Las confesiones administradas por sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X seguirían siendo válidas mientras el Papa no revoque expresamente las facultades concedidas por Francisco, mientras que los matrimonios celebrados sin delegación del obispo serían nulos por defecto de forma.
Así lo ha explicado el arzobispo Juan Ignacio Arrieta, canonista y antiguo secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos, en una entrevista exclusiva con AdVaticanum sobre las consecuencias del decreto promulgado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe tras las consagraciones episcopales celebradas por la FSSPX sin mandato pontificio el pasado 1 de julio.
Arrieta no rebaja la gravedad de lo ocurrido. Califica las consagraciones como «una profunda herida a la unidad de la Iglesia instituida por Cristo» y rechaza el «estado de necesidad» invocado por la Fraternidad para justificar la ordenación de obispos en abierta desobediencia al Papa.
A su juicio, el problema no se limita a una infracción disciplinar. Las nuevas consagraciones revelan una divergencia más profunda sobre la constitución misma de la Iglesia y hacen «altamente problemático» cualquier futuro diálogo doctrinal.
El decreto declara una excomunión ya producida
Arrieta explica que el decreto de Doctrina de la Fe no impuso una pena nueva, sino que declaró públicamente una excomunión automática ya prevista por el derecho canónico.
«El decreto ahora emitido representa lo que suele llamarse un “acto debido”», señaló. El Dicasterio estaba obligado a hacer constar que los obispos implicados habían incurrido latae sententiae en la excomunión reservada a la Santa Sede.
La sanción alcanzó también al obispo coconsagrante. Según Arrieta, no existía en este caso ninguna duda sobre la libertad con la que actuaron los implicados, a diferencia de otras ordenaciones ilícitas en las que pudo haber presiones externas.
El decreto incluyó además una advertencia expresa a sacerdotes y fieles para que no se adhieran al cisma.
No todos los fieles quedan automáticamente excomulgados
La situación de los fieles que acuden a capillas de la FSSPX no puede resolverse de manera automática.
Arrieta distingue entre quienes aceptan conscientemente una posición cismática y la manifiestan externamente, y aquellos que llevan años vinculados a esas comunidades por tradición familiar, desconocimiento o buena fe.
Para que exista una adhesión formal al cisma no basta con asistir ocasionalmente a una Misa. Debe existir una aceptación interior de la ruptura con Roma y una conducta externa que la haga visible.
El canonista admite que algunos fieles podrían no incurrir en sanción por falta de culpabilidad grave. Advierte, sin embargo, de que la buena fe no puede utilizarse como excusa general y que la conciencia debe formarse conforme a la enseñanza y a la autoridad de la Iglesia.
Las confesiones seguirían siendo válidas
La cuestión más relevante para los fieles afecta a la validez de los sacramentos.
En el caso de la confesión, el sacerdote necesita una facultad específica para absolver válidamente. El papa Francisco concedió esa facultad a los sacerdotes de la FSSPX durante el Jubileo de la Misericordia y posteriormente decidió mantenerla sin fijar un plazo.
Arrieta sostiene que, al tratarse de una concesión realizada directamente por el Papa, solo otro acto pontificio puede retirarla.
«Estos sacerdotes recibieron la facultad para oír confesiones mediante un acto pontificio, y para revocarla se requiere un acto de la misma naturaleza», afirmó.
Por tanto, mientras no exista una decisión expresa del Romano Pontífice, las absoluciones impartidas por sacerdotes de la Fraternidad seguirían siendo válidas, aunque su ministerio continúe siendo ilícito.
AdVaticanum preguntó al Dicasterio para la Doctrina de la Fe si se había promulgado algún acto papal que revocara esas facultades. La respuesta fue únicamente: «Sin comentarios».
Los matrimonios podrían ser nulos
La situación de los matrimonios es distinta.
En 2017, Francisco permitió que los obispos diocesanos delegaran en sacerdotes de la FSSPX la facultad necesaria para asistir válidamente a matrimonios. No se trataba de una concesión universal a todos los sacerdotes de la Fraternidad, sino de una autorización dependiente del ordinario del lugar.
Tras las nuevas consagraciones episcopales y la declaración de cisma, Arrieta considera «improbable» que un obispo pueda conceder legítimamente esa delegación.
En ausencia de ella, los matrimonios celebrados únicamente ante un sacerdote de la FSSPX serían canónicamente nulos por defecto de forma.
La diferencia es, por tanto, clara: las facultades para confesar proceden directamente de un acto pontificio todavía no revocado; las necesarias para asistir a un matrimonio dependen de una delegación episcopal concreta.
El recurso de la FSSPX tiene pocas posibilidades
La Fraternidad ha presentado un recurso preliminar contra el decreto del 2 de julio. Sin embargo, una fuente próxima al Dicasterio citada por AdVaticanum considera improbable que prospere.
La razón es que la excomunión no fue impuesta discrecionalmente por Roma, sino que se produjo automáticamente con la comisión del delito. El decreto se limitó a declararla públicamente.
El punto de partida necesario para levantar una pena de esta naturaleza sería el arrepentimiento de quienes realizaron las consagraciones episcopales sin mandato pontificio.