León XIV aterriza el miércoles 11 en Perú con un encuentro con víctimas de abusos en la agenda y, según todos los indicios, con la lista de asistentes cerrada en torno a un solo expediente, el del Sodalicio de Vida Cristiana. La Santa Sede anunció a finales de octubre que durante el viaje habría encuentros con personas que sufrieron abusos de miembros del clero y de la Iglesia, sin precisar quiénes ni dónde. Lo que sí consta es quién lo ha gestionado y para quién. Y lo que no figura en ninguna convocatoria conocida es el resto de las víctimas peruanas, empezando por las de la diócesis que el propio Papa gobernó.
El comisario pontificio Jordi Bertomeu lo ha explicado por escrito en una carta a las víctimas del Sodalicio: en cuanto se confirmó el viaje, inició las gestiones para que el Papa se reuniera con ellas, «por la magnitud de la tragedia sufrida por vosotros» y porque, a su juicio, el caso sienta un precedente. Religión Digital ha informado de que en Perú está previsto un encuentro con supervivientes del Sodalicio y lo sitúa en Lima. José Enrique Escardó, el primer denunciante del grupo, asegura en cambio que la reunión será el sábado 14 en Chiclayo, que lo supo por una periodista extranjera y que el nuncio, Paolo Rocco Gualtieri, y el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, le han dejado fuera en una selección de asistentes pensada para apartar a los críticos. Ni la Santa Sede ni la Nunciatura han confirmado lugar, fecha ni composición.
Nadie discute el derecho de esas víctimas a estar en la sala. Llevan años sosteniendo sus denuncias; a finales de octubre, dos grupos de 33 y de 75 supervivientes pidieron públicamente ser recibidos, y el segundo advirtió de que la supresión del Sodalicio no puede quedarse en un trámite mientras su estructura económica sigue en pie. Según las propias víctimas, Bertomeu escuchó en mayo a más de 250 personas. A ese expediente pertenecen también los comuneros de Catacaos, en Piura, ante quienes el comisario y los cardenales Carlos Castillo y Pedro Barreto se arrodillaron ese mismo mes para pedir perdón, con la admisión de que la Iglesia tendría que haber llegado veinte años antes. La cuestión no es esa sala. Es la otra lista: la de las víctimas que no tienen a nadie que les gestione el acceso al Papa, como Bertomeu dice haber hecho con las del Sodalicio.
Esa lista empieza en Chiclayo. Ana María Quispe y otras dos víctimas denunciaron ante el entonces obispo, Robert Prevost, los abusos que dicen haber sufrido de niñas a manos de dos sacerdotes de la diócesis, Eleuterio Vásquez González, el padre Lute, y Ricardo Yesquén Paiva. Según la diócesis, Prevost remitió a Roma el expediente de la investigación previa el 21 de julio de 2022. El capuchino Giampiero Gambaro, delegado después para la causa de Lute, reconoció ante las hermanas que aquella primera instrucción había sido gravemente deficiente. El 13 de noviembre de 2025 les comunicaron por escrito que el Papa había concedido a Lute, a petición del propio sacerdote, la dispensa del estado clerical, lo que cierra la vía del proceso canónico. Yesquén murió en julio en Ferreñafe sin haber sido juzgado. Ana María Quispe, que sostiene que hubo más víctimas, pidió tras la dispensa una audiencia personal con el Papa. No consta que ninguna de las tres haya sido convocada.
El sábado 14, después de presidir en la catedral de Chiclayo la coronación de la Inmaculada, el Papa volará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en la sierra de Cajamarca, para celebrar misa. Santa Cruz pertenece a la diócesis de Chiclayo y Prevost la visitaba como obispo en las fiestas del Señor del Costado. Es también la provincia en la que, según declaró en diciembre de 2023 monseñor Guillermo Cornejo, entonces al frente de la diócesis, se encontraba Lute desde hacía un año. Cornejo añadió que el sacerdote había reconocido los hechos denunciados. Ante un periodista que afirmaba que Lute había celebrado misa quince días antes, respondió que se había comunicado con él para conminarle a no hacerlo, y resumió la posición diocesana con una fórmula: les preocupaban las víctimas y acompañaban también a los sacerdotes, porque «somos pastores de todos». Si Escardó está en lo cierto, ese mismo sábado es el día del encuentro con las víctimas del Sodalicio.
