Los informes entregados a León XIV plantean ampliar la participación de religiosos y laicos en las estructuras eclesiales y reformar las visitas ad limina: el Pueblo de Dios intervendría en la preparación del informe que los obispos envían a Roma, una delegación diocesana podría acompañarlos y una comisión independiente evaluaría periódicamente el proceso.
La Secretaría General del Sínodo ha publicado este martes 8 de septiembre dos informes que contienen propuestas concretas para modificar las relaciones entre los obispos, la vida consagrada y las agrupaciones eclesiales, así como el desarrollo de las visitas ad limina Apostolorum.
Los documentos corresponden al Grupo de Estudio número 6, dedicado a las relaciones entre obispos, vida consagrada y agrupaciones eclesiales, y al Grupo número 7, que estudia distintos aspectos de la figura y el ministerio del obispo. De este último se ha publicado ahora la segunda parte, dedicada específicamente a las visitas ad limina.
León XIV dispuso que los informes fueran publicados para dar a conocer el resultado de los trabajos. La Secretaría General del Sínodo ha dejado claro que «no se trata de decisiones ya tomadas»: los dicasterios competentes y la propia Secretaría deberán convertir las indicaciones en propuestas operativas que posteriormente serán sometidas al Pontífice.
«Igualdad de género» en los acuerdos entre diócesis y religiosos
Entre las propuestas más concretas del Grupo 6 se encuentra el establecimiento de contratos o memorandos de entendimiento vinculantes entre las diócesis y los institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica. El documento incluye asimismo mecanismos obligatorios de mediación y resolución de conflictos.
El informe reclama un modelo común para esos acuerdos y establece que cuestiones como el patrimonio y las remuneraciones sean pactadas «clara y justamente». A continuación, propone desarrollar «un mecanismo claro para implementar la igualdad de género en el lugar de trabajo» y establece que la resolución de las cuestiones relacionadas con esta materia esté sometida a plazos determinados.
También plantea hacer obligatorios los procedimientos para resolver conflictos mediante comités de conciliación, particularmente en cuestiones patrimoniales. Estos órganos contarían con representantes de los obispos y de la vida consagrada.
El Grupo propone además criterios comunes para discernir la aprobación de nuevos institutos y sociedades de vida apostólica, así como reforzar el acompañamiento de aquellas congregaciones que afrontan una disminución de vocaciones, cierres de comunidades, fusiones o problemas relacionados con sus bienes.
Más religiosos en los procesos de decisión
Las recomendaciones no se limitan a las relaciones contractuales. El informe plantea ampliar la participación de los consagrados en los procesos de decisión de las Iglesias locales.
Entre las propuestas recogidas figura que la vida consagrada esté presente en organismos consultivos y decisorios tanto diocesanos como nacionales y que tenga representación en las conferencias episcopales y otras estructuras eclesiales, prestando atención al «equilibrio de género».
El texto subraya expresamente que esa participación debe ser «real e influyente, no simbólica».
Asimismo, propone intensificar la colaboración entre las conferencias episcopales y las conferencias de superiores mayores mediante reuniones periódicas y, al menos, un encuentro anual entre obispos y superiores.
El Grupo plantea incluso que ambos organismos preparen conjuntamente las visitas ad limina, con la participación también de agentes pastorales, y que tras el regreso de los obispos se organice una asamblea pastoral.
Movimientos y nuevas comunidades en los planes pastorales
El informe dedica otro apartado a las asociaciones de fieles, movimientos eclesiales y nuevas comunidades, cuya presencia propone integrar de manera más sistemática en la estructura pastoral de las diócesis.
Entre las posibilidades recogidas aparecen los consejos pastorales diocesanos, consultas de asociaciones laicales, comisiones de movimientos y asociaciones y asambleas sinodales o diocesanas. El documento llega a recoger como «hipótesis innovadora» la creación de una conferencia paneclesial para obispos y dirigentes laicos.
El Grupo plantea igualmente programas de formación sobre liderazgo y procesos de decisión para los integrantes de estas agrupaciones, formación de los seminaristas sobre la vocación laical y formación específica para los propios obispos sobre las características de movimientos y nuevas comunidades.
