El martes, a las tres menos dos, la radio de los obispos, COPE, emitió su editorial de cada tarde. Ese día El Hierro, una isla de doce mil habitantes, llevaba unas once mil llegadas en diecisiete días, según contó la propia emisora a mediodía, y la asociación de vecinos de La Restinga había dimitido en bloque. El editorial no fue sobre El Hierro: fue sobre Ruanda. Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria habían anunciado el lunes en Viena un centro en ese país para quienes no tienen derecho a quedarse en Europa y cuyos países de origen no los aceptan de vuelta, y la radio lo despachó como «una decisión muy problemática que tiene difícil encaje en la legislación internacional». «Ruanda no es ni mucho menos un país seguro», sentenció, y advirtió de que todo el edificio normativo europeo «está en riesgo de derrumbarse ante un problema que es real, pero al que hay que encontrar soluciones adecuadas sin ceder al pánico» (de pánico, en La Restinga, saben algo más que en el estudio). Al final, para rematar, citó a León XIV. Pero solo la mitad.
Siguió el editorial con el derecho: la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión «prohíben la deportación de migrantes y refugiados a países como Ruanda». Ninguno de los tres textos nombra países. Prohíben devolver a alguien a donde corre peligro de persecución o de malos tratos, y si Ruanda es uno de esos sitios es precisamente lo que se discute (el Supremo británico dijo que sí en 2023, a propósito del plan de Londres). Según el canciller austriaco, el modelo se ha preparado con la Comisión, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR, que es la agencia encargada de velar por la Convención de Ginebra. Si el canciller dice la verdad, a ACNUR nadie le había pasado el editorial.
Luego vino la lección de historia. «La Convención de Ginebra surgió precisamente tras los grandes desplazamientos que se produjeron después de la Primera Guerra Mundial», explicó la casa, y añadió que «tras lo sucedido en Europa en la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los derechos humanos consagró el principio de no devolución». Las dos frases tienen un problema. La protección internacional de los refugiados nació, es verdad, en tiempos de la Sociedad de Naciones, pero la Convención de Ginebra es de 1951, posterior a la Segunda Guerra, y el principio de no devolución está en su artículo 33. La Declaración Universal de 1948 no lo recoge: reconoce el derecho a buscar asilo, que es otra cosa. Dos guerras mundiales y dos textos, y el editorial los cambió de sitio con el aplomo de quien pone la Pascua antes que la Cuaresma.
Del Reglamento Europeo de Retorno, aprobado este año con el voto en contra de España, dijo que «ya supuso un retroceso respecto a las conquistas que había generado la conciencia moral del viejo continente». Y encontró la causa del problema: «No olvidemos que la escasa natalidad y la necesidad de mano de obra en Europa son la principal causa del efecto llamada». No las mafias ni las regularizaciones: las cunas vacías de Europa. Es una tesis con consecuencias pastorales notables, porque convierte la pastoral familiar en política de fronteras (con más bautizos en España, se supone, saldrían menos cayucos de Senegal). Cuatro horas después, la misma radio emitió el pasaje del discurso de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, sobre la «natalidad desplomada». Nadie unió los puntos.
El final del editorial fue para el Papa. «Resuenan todavía las palabras de León XIV en el puerto de Arguineguín», dijo, y las hizo resonar así: «La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia». En Arguineguín, el 11 de junio, esa frase no terminaba ahí; seguía: «cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración». En el mismo discurso, León XIV dijo que «si bien existe un derecho a buscar refugio cuando la vida es amenazada, también existe el derecho a no tener que migrar», y habló de las «mafias que trafican con la desesperación». Resonaban, sí, pero con el ecualizador puesto: se oyeron los agudos y se perdieron los graves. Tampoco resonó el Catecismo, que en el número 2241 reconoce que las autoridades políticas, atendiendo al bien común, «pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas». El editorial se despidió con una concesión: «Hay que gestionar las migraciones, ciertamente, sin olvidar nuestra identidad como europeos». El ciertamente llegó al final, como la letra pequeña.
A las cuatro y diez, La Tarde viajó a la otra orilla. Pilar García Muñiz entrevistó durante diez minutos a Lucía Pérez, coordinadora de la Delegación Diocesana de Migraciones de Senegal, que contó un trabajo serio: acompañar a las familias de los muertos y de los desaparecidos, advertir a los jóvenes de los riesgos, formar para que haya algo que hacer en casa. Habló también de las «redes organizadas» que se lucran con los viajes, y la presentadora le preguntó si aconsejan a los jóvenes buscar una salida en su tierra. Pero la primera tesis de la entrevista fue otra, y pasó sin réplica: «la libertad de circulación al final es un derecho humano que se lleva vulnerando mucho tiempo», con el dato de que a más de la mitad de los senegaleses se les deniega el visado. La Declaración Universal reconoce el derecho a circular libremente dentro de un Estado y el de salir de cualquier país, incluso del propio. El de entrar en otro no figura. En la radio de los obispos, un visado denegado ya es una vulneración de derechos humanos.
En Arguineguín, León XIV pidió vías legales, cooperación contra los traficantes y respeto al derecho a no tener que migrar. Al editorial de la radio de los obispos, en dos minutos, solo le cupo lo primero.
«COPE, la radio de los obispos» es una sección diaria de InfoVaticana. Escuchamos atentamente la radio de nuestros obispos y les contamos lo que encontramos: publicidad, invitados, lenguaje, lo que se dice y lo que se calla. COPE pertenece en un 75% a Ábside Media, la empresa que la Conferencia Episcopal creó en 2020 con sus acciones y las de la mayoría de las diócesis. Además los jesuitas y agustinos forman parte del accionariado. De lo que suena en ella responden, cada uno a título personal, todos los obispos españoles. Lea también
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