Ha fallecido en Ferreñafe, Perú, el sacerdote Ricardo Yesquén Paiva, de 59 años, uno de los dos clérigos de la Diócesis de Chiclayo denunciados por abusos a menores en el caso que acompaña a Robert Prevost, hoy Papa León XIV, desde su etapa como obispo de esa diócesis. Yesquén muere sin que en los seis años transcurridos desde la primera denuncia, presentada ante el propio Prevost en 2020, se haya abierto contra él investigación alguna, canónica o civil.
La noticia de su fallecimiento fue difundida este martes por medios locales de Ferreñafe, localidad en cuya parroquia de Santa Lucía figuraba como vicario parroquial según los registros diocesanos. La Diócesis de Chiclayo no ha emitido por el momento comunicado oficial.
Una denuncia que nunca se investigó
Según la documentación del caso a la que ha tenido acceso InfoVaticana, los hechos atribuidos a Yesquén se remontan a 2006, cuando el sacerdote, entonces de 39 años, habría impuesto besos de carácter libidinoso a una menor de 10 años en la casa parroquial de La Victoria (Chiclayo), en episodios que se habrían repetido durante al menos un año. La denunciante es Ana María Quispe, que años más tarde hizo pública su historia al comprobar que sus denuncias ante la Iglesia no producían efecto alguno.
En esa misma casa parroquial convivía con Yesquén el sacerdote Eleuterio Vásquez Gonzales, el conocido «padre Lute», denunciado por las mismas víctimas por hechos de una gravedad extrema: los testimonios describen traslados de niñas de 9 y 11 años, bajo el pretexto de supuestas actividades misioneras, a una estancia aislada en la sierra de Ferreñafe, a seis horas de sus casas, donde el sacerdote pernoctaba a solas con ellas en una única cama y realizaba frotamientos de carácter sexual. Según reconoció públicamente el entonces administrador apostólico Guillermo Cornejo, Vásquez llegó a admitir los hechos.
La primera notitia criminis sobre Yesquén llegó al entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, en marzo de 2020, mediante una llamada telefónica de la víctima. El canon 1717 del Código de Derecho Canónico obliga al Ordinario a abrir de oficio una investigación previa ante cualquier noticia verosímil de delito. La respuesta que la denunciante relata haber recibido fue el emplazamiento a acudir a la vía civil, que en el Perú se encontraba prescrita desde hacía años. En sede canónica, en cambio, el delito no había prescrito: el plazo es de veinte años contados desde la mayoría de edad de la víctima, y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe puede además dispensarlo. Ninguna investigación se abrió.
En abril de 2022, las tres denunciantes fueron recibidas por Prevost en el obispado. Sobre Yesquén, según su testimonio, el obispo les trasladó que el sacerdote se encontraba «con depresión» y apartado de sus funciones, por lo que no procedía actuación alguna. Los registros públicos ofrecen otra imagen: en junio de 2020, cinco meses después de la primera denuncia, Yesquén portaba la custodia con el Santísimo en procesión pública por Chiclayo; las publicaciones oficiales de la diócesis lo mantienen como vicario parroquial de Santa Lucía de Ferreñafe al menos hasta enero de 2023; y consta su presencia en la Misa Crismal de 2023, según reconoció un sacerdote diocesano en conversación grabada.
Contra Yesquén no se dictó nunca medida cautelar alguna. Contra Vásquez, el decreto de Prevost de abril de 2022 sí impuso medidas, pero su contenido, leído íntegramente por el instructor del caso ante las víctimas y desvelado por este medio, se limitó a dos restricciones: el cese en su oficio de párroco de Ciudad Eten y la prohibición de confesar. No se le suspendió del ministerio público, y de hecho consta gráficamente que siguió celebrando misa, incluso concelebrando junto al obispo en la catedral.
Existen asimismo fotografías difundidas en redes sociales, fechadas el 12 de enero de 2023, en las que el entonces obispo Prevost aparece en una celebración de cumpleaños junto a Yesquén, vestido de clérigo, y otros sacerdotes de la diócesis: casi tres años después de la primera denuncia y nueve meses después de la segunda.