El Pueblo de Dios participaría en el informe que los obispos envían a Roma
El segundo documento introduce propuestas de mayor alcance en el funcionamiento de las visitas ad limina, que periódicamente llevan a los obispos a Roma para encontrarse con el Papa y los responsables de los organismos de la Santa Sede.
El Grupo 7 propone que la preparación del informe sobre el estado de la diócesis que precede a la visita deje de recaer únicamente sobre el obispo y sus colaboradores más próximos.
El documento invita al obispo a convocar al Pueblo de Dios para que participe «de manera corresponsable», mediante un proceso de discernimiento eclesial, en su elaboración. Ese proceso debería involucrar a sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles laicos, especialmente a través del Consejo Presbiteral y del Consejo Pastoral Diocesano.
Los resultados serían posteriormente presentados a los obispos de la provincia eclesiástica o de la conferencia episcopal para realizar una valoración colegial antes del viaje a Roma.
De adoptarse la propuesta, por tanto, el documento remitido a la Santa Sede antes de una visita ad limina incorporaría un proceso previo de participación de distintos miembros de la Iglesia local.
Una delegación diocesana podría acompañar al obispo
Los cambios propuestos alcanzarían también a la propia estancia en Roma.
El Grupo considera «deseable» que una delegación de la diócesis acompañe al obispo durante la visita, dando prioridad a quienes hayan intervenido en su preparación. La Iglesia local sería la encargada de designar a los representantes y posteriormente se determinaría en cuáles de los encuentros podrían participar junto al obispo.
El informe contempla incluso mecanismos de financiación para evitar que las diócesis más alejadas de Roma o con menores recursos económicos tengan menos posibilidades de enviar representantes.
También propone que los obispos realicen la visita en grupos más pequeños y dispongan de más tiempo para los encuentros. El diálogo con la Santa Sede, señala el documento, debería desarrollarse como un «intercambio de dones» y ser «franco, cordial» y recíproco «en lugar de unidireccional».
En cuanto a la periodicidad, el Grupo propone que las visitas se realicen al menos cada ocho años, frente al plazo quinquenal establecido tradicionalmente.
Un informe específico sobre abusos
La reforma propuesta incluye también un mecanismo específico relacionado con los abusos.
El informe sostiene que la visita ad limina debería convertirse en la ocasión ordinaria para evaluar la actuación de cada Iglesia local en la protección de menores y adultos vulnerables.
Antes de viajar a Roma, los obispos deberían presentar un informe específico sobre esta cuestión, que tendría que ser examinado durante la visita también con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. El Grupo vincula expresamente este mecanismo con una comunicación «transparente, pública y eficaz».
Los obispos rendirían cuentas al regresar de Roma
La propuesta del Grupo 7 contempla además un seguimiento de lo ocurrido durante la visita.
Las instituciones de la Curia deberían preparar un informe y transmitirlo a las conferencias episcopales y a las estructuras jerárquicas orientales. Por su parte, cada obispo, junto con los fieles que eventualmente lo hubieran acompañado a Roma, tendría que informar a su Iglesia local sobre los resultados mediante uno o varios encuentros públicos.
Cuando quedaran cuestiones pendientes, podrían celebrarse reuniones telemáticas o incluso organizarse visitas in loco de representantes de la Curia.
El informe propone finalmente constituir periódicamente una comisión eclesiástica independiente encargada de evaluar todo el proceso de las visitas ad limina.
León XIV todavía deberá decidir
Las propuestas proceden de los grupos de estudio constituidos durante el pontificado de Francisco para profundizar en cuestiones surgidas durante el Sínodo sobre la sinodalidad. El Grupo 6 trabajó sobre la revisión de las relaciones entre los obispos, la vida consagrada y las agrupaciones eclesiales, mientras que al Grupo 7 se le encomendaron distintos aspectos relacionados con el ministerio episcopal.
El cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo, ha resumido el criterio que inspira ambos documentos afirmando que «no hay misión sin una conversión de las relaciones» y que entre el obispo, las comunidades religiosas, las Iglesias locales y el Obispo de Roma debe aplicarse una misma dinámica: «se escucha, se rinde cuentas, se intercambian dones».