El Gobierno de Andorra llevará en septiembre al Consell General una reforma del Código Penal para despenalizar el aborto. Y lo hará, según todos los indicios, con el conocimiento —y sin la oposición pública— de la Secretaría de Estado vaticana. Tras años de negociaciones discretas pilotadas por el cardenal Pietro Parolin, Roma se dispone a asistir en silencio a la caída de uno de los últimos ordenamientos jurídicos de Europa que protegía penalmente la vida del no nacido.
El proyecto, según la reconstrucción publicada por La Veu Lliure, es el resultado de conversaciones iniciadas en 2019 entre el Ejecutivo andorrano y la Santa Sede. La particularidad institucional del Principado —uno de sus dos jefes de Estado es el obispo de Urgell, hoy monseñor Josep-Lluís Serrano Pentinat— convertía cualquier reforma en un asunto directamente vaticano. Precisamente por eso, lo que ocurra en septiembre no podrá presentarse como un hecho ajeno a la Iglesia: si la reforma sale adelante sin que el copríncipe episcopal ni Roma la bloqueen, la lectura será inevitable.
«Despenalizar no es legalizar»: la trampa semántica de siempre
El jefe de Gobierno, Xavier Espot, insiste en distinguir entre despenalizar y legalizar: el aborto seguirá sin poder practicarse en territorio andorrano y la CASS —la Seguridad Social del Principado— no financiará abortos en el extranjero. La reforma se limitaría, dicen, a retirar las consecuencias penales para la mujer que aborte.
Es exactamente el mismo esquema argumental con el que comenzó la liberalización del aborto en prácticamente todos los países de nuestro entorno. Primero se despenaliza «solo a la mujer»; después se despenalizan «supuestos»; luego se convierte en prestación sanitaria; y finalmente en «derecho» blindado. Quien conozca la historia legislativa de España, Francia o Italia sabe que la frontera que hoy el Gobierno andorrano presenta como infranqueable es, en realidad, la primera casilla de un tablero cuyo final es conocido. Que la ley penal deje de proteger al no nacido no es un matiz técnico: es la renuncia del Estado a reconocer que hay una víctima.
De hecho, el propio Ejecutivo llegó a manejar durante 2025 un planteamiento mucho más ambicioso: derivación de mujeres a centros abortistas de Francia o España, acompañamiento médico desde Andorra y financiación pública para las que se encontraran «en situación de vulnerabilidad». Que ese diseño esté hoy aparcado no significa que haya desaparecido. Significa que se ha decidido tramitarlo por fases.
Parolin, el negociador
El interlocutor de Andorra en todo este proceso ha sido el cardenal Pietro Parolin. El secretario de Estado recibió a Espot y al ministro Ladislau Baró el pasado 29 de julio en el Vaticano, en el último de una serie de encuentros que se remontan a años atrás. Tras aquella reunión, el Gobierno andorrano confirmó que la reforma llegará al Parlamento en septiembre y agradeció «el clima de confianza y discreción» mantenido con la Santa Sede.
Conviene detenerse en esa frase. Un Gobierno que se dispone a despenalizar el aborto agradece públicamente la discreción de la Secretaría de Estado. La diplomacia de Parolin, fiel a su estilo, ha optado una vez más por la componenda silenciosa antes que por el testimonio: en 2023, de visita en el Principado, el cardenal recordó que la defensa de la vida es «un principio irrenunciable» para la Iglesia. Tres años después, ese principio irrenunciable parece haberse convertido en materia negociable, siempre que la operación se gestione sin ruido.
La Veu Lliure concluye que el Vaticano habría aceptado, o al menos decidido no bloquear, una despenalización limitada. Roma no ha desmentido esa interpretación. Y en estas materias, el silencio de la Secretaría de Estado rara vez es casual.
El silencio del copríncipe
Tampoco monseñor Serrano Pentinat, que sucedió a monseñor Joan-Enric Vives al frente de la diócesis de Urgell en mayo de 2025, se ha pronunciado sobre los términos de la reforma. El copríncipe episcopal ha hablado de «diálogo» y de «acompañamiento a las mujeres en situaciones difíciles», fórmulas tan pastoralmente amables como jurídicamente inocuas. Pero el obispo de Urgell no es un observador: es jefe de Estado. Su firma, su silencio o su abstención tendrán consecuencias directas sobre la ley. Y sobre su conciencia.
La pregunta que nadie en Roma parece querer responder es elemental: ¿puede un obispo católico, copríncipe de un Estado, permitir la promulgación de una ley que retira la protección penal a la vida del no nacido? El Catecismo y el magisterio constante de la Iglesia —de Evangelium vitae en adelante— no dejan demasiado margen para la creatividad diplomática.
Macron aprieta, Roma cede
Mientras la Santa Sede negociaba con discreción, el otro copríncipe empujaba sin disimulo. Emmanuel Macron —el mismo que hizo inscribir el aborto en la Constitución francesa— volvió a plantear la cuestión durante su visita a Andorra del pasado abril, y la abordó tanto con Espot como con Serrano Pentinat. El resultado está a la vista: la presión del presidente francés avanza y la resistencia romana retrocede.
Es cierto que, según La Veu Lliure, la llegada de León XIV complicó las conversaciones y contribuyó a reducir el alcance del proyecto respecto a los planes de 2025. El Papa ha reiterado desde el inicio de su pontificado la defensa de la vida humana. Pero la coherencia se medirá en septiembre: si el proyecto llega al Consell General y prospera sin que la Santa Sede diga una palabra, la defensa de la vida habrá quedado, una vez más, en el terreno de las declaraciones genéricas mientras la diplomacia hacía el trabajo contrario en los despachos.
Lo que está en juego
Andorra era, junto a Malta y muy pocos territorios más, uno de los últimos reductos europeos donde el ordenamiento jurídico protegía íntegramente la vida del concebido. Esa excepción no era un anacronismo: era un testimonio. Si en septiembre cae, no habrá caído por una derrota, sino por una negociación en la que la Iglesia se sentó a la mesa para pactar los términos de su propia retirada.
Quedará por ver el texto definitivo que llegue al Consell General. Pero el precedente ya está sentado: cuando la vida del no nacido entra en la agenda de la diplomacia vaticana, lo irrenunciable acaba teniendo precio. Y la discreción, al parecer, forma parte del pago.