Una incapacidad alegada y nunca acreditada
Cuando el caso trascendió a los medios peruanos a finales de 2023, la diócesis explicó que Yesquén se encontraba «delicado de salud», en una casa de reposo, y que no se formularían cargos contra él. En septiembre de 2024, un comunicado oficial precisó que el sacerdote padecía una «enfermedad grave degenerativa» que le impedía defenderse, «por lo que no puede abrirse una causa contra él», y añadió que «desde hace años no ejerce el ministerio sacerdotal», afirmación que contrasta con los registros diocesanos de 2023 antes citados.
Esa incapacidad nunca fue acreditada ante las víctimas mediante peritaje médico independiente, como prevén los cánones 1574 y 1577. En octubre de 2025, las denunciantes solicitaron formalmente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe la incorporación al expediente de la documentación clínica de Yesquén: un parte médico de 2020 que acreditase la incapacidad alegada y otro actualizado que determinase su situación. La petición no ha obtenido respuesta.
Las víctimas no aceptan el cierre en falso del caso
La muerte de Yesquén extingue la posibilidad de un proceso contra su persona, pero no zanja el caso. Las víctimas sostienen que ni este desenlace ni la salida dada al expediente de Vásquez —cerrado en 2025 sin juicio ni sentencia sobre el fondo mediante la dispensa del estado clerical solicitada por el propio sacerdote y firmada por León XIV, pese a la petición expresa de las denunciantes de que la causa llegara a su conclusión— constituyen cierres conformes a derecho, y que subsiste íntegra la responsabilidad por el modo en que ambos expedientes fueron gestionados: la omisión del deber de investigar que el canon 1717 impone al Ordinario, la insuficiencia de las medidas cautelares, la derivación reiterada a una vía civil prescrita y la negativa de acceso a la documentación que se mantiene desde 2022. La normativa pontificia vigente —de Vos estis lux mundi a Come una madre amorevole— contempla la negligencia de las autoridades eclesiásticas ante denuncias de abusos como conducta en sí misma sancionable.
No se trata solo de la valoración de las denunciantes. El propio delegado instructor del caso, Giampiero Gambaro, calificó ante las víctimas la investigación previa instruida bajo Prevost como «una tomadura de pelo», «muy mal hecha», con «muchos errores» y «mucha superficialidad».
A la fecha, las víctimas mantienen constantes actuaciones legales, en sede canónica y civil, para lograr que el caso prosiga y se haga justicia: solicitudes de acceso al expediente, peticiones de práctica de diligencias nunca realizadas y escritos elevados a distintas instancias de la Santa Sede. La respuesta, desde hace meses, es un silencio sepulcral por parte de las distintas instituciones interpeladas.
La tesis de la «conspiración» que no se sostiene
Desde que el caso alcanzó relevancia internacional con la elección de León XIV, se ha intentado presentarlo como el fruto de una operación del Sodalicio de Vida Cristiana o de sectores «ultraconservadores» contra el Papa. Es la tesis recogida en la biografía autorizada del Pontífice firmada por Elise Ann Allen y replicada por medios como El País o Religión Digital, que han preferido centrar el foco en los supuestos intereses de quienes informan del caso antes que en los hechos documentados del expediente.
Esa versión no resiste el contraste con lo acreditado: las denuncias de 2020 y 2022 son muy anteriores a cualquier contexto de cónclave; los hechos y las omisiones están documentados en registros oficiales, comunicados diocesanos y grabaciones de los propios responsables eclesiásticos del expediente; y la negligencia de la instrucción ha sido reconocida por el instructor designado por la actual diócesis. Las víctimas, que ya expusieron su situación por carta al Papa Francisco en octubre de 2024, no forman parte de conspiración alguna: reclaman, por los cauces legales de la propia Iglesia, lo que llevan pidiendo desde el primer día —verdad, una investigación real y acceso a su propio expediente—, y el caso debería avanzar por esa vía.
El pasado mes de marzo, Vásquez reapareció públicamente en una celebración parroquial en Chiclayo acompañado del sacerdote Edward Tocto, canonista que ejerció como su abogado defensor en el proceso, actual vicario judicial adjunto de la diócesis y persona de conocida cercanía personal con Robert Prevost desde sus años en Chiclayo.
Con la muerte de Yesquén, ninguno de los dos sacerdotes denunciados habrá comparecido jamás ante un tribunal, canónico o civil. Las cuestiones que las víctimas mantienen abiertas ante la Santa Sede siguen, todas, pendientes de respuesta.