Huacho es el caso más reciente. Antonio Santarsiero Rosa, obispo de esa diócesis desde 2004 y secretario general de la Conferencia Episcopal, fue denunciado el 26 de marzo de 2026 mediante una carta notarial entregada en mano en la Nunciatura de Lima por presuntos abusos sexuales a un seminarista cuando este era adolescente; un sacerdote que fue su secretario le acusa además de conducta sexual explícita, manipulación psicológica y represalias. Santarsiero ha negado rotundamente las acusaciones. Dejó la secretaría general de la Conferencia Episcopal el 9 de abril; ese mismo mes, los denunciantes no habían recibido de la Iglesia ni el acuse de recibo de su denuncia. El 15 de julio, algo más de un mes después de que cumpliera 75 años, el Papa aceptó su renuncia sin explicar los motivos.
En la sierra de La Libertad, el asunto salió a la luz en 2020, cuando La República publicó acusaciones contra sacerdotes de Trujillo y de la prelatura de Huamachuco. Uno de ellos, Manuel Mendoza Ruiz, fue denunciado en 2015 por tocamientos a un adolescente de quince años al regreso de un retiro en Chimbote; fue suspendido en 2016, la madre del menor presentó una denuncia penal en mayo de 2017 y las restricciones sobre su ministerio se modificaron después. En un vídeo grabado durante un retiro sacerdotal de 2016, el entonces obispo de Huamachuco, Sebastián Ramis, explicaba a esa madre qué había hecho con su denuncia: «Pam, pam, lo rompí». Ramis alegó que ella le había dicho que no quería seguir adelante. Ella terminó acudiendo a la Fiscalía.
En el altiplano de Puno, la prelatura de Juli perdió a su obispo en septiembre de 2025. Ciro Quispe López, sin relación alguna con la víctima de Chiclayo, estaba sometido desde julio de 2024 a una visita apostólica por acusaciones de relaciones con al menos una decena de mujeres, entre ellas religiosas y novicias, y de desvío de fondos. Él las atribuyó a una campaña de difamación. La Santa Sede aceptó su renuncia el 24 de septiembre sin dar detalles sobre el resultado de la visita. No se trata de abusos a menores, sino de denuncias de abuso de poder sobre mujeres adultas, varias de ellas bajo su autoridad.
El 5 de noviembre, en Lima, la organización estadounidense BishopAccountability presentó una base de datos con 77 sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos consagrados acusados públicamente de abusar sexualmente de menores en Perú. Nueve han sido condenados por tribunales peruanos y uno en Estados Unidos. Figuran en ella el exobispo Santarsiero, Lute, Yesquén y Mendoza Ruiz. La organización advierte que su registro es una fracción pequeña del total y recuerda que, cuando en 2019 se pidieron esos datos a la Conferencia Episcopal, un representante respondió que «el número de casos ha sido mínimo» y señaló el del Sodalicio como el más difundido.
Comparar a unas víctimas con otras sería indecente, la desproporción está en la respuesta institucional. Las del Sodalicio han tenido un comisario, una misión de escucha, un decreto de supresión y un acto de perdón con dos cardenales de rodillas. Las víctimas de Chiclayo, una dispensa que cierra el caso sin juicio. Los denunciantes de Huacho, una renuncia sin explicaciones. Las mujeres de Juli, otra renuncia sin detalles. La madre de Huamachuco, una denuncia rota. El lema de la etapa peruana del viaje es «Abramos el corazón». Lo que el viaje no ha aclarado es quién decide cuántos caben en la sala.
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