La propuesta del Sínodo para reformar el Código de Derecho Canónico ha recibido su primera crítica de fondo desde el propio campo canónico. El dominico Pius Pietrzyk, juez del tribunal eclesiástico del Arzobispado castrense de Estados Unidos, sostiene que el informe de la comisión que la Secretaría General del Sínodo encargó de traducir en normas el proceso sinodal separa la potestad de gobierno del orden sagrado y convertiría la Iglesia en «una comunidad protestante, pero con un Papa». El sacerdote neoyorquino Gerald Murray, también canonista, habla de «una ruptura radical con la doctrina católica». Ambos lo han dicho al vaticanista Edward Pentin en una información publicada este lunes 12 de octubre por el National Catholic Register.
El documento, titulado Informe final de la Comisión canónica, está fechado en el Vaticano el 22 de septiembre y lo difundió la Secretaría General del Sínodo a finales de ese mes. Lo coordinó el arzobispo Filippo Iannone, entonces prefecto del Dicasterio para los Textos Legislativos y hoy al frente del Dicasterio para los Obispos, y entre sus diez miembros figuran el cardenal jesuita Gianfranco Ghirlanda, la canonista neerlandesa Myriam Wijlens y el español José San José Prisco. Según el recuento del Register, propone modificar 34 cánones. El propio Sínodo lo presenta como un documento de trabajo, consultivo y no vinculante: ninguna de sus propuestas tendría efecto sin la aprobación del Papa y una promulgación formal.
Las críticas se dirigen a los cambios de mayor calado. El informe añade al canon 749, el que regula la infalibilidad del Romano Pontífice y del Colegio episcopal, un nuevo primer párrafo que recoge la enseñanza de la constitución Lumen gentium según la cual la totalidad de los fieles, ungidos por el Espíritu, no puede equivocarse cuando cree, y que manifiesta esa propiedad mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Propone también que el obispo pueda nombrar directamente jueces diocesanos tanto clérigos como laicos, sin la autorización de la Conferencia Episcopal que hoy exige el canon 1421, que los consejos pastorales sean obligatorios en todas las diócesis y parroquias y que determinadas decisiones del obispo requieran el consentimiento del consejo presbiteral.
Para Pietrzyk, vicario de administración de la provincia dominica de San José, el texto contiene «quizá dos ideas decentes»; el resto va, en sus palabras, desde «cambios cosméticos tontos» hasta «una traición al Concilio Vaticano II y a dos milenios de eclesiología». Califica de «revolucionaria» y contraria al Concilio la figura del juez laico, y critica a Ghirlanda por defender una visión extrema de la capacidad del Papa para delegar potestad. Recuerda además que el informe «no tiene autoridad legal» y lo despacha como «una extraña nota a pie de página en la historia de la Iglesia». Según el Register, la comisión no toca el canon 129, que reserva la potestad de régimen a quienes han recibido el orden sagrado y admite que los laicos cooperen en su ejercicio.
Murray, sacerdote de la archidiócesis de Nueva York, ve en el conjunto de las reformas un intento de extender la potestad de gobierno en la Iglesia a los católicos bautizados no ordenados, y lo considera un rechazo de la enseñanza de la Iglesia sobre el triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey.
El tercer canonista consultado por Pentin, David Long, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de América, es más matizado. Apoya que el sentido de la fe de los fieles tenga mayor reconocimiento jurídico, pero cree que su lugar es el canon 750, no el 749, y siempre bajo el magisterio: «El Concilio nunca lo trató como algo independiente del magisterio», afirma. No ve en los jueces laicos una ruptura doctrinal, porque el derecho vigente ya los admite, aunque pide aclarar el alcance de la autoridad de los laicos. Acoge bien los consejos pastorales obligatorios y el consentimiento del consejo presbiteral, pero advierte de que habrá que prever qué ocurre cuando no haya acuerdo.
La comisión, que trabajó sobre el Documento final aprobado por la asamblea sinodal en octubre de 2024, no se limita a los retoques inmediatos: plantea a largo plazo una revisión integral de los códigos latino y oriental. A finales de septiembre, el nuevo prefecto de Textos Legislativos, Anthony Randazzo, advirtió contra quienes ven en la sinodalidad una ocasión para desprenderse de elementos de la tradición de la Iglesia. Las críticas llegan mientras otro órgano de inspiración sinodal, el encuentro del Vaticano por los diez años de Amoris laetitia, cierra sus trabajos con un informe que el Papa ha pedido no publicar. Qué parte de las propuestas canónicas llega a ser ley dependerá también de León XIV.
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