El Tribunal de Primera Instancia de Armavir, en Armenia, archivó el 21 de octubre la causa civil sobre la destitución de Arman (Gevorg) Saroyan, antiguo obispo de Masyatsotn, y revocó las medidas cautelares dictadas el 16 de enero, cuyo presunto incumplimiento dio origen al procedimiento penal contra el catolicós Karekin II, primado de la Iglesia Apostólica Armenia, y otros seis prelados, según informa Korazym.
Saroyan había demandado a la Iglesia tras el decreto del 10 de enero de 2026 por el que Karekin II lo apartó de su cargo. Solicitaba la anulación de la decisión y su reposición, alegando falta de motivación y de garantías procesales. Por su parte, la Santa Sede de Etchmiadzin sostuvo que los tribunales civiles carecían de competencia para resolver el litigio, puesto que el nombramiento y la destitución de los responsables diocesanos se rigen por el derecho canónico interno de la Iglesia.
Según Korazym, el juez Edgar Hovhannisyan concluyó que no se había acreditado la existencia de una relación laboral entre Saroyan y la Iglesia. Ni los registros de pagos ni la documentación presentada demostraban que existiera un contrato de trabajo.
Por ello, el tribunal consideró que el asunto quedaba fuera de la jurisdicción civil y archivó la causa sin pronunciarse sobre si la destitución estaba justificada. La resolución puede recurrirse ante la Corte de Apelación Civil en el plazo de un mes desde su publicación.
Las medidas cautelares que originaron la causa penal
Las medidas cautelares dictadas el 16 de enero ordenaban a la jerarquía eclesiástica no obstaculizar el ejercicio de las funciones de Saroyan, incluida la gestión de las finanzas diocesanas, mientras se resolvía el litigio.
El presunto incumplimiento de aquella orden judicial constituye el fundamento de la causa penal abierta contra Karekin II y seis miembros del Consejo Espiritual Supremo: los arzobispos Nathan Hovhannisyan y Haigazun Najarian, y los obispos Moushegh Babayan, Hovnan Hakobyan, Makar Hakobyan y Vahan Hovhanessian.
A los siete se les acusa de obstaculizar el cumplimiento de una resolución judicial valiéndose de las prerrogativas de sus cargos eclesiásticos.
Tras la recusación del juez Hakob Manukyan, el procedimiento penal pasó de Armavir a Ereván, donde quedó a cargo del juez Vahagn Melikyan.
La defensa ha solicitado el sobreseimiento de la causa al considerar que los hechos no constituyen delito y que las decisiones relativas al nombramiento y la destitución de obispos corresponden a la autoridad eclesiástica.
La resolución de Armavir supone un nuevo elemento para esa petición, aunque el archivo del litigio civil no extingue automáticamente el procedimiento penal.
La próxima vista está prevista para el 30 de octubre, cuando el tribunal examinará las cuestiones previas planteadas por la defensa a la luz de la nueva decisión judicial.
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El abogado de Etchmiadzin, Ara Zohrabyan, afirmó, según Korazym, que la resolución confirma el carácter eclesiástico del conflicto y la falta de competencia de los tribunales civiles para intervenir en este tipo de decisiones.
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Iglesia
La causa contra Karekin II se desarrolla en medio del creciente enfrentamiento entre el Gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan y la Iglesia Apostólica Armenia.
En febrero, la Fiscalía presentó cargos contra el catolicós y le prohibió salir del país. En agosto, Karekin II compareció ante los tribunales junto a los seis prelados acusados, en un procedimiento que contempla posibles penas de hasta dos años de prisión.
Ese mismo mes, el Ejecutivo incluyó en su programa para el período 2026-2031 la destitución de Karekin II, el nombramiento de una autoridad eclesiástica interina y la posterior elección de un nuevo catolicós.
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Según Korazym, el 9 de octubre el Tribunal Constitucional declinó pronunciarse sobre el fondo de un recurso presentado por la oposición contra esas previsiones, al considerar que se trataba de declaraciones políticas sin efectos jurídicos propios.
La Asamblea Nacional también creó una comisión de investigación sobre la Iglesia Apostólica Armenia, sin la participación de la oposición, que ha cuestionado la legitimidad de esta iniciativa.