El desalojo de Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio del Retiro con contrato de renta antigua, ha desatado una intensa movilización vecinal y una ofensiva política de primer orden. En el Arzobispado de Madrid, con el caso Fusara todavía abierto en los tribunales y dos centenares de familias inquilinas en los edificios que vendió su fundación, la polémica se sigue con evidente inquietud.
Un desalojo en camilla tras setenta y un años
María del Carmen Abascal fue desalojada el pasado miércoles 23 de septiembre del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que vivía desde 1956, cuando entró con apenas diecisiete años junto a sus padres. La comisión judicial ejecutó el lanzamiento al cuarto intento, el primero contra el que ya no cabía recurso. La Policía Nacional disolvió desde primera hora la acampada de unas cuatrocientas personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas frente al portal, y la anciana, que se desplaza en silla de ruedas, tuvo media hora para reunir sus pertenencias esenciales antes de ser trasladada en camilla a una ambulancia.
El conflicto arranca con el contrato que firmó su padre hace setenta años. A su muerte pasó a la madre y, cuando esta falleció en 2005, a Maricarmen, que conservó las mismas condiciones y una renta en torno a los 500 euros mensuales. En 2018 la finca fue adquirida por Renta Corporación, que le ofreció comprar la vivienda por unos 250.000 euros, una cifra inalcanzable para una pensionista. En 2020 la propiedad pasó a Urbagestión Desarrollo e Inversión, que reclamó una renta de 2.650 euros.
El nudo jurídico está en la disposición transitoria segunda de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que limita a dos años la segunda subrogación de los contratos anteriores a mayo de 1985, salvo que el hijo conviviente acredite una discapacidad igual o superior al 65%. Maricarmen tiene reconocido un 50%. Ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial y, en marzo, el Tribunal Supremo dieron la razón a la propiedad. Horas antes del desalojo, Urbagestión rechazó la oferta de una conocida escritora, que pidió mantener el anonimato, dispuesta a pagar de por vida la diferencia entre la renta antigua y la reclamada.
La ofensiva de la izquierda
La escena ha sido rápidamente convertida en bandera política. La eurodiputada Irene Montero se encaró con los agentes desplegados en el desalojo, y los manifestantes se desplazaron después hasta Chamberí al grito de «¡El ático de Ayuso para Maricarmen!», en alusión a la polémica compra de un ático por parte de una agencia pública de la Comunidad de Madrid.
El relato tiene, sin embargo, algunas aristas incómodas para quienes lo enarbolan. La norma aplicada por el Supremo es la ley de 1994, aprobada bajo el Gobierno de Felipe González, y la prórroga forzosa para los contratos nuevos la suprimió en 1985 el decreto de Miguel Boyer. El régimen protector que hoy se reivindica con tanto fervor procede de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en pleno franquismo. Resulta llamativo ver a una izquierda que ha hecho de la memoria histórica una seña de identidad defendiendo con nostalgia las rentas congeladas de Franco.
Más llamativo aún es que la protesta proceda de quien gobierna desde hace ocho años. La compra de edificios enteros con inquilinos veteranos por parte de sociedades inversoras, a la espera de que expiren los contratos para convertir cada vivienda en un activo especulativo, es un mal estructural que el legislador tiene a su alcance corregir. El Gobierno dispone del Boletín Oficial del Estado y de una mayoría parlamentaria con la que podría abordarlo.
El incómodo precedente de Fusara
La polémica llega en un momento especialmente delicado para la diócesis de Madrid, que arrastra su propio expediente inmobiliario con familias dentro. La Fundación Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), cuya presidencia corresponde al arzobispo de Madrid, administraba edificios del centro de la capital procedentes del legado de dos viudas que los destinaron a personas en situación de exclusión social.
En 2019, el anterior equipo gestor vendió catorce de esos inmuebles a la sociedad Tapiamar por un precio un 20% inferior al de tasación. La operación, junto con la posterior compra de un solar en Valdebebas con un presunto sobreprecio, se investiga en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, donde la propia fundación acusa a antiguos responsables y al despacho Chávarri de estafa, administración desleal y falsedad en documento mercantil, con un perjuicio estimado de 8,6 millones de euros. Unas doscientas familias viven en los edificios afectados.
Ya bajo el pontificado del cardenal José Cobo, en julio de 2025, Fusara alcanzó un acuerdo extrajudicial con Tapiamar que elevó el precio de trece de los catorce inmuebles de 64,3 a 99 millones de euros, con la devolución del edificio de la calle del Barquillo. A cambio, la fundación retiró las acciones penales y civiles contra la compradora. La jueza avaló el acuerdo en diciembre por no considerarlo lesivo para la fundación, levantó las medidas cautelares que impedían disponer de los inmuebles y rechazó la petición de un grupo de inquilinos de extender la querella al actual patronato. El mismo juzgado había denegado previamente investigar al cardenal Cobo.
Con las cautelares levantadas, los edificios quedaron libres para su reventa. Según informó el diario Público el pasado junio, la sociedad Hopewell adquirió los inmuebles a Tapiamar durante la primavera, y algunos vecinos ya han sido desalojados. Los inquilinos afectados llegaron a dirigirse por carta al papa León XIV para preguntarle cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo su estabilidad habitacional.
El temor a que prenda la mecha
El caso de Maricarmen ha demostrado la enorme capacidad de movilización del Sindicato de Inquilinas y el eco mediático que alcanza cualquier desalojo de una persona mayor en el centro de Madrid. En este contexto, cabe pensar que en el Arzobispado se tema que la mecha prenda y que las próximas concentraciones se dirijan a los portales de los edificios que Fusara vendió en 2019, cuyos inquilinos llevan años organizados y personados en la causa judicial.
Si eso ocurre, el debate público difícilmente se detendrá en la sociedad que hoy es propietaria de los inmuebles y volverá sobre la venta original y sobre las decisiones adoptadas después por la fundación que preside el arzobispo. Desde el entorno de la diócesis se sostiene que el presunto fraude corresponde a la etapa anterior y que el acuerdo con Tapiamar permitió recuperar 34,7 millones de euros y garantizar la viabilidad económica de la fundación.
Esa defensa puede resultar suficiente en sede judicial, pero el debate social ha dejado atrás las sutilezas jurídicas para instalarse en una pregunta de fondo mucho más incómoda: si es moralmente aceptable tratar la vivienda como un bien especulativo y si la Iglesia puede tomar parte en operaciones que desligan de su fin social unos edificios habitados por familias y ancianos para acabar en manos de fondos buitre. Para una institución cuya doctrina social subraya el destino universal de los bienes y la primacía de la persona sobre el beneficio, es una pregunta que la opinión pública, y también muchos fieles, empiezan a formular en voz alta.