El Gobierno de Andorra ha aprobado un proyecto de ley para eliminar las penas contra las mujeres que aborten, después de años de conversaciones con la Santa Sede. La reforma, presentada el miércoles 28 de octubre, mantiene las sanciones contra los profesionales sanitarios que practiquen abortos, pero supone una modificación significativa de la legislación de uno de los últimos países europeos que conservan una prohibición general de esta práctica.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Xavier Espot, modifica el artículo 117 del Código Penal para establecer que la mujer que consienta, solicite o colabore en su propio aborto «no será punible». El proyecto deberá ser aprobado por el Consell General, el Parlamento andorrano, antes de entrar en vigor.
La decisión llega después de varios aplazamientos y contactos con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en un proceso marcado por la búsqueda de una fórmula que permita modificar la legislación sobre el aborto sin comprometer la continuidad del Coprincipado, institución en la que el obispo de Urgel comparte la jefatura del Estado con el presidente de Francia.
Las mujeres dejarán de ser castigadas, pero el aborto seguirá siendo delito para quienes lo practiquen
El ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades, Ladislau Baró, presentó la reforma tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
Según el comunicado oficial del Gobierno andorrano, la modificación elimina la responsabilidad penal de la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo.
El Ejecutivo mantiene, sin embargo, las penas para quienes provoquen un aborto con el consentimiento de la mujer. Estas incluyen entre tres meses y tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer profesiones sanitarias durante un periodo de hasta cinco años.
Baró justificó la reforma asegurando que la protección de la vida recogida en el artículo 8 de la Constitución andorrana «no puede comportar la criminalización de la mujer».
El ministro defendió que la medida responde al compromiso electoral de Demòcrates per Andorra y permitirá modificar la situación jurídica de las mujeres sin alterar los principios constitucionales que sustentan el sistema institucional del Principado.
La reforma tampoco contempla la financiación del aborto por parte de la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS), por lo que estas intervenciones continuarán excluidas de las prestaciones sanitarias públicas.
Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de una legalización del aborto, el cambio elimina una de las responsabilidades penales que hasta ahora contemplaba el ordenamiento jurídico andorrano, al excluir de sanción a la mujer que solicite o consienta la interrupción de su embarazo.
La reforma llega tras años de conversaciones con la Santa Sede
La aprobación del proyecto supone un nuevo paso en un proceso que se remonta a 2019 y que ha estado marcado por los contactos entre el Ejecutivo andorrano y la Secretaría de Estado del Vaticano.
El cardenal Pietro Parolin ha sido uno de los principales interlocutores de Roma en este asunto. Durante estos años, ambas partes han abordado diferentes fórmulas jurídicas para modificar la legislación sobre el aborto sin provocar una crisis institucional en el Coprincipado.
El pasado mes de julio, Parolin recibió en el Vaticano al jefe de Gobierno, Xavier Espot, y al ministro Ladislau Baró, en una reunión destinada a continuar las conversaciones sobre la despenalización.
Tras el encuentro, el Gobierno anunció que preparaba la reforma para septiembre, aunque el calendario volvió a retrasarse.
Finalmente, a principios de octubre, la despenalización entró en su recta final, después de años de contactos y sucesivos aplazamientos.
La fórmula que ahora ha aprobado el Consejo de Ministros coincide con la solución que, según publicó La Veu Lliure, habría sido acordada con la Santa Sede: retirar la responsabilidad penal de la mujer, mantener las penas contra los profesionales sanitarios y excluir la financiación pública del aborto.
Durante la presentación del proyecto, Baró definió los contactos con Roma como un diálogo institucional y no como una negociación formal. La Santa Sede, por su parte, no ha confirmado públicamente su aprobación del texto legislativo.
El obispo de Urgel podría negarse a sancionar la ley
La reforma vuelve a situar en una posición delicada al obispo de Urgel, Josep-Lluís Serrano Pentinat, quien ejerce como copríncipe de Andorra junto al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron.
La singularidad de este sistema institucional ha condicionado durante años cualquier intento de modificar la legislación sobre el aborto, dada la oposición de la Iglesia católica a esta práctica.
La doctrina de la Iglesia establece que la vida humana debe ser respetada y protegida desde la concepción y considera el aborto provocado una falta moral grave. Esta enseñanza, recogida en los números 2270 y 2271 del Catecismo de la Iglesia Católica, constituye el fundamento de la oposición católica a la eliminación deliberada de la vida humana antes del nacimiento.
Según las informaciones publicadas durante las conversaciones, una de las fórmulas contempladas consiste en que el copríncipe episcopal no sancione la futura ley, mientras que el copríncipe francés permita su promulgación.
Baró reconoció durante la presentación del proyecto que existe la posibilidad de que el obispo de Urgel no firme la norma. No obstante, explicó que esta circunstancia no impediría necesariamente su entrada en vigor, ya que el ordenamiento andorrano contempla mecanismos para que una ley pueda ser sancionada por uno solo de los copríncipes.
De confirmarse este escenario, Serrano Pentinat mantendría su negativa a sancionar una modificación legislativa relativa al aborto, aunque ello no impediría necesariamente que la reforma entrara en vigor.
Una despenalización limitada que modifica la protección jurídica del no nacido
La fórmula finalmente aprobada distingue entre la responsabilidad penal de la mujer y la de quienes practican el aborto.
El Gobierno mantiene la prohibición de realizar abortos en territorio andorrano y conserva las sanciones para los profesionales sanitarios, pero elimina la posibilidad de castigar a la mujer que solicite o consienta esta práctica.
La modificación supone, por tanto, una reducción del alcance de la protección penal que hasta ahora contemplaba la legislación del Principado respecto del aborto provocado.
Esta distinción también ha generado críticas entre organizaciones favorables a la legalización del aborto, que consideran insuficiente la reforma porque no permite practicar estas intervenciones en los centros sanitarios del país ni contempla su financiación pública.
El Ejecutivo, por su parte, presenta el proyecto como una solución compatible con la Constitución y con la continuidad del Coprincipado, aunque la norma todavía deberá superar la tramitación parlamentaria.
El proyecto será tramitado por la vía de urgencia
Andorra ha mantenido durante décadas una de las legislaciones más restrictivas de Europa en materia de aborto, una situación estrechamente relacionada con su singular configuración constitucional y con la presencia de un obispo católico como jefe de Estado.
La reforma aprobada por el Gobierno no elimina completamente las sanciones penales, pero modifica uno de sus elementos al excluir de responsabilidad a la mujer que consienta o solicite la interrupción de su embarazo.
El proyecto será tramitado por la vía de urgencia en el Consell General, lo que permitirá reducir a la mitad los plazos parlamentarios. El Ejecutivo confía en que pueda aprobarse antes de que finalice la legislatura, con las próximas elecciones generales previstas para la primavera de 2027.
La decisión del Consejo de Ministros abre así la fase parlamentaria de una reforma que ha condicionado durante años las relaciones entre Andorra y la Santa Sede. Queda pendiente la votación del texto y la posición que adoptará el copríncipe episcopal cuando llegue el momento de sancionar la ley.