El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello, ha reunido en una misma reflexión tres asuntos de plena actualidad —la vivienda, la situación de Ceuta y el aborto— para denunciar tres formas de «desahucio» y cuestionar la distinta manera en que se invocan la legalidad y el «derecho a decidir» según el debate del que se trate.
En un texto publicado este lunes 28 de septiembre por la Archidiócesis de Valladolid, bajo el título Tres tipos de «desahucios» están de actualidad: vivienda, Ceuta y vientre materno, Argüello habla expresamente de «invasiones» provocadas por intereses geopolíticos, define lo sucedido en Ceuta como un «éxodo-invasión-ocupación» y denuncia el aborto como un «desahucio del vientre materno» de consecuencias irreversibles.
El desahucio de una anciana y el problema de la vivienda
El arzobispo considera necesario alcanzar un acuerdo social que reconozca la gravedad del problema de la vivienda: escasez de oferta, inmuebles cerrados, casas vacías en la España rural, precios y alquileres elevados y habitaciones arrendadas en pisos donde incluso la cocina termina convertida en una estancia adicional.
Advierte, sin embargo, del peligro de que el consenso suscitado por casos concretos sea «emocional más que moral» y termine sometido a la «manipulación ideológica y el conflicto político y social sobre las causas y las posibles soluciones».
Argüello propone situar la vivienda dentro del «nuevo contrato social» al que se refirieron trabajadores y empresarios durante su encuentro con León XIV en la reciente visita del Papa a España.
Ceuta: «éxodo-invasión-ocupación»
El segundo «desahucio» conduce a Argüello hasta Ceuta. El presidente de la CEE afirma que «los ceutíes viven el desahucio de sus calles, plazas y de su normalidad», mientras algunos de los inmigrantes que han llegado a la ciudad han sido «desahuciados de sus países de origen» y otros han sido «desplazados por intereses geopolíticos».
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El arzobispo reconoce sin rodeos la reacción existente entre la población de la ciudad y en buena parte de España.
Los ceutíes, escribe, «desean un desahucio rápido y total de los que han entrado en la ciudad como “okupas”». Pero recuerda al mismo tiempo que existe «una crisis humanitaria —física, psicológica y moral— que afecta a todos, inmigrantes y ceutíes».
Argüello rechaza reducir la situación a una cuestión meramente migratoria y advierte de que la crisis de Ceuta está condicionando la percepción de los inmigrantes en el resto de España.
El presidente de los obispos reclama por ello «un acuerdo nacional para ayudar a los ceutíes y solucionar la crisis humanitaria», acompañado de un pacto de Estado y europeo que actúe también sobre las causas de los movimientos de población.
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Estados que utilizan los éxodos para «provocar invasiones»
La propuesta de Argüello incluye actuar en los países de origen, combatir las mafias, regular los flujos de inmigración y recibir a quienes llegan respetando una dignidad «que no se pierde al atravesar la frontera», incluso cuando posteriormente deban ser retornados a sus países.
El arzobispo introduce además explícitamente la dimensión geopolítica de la crisis y reclama hacer frente a los Estados «que utilizan los éxodos de personas para provocar invasiones por intereses geopolíticos con comportamientos mafiosos».
Al valorar las diferentes respuestas propuestas para Ceuta, utiliza una expresión todavía más significativa. Algunas posiciones, explica, pretenden expulsiones inmediatas incluso prescindiendo de la legalidad; otras «se niegan a ver que muchos ceutíes también son víctimas de la crisis humanitaria desencadenada por el éxodo-invasión-ocupación».
La expresión se suma a otras intervenciones episcopales que durante las últimas semanas han rechazado interpretar lo sucedido en Ceuta exclusivamente como un fenómeno de inmigración. Mons. Jesús Sanz Montes denunció la invasión y habló de una «calculada acechanza», aunque recordó igualmente que muchos de los jóvenes que llegaron a la ciudad «son igualmente víctimas».
Argüello introduce además una advertencia sobre la crisis demográfica europea: si continúa la actual situación de natalidad, afirma, «en pocos años Europa competirá por el inmigrante escaso».
El aborto, «desahucio del vientre materno»
El tercer desahucio señalado por el presidente de la CEE es «el del vientre materno provocado mediante el aborto», que, a diferencia de los anteriores, tiene «consecuencias irreversibles».
Argüello dirige aquí una crítica expresa al Gobierno por su campaña institucional sobre el aborto. El Ejecutivo, denuncia, lo presenta como un acto bueno por ser legal —«tienes derecho»— y autónomo —«decidas lo que decidas, estará bien»—.
Frente a este planteamiento, el arzobispo recuerda que la cuestión no afecta únicamente a la voluntad de la mujer embarazada.
«La ciencia demuestra que en el seno de una mujer embarazada hay un ser humano, un hijo, distinto de ella, sobre el que no puede decidir sin plantearse la moralidad de esa decisión», afirma.
Argüello reclama ayudas sociales, laborales y de vivienda y «pleno apoyo» para las mujeres embarazadas. Admite que pueden existir casos de «gran conflicto ético», pero rechaza que puedan resolverse apelando simplemente a un derecho reconocido por la legislación.
«Nunca podrá justificarse la solución en un derecho legal que niega al hijo la vida en cuya dignidad se fundamentan todos los derechos», sostiene.
La reflexión llega después de que el Gobierno lanzara una campaña institucional sobre el aborto bajo el mensaje «Decidas lo que decidas, estará bien», una iniciativa que ha suscitado críticas por presentar como moralmente indiferente una decisión que termina con la vida del hijo concebido.
Del «derecho a decidir» del propietario al de la embarazada
Es precisamente en el «derecho a decidir» donde Argüello encuentra el hilo que conecta los tres debates.
«Ante estos tres tipos de desahucios la argumentación ética varía de forma interesada», denuncia.
El arzobispo contrapone «la defensa a ultranza del derecho a decidir del propietario o de la embarazada, si la decisión es legal, sin tener en cuenta a quien sufre las consecuencias», con el rechazo a la libre decisión del propietario cuando, pese a ser legal y estar confirmada judicialmente, afecta a una persona que se considera especialmente vulnerable.
En Ceuta aparece una contradicción semejante. Mientras algunos reclaman una expulsión inmediata incluso prescindiendo de la legalidad, otras posiciones, según Argüello, ignoran que los habitantes de la ciudad también se han convertido en víctimas de la crisis.
«Los tres asuntos reclaman diálogo sereno y grandes acuerdos», sostiene.
El cuarto desahucio
De los tres casos, Argüello extrae finalmente un cuarto «desahucio», que sitúa en el propio debate público.
«La razón y la voluntad de acuerdo por la defensa de la dignidad humana y el bien común» parecen, lamenta, «haber sido expulsados de nuestra casa común».
La reflexión del presidente de la CEE sitúa así bajo una misma pregunta moral tres realidades muy diferentes: quién soporta las consecuencias cuando la decisión de otro se presenta como legítima por estar respaldada por la ley, ya se trate del propietario de una vivienda, de la gestión de la invasión de Ceuta o de la decisión de abortar.