añadido el arzobispo de Chicago.
Mark Rienzi, presidente de Becket y abogado principal de los demandantes, sostiene que «el Estado debería dejar de intentar que unas monjas católicas ayuden a los pacientes a suicidarse».
A su juicio, los enfermos deben conservar la libertad de acudir a instituciones que les ofrezcan «curación, esperanza y acompañamiento» sin que el Gobierno obligue a introducir el suicidio asistido en esa relación.
Una ley a la que ya se opusieron los obispos de Illinois
La oposición católica a la legislación comenzó durante su tramitación en 2025. La denominada End-of-Life Options for Terminally Ill Patients Act permite a adultos con una enfermedad terminal y una esperanza de vida estimada inferior a seis meses solicitar medicamentos destinados a provocar su propia muerte.
Mons. Thomas Paprocki, obispo de Springfield, denunció tras la aprobación parlamentaria de la norma que «las fuerzas de la cultura de la muerte» habían conseguido sacar adelante el suicidio asistido y recordó que «quitarse la vida no es morir con dignidad».
Cupich también había rechazado el proyecto durante su tramitación: «No es compasivo ayudar a alguien a quitarse la vida», afirmó.
El gobernador demócrata J. B. Pritzker terminó firmando la ley el 12 de diciembre de 2025.
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León XIV pidió a Pritzker que vetara la ley
La aprobación de la norma provocó también la intervención de León XIV, nacido en Chicago.
El Pontífice explicó posteriormente que había abordado personalmente la cuestión con Pritzker durante la audiencia que mantuvieron en el Vaticano en noviembre de 2025, cuando el proyecto se encontraba pendiente de la decisión del gobernador.
«Hablé muy claramente con el gobernador Pritzker sobre este tema», explicó León XIV después de que la ley fuera firmada.
El Papa señaló que durante aquella conversación había insistido en «la necesidad de respetar la sacralidad de la vida, de principio a fin» y manifestó su decepción por la decisión final del gobernador.
Cupich participó también en aquel encuentro.
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Paprocki ya llevó la ley ante los tribunales
La demanda presentada ahora por las congregaciones religiosas tampoco es la primera batalla judicial contra las obligaciones impuestas por la nueva legislación.
En agosto, Mons. Paprocki se unió a cuatro médicos y al centro luterano Lutheran Care Center para demandar al estado de Illinois. Los demandantes sostuvieron que la legislación abandonaba cerca de dos milenios de práctica médica contraria a provocar intencionadamente la muerte del paciente y obligaba a participar en el procedimiento a profesionales que se oponen moralmente a él.
Illinois aceptó posteriormente no aplicar temporalmente determinadas disposiciones contra los demandantes mientras continúa aquel litigio. Esa protección, sin embargo, quedó limitada a las partes de ese procedimiento y no se extendió automáticamente al resto de instituciones y profesionales católicos del estado.
Por ello, las Hermanas Carmelitas, las Hermanitas de los Pobres, Vander Bleek y la Archidiócesis de Chicago buscan ahora su propia protección judicial antes de que la ley entre en vigor el 12 de septiembre.
El conflicto se ha reproducido también en otros estados. En Nueva York, varias congregaciones religiosas católicas y Mons. John Barres, obispo de Rockville Centre, acudieron a los tribunales contra obligaciones semejantes y obtuvieron una protección temporal mientras continúa el procedimiento.
Organizaciones defensoras de las personas con discapacidad también han impugnado legislaciones sobre suicidio asistido en varios estados al considerar que introducen riesgos específicos de discriminación contra enfermos y discapacitados.
La demanda presentada ahora en Illinois deberá determinar hasta dónde puede llegar el estado al aplicar una ley de suicidio asistido a instituciones, religiosas y profesionales sanitarios que rechazan por motivos religiosos cualquier cooperación con la muerte provocada de sus pacientes.