El Dicasterio para los Textos Legislativos habría intentado en varias ocasiones colaborar con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe para resolver las contradicciones jurídicas surgidas tras el decreto de excomunión contra la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), publicado el pasado 2 de julio. Sin embargo, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe, no parece dispuesto a aceptar esa colaboración, según ha informado el periodista Guido Horst en el diario católico alemán Die Tagespost.
En un artículo publicado el 30 de octubre, Horst sostiene que, casi cuatro meses después de la promulgación del decreto y de su nota explicativa, siguen sin resolverse importantes problemas canónicos que afectan tanto a los sacerdotes de la Fraternidad como a los fieles que reciben sus sacramentos.
Según la información recabada por el periodista alemán, se han producido «varios intentos por parte del Dicasterio para los Textos Legislativos de encontrar una solución a las ambigüedades junto con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe». No obstante, añade que Fernández no parece dispuesto a cooperar, una situación que podría terminar requiriendo la intervención de León XIV.
Un decreto cuyas consecuencias canónicas siguen sin aclararse
El 2 de julio, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó un decreto de excomunión después de que la FSSPX celebrara nuevas consagraciones episcopales sin mandato pontificio.
El documento declaró que el obispo Alfonso de Galarreta, los cuatro sacerdotes consagrados obispos y el obispo Bernard Fellay, que participó como coconsagrante, habían incurrido en excomunión latae sententiae, es decir, una pena producida automáticamente por la comisión del delito previsto en el derecho canónico.
La controversia jurídica no se centra principalmente en esa declaración, sino en las consecuencias que el Dicasterio extrajo para el conjunto de la Fraternidad y para los fieles vinculados a ella.
En una nota explicativa publicada el mismo día, Doctrina de la Fe afirmó que los ministros sagrados de la FSSPX debían considerarse cismáticos y sujetos a excomunión. Respecto a los laicos, estableció que incurrirían en esa pena quienes se adhirieran formalmente al cisma.
La formulación dejó abierta una cuestión especialmente delicada: determinar qué constituye exactamente una adhesión formal y si la simple asistencia a una Misa celebrada por sacerdotes de la Fraternidad puede tener consecuencias canónicas.
Como se informó tras la publicación del decreto, el documento introdujo una de las medidas disciplinarias más severas adoptadas por Roma contra la FSSPX en las últimas décadas.
Las confesiones y los matrimonios, el principal problema jurídico
La dificultad más significativa se encuentra en el apartado de la nota explicativa que declara inválidas las confesiones administradas por sacerdotes de la FSSPX y los matrimonios en los que estos actúan como testigos cualificados.
Esta afirmación entra en conflicto aparente con las facultades concedidas por el papa Francisco durante su pontificado.
En 2015, con motivo del Jubileo de la Misericordia, Francisco autorizó a los fieles que acudían a los sacerdotes de la Fraternidad a recibir válida y lícitamente la absolución sacramental. Posteriormente, mediante la carta apostólica Misericordia et misera, de noviembre de 2016, prorrogó aquella facultad más allá del Año Santo, hasta nueva disposición.
En marzo de 2017, el Pontífice aprobó además una carta de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei que autorizaba a los obispos diocesanos a conceder las facultades necesarias para la celebración de matrimonios de fieles vinculados a la FSSPX, bajo determinadas condiciones.
La nota de Fernández del 2 de julio de 2026 no explica expresamente si esas concesiones pontificias han quedado revocadas ni mediante qué acto jurídico se habría producido tal revocación.
Precisamente ahí se sitúa una de las principales objeciones de los canonistas: una disposición aprobada personalmente por el Romano Pontífice no puede considerarse anulada sin que exista fundamento jurídico suficiente para ello.
Según recoge Horst, el Dicasterio para los Textos Legislativos ya habría intervenido para aclarar a una representación pontificia que de la nota de Doctrina de la Fe no se desprende que el Papa hubiera aprobado expresamente la derogación de las disposiciones matrimoniales de 2017.
Arrieta ya había advertido de las contradicciones
Las dificultades jurídicas del decreto fueron señaladas públicamente por el arzobispo español Juan Ignacio Arrieta, antiguo secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos.
En una entrevista publicada en julio, monseñor Arrieta explicó que las confesiones administradas por sacerdotes de la FSSPX seguirían siendo válidas mientras el Papa no revocara expresamente las facultades concedidas por Francisco.
El canonista distinguió esta situación de la de los matrimonios, cuya validez depende de que exista la delegación necesaria del ordinario competente. Por ello, los matrimonios celebrados sin esa facultad podrían ser nulos por defecto de forma, mientras que aquellos celebrados conforme a las disposiciones pontificias de 2017 plantean una situación jurídica diferente.
Arrieta también precisó que la asistencia a una Misa de la FSSPX no implica automáticamente adhesión formal al cisma. Para incurrir en la correspondiente sanción canónica deben concurrir las condiciones exigidas por el derecho, entre ellas la voluntad de adherirse a una posición cismática y su manifestación externa.
Sus observaciones no cuestionaban la gravedad de las consagraciones episcopales realizadas sin mandato pontificio, que calificó como una profunda herida a la unidad de la Iglesia, sino la necesidad de aplicar correctamente las normas canónicas y distinguir las situaciones de los ministros y los fieles.
Cuatro meses después, el problema sigue sin resolverse
La información publicada por Die Tagespost apunta ahora a que las dificultades no se limitan a las observaciones de canonistas externos, sino que habrían motivado gestiones dentro de la propia Curia romana.
Según Horst, el Dicasterio para los Textos Legislativos ha tratado de trabajar con Doctrina de la Fe para subsanar las ambigüedades, pero no habría encontrado disposición suficiente por parte del cardenal Fernández.
Por el momento, no consta una rectificación pública del decreto ni de la nota explicativa del 2 de julio. Tampoco se ha anunciado oficialmente una decisión de León XIV que resuelva las dudas sobre la vigencia de las facultades sacramentales anteriormente concedidas por Francisco.
La cuestión resulta especialmente relevante porque no afecta únicamente a la situación disciplinaria de la FSSPX, sino también a la seguridad jurídica de los fieles que han recibido los sacramentos conforme a disposiciones pontificias anteriores.
Mientras Roma no aclare expresamente el alcance de esas concesiones y su relación con la declaración de julio, permanecerá abierta la controversia sobre la validez de determinados actos sacramentales y sobre las consecuencias canónicas para quienes frecuentan las celebraciones de la Fraternidad.