El Gobierno de Andorra prevé llevar durante este mes de octubre al Consell General el texto para despenalizar a la mujer que aborte, después de años de negociaciones discretas con la Santa Sede y de varios aplazamientos destinados a encontrar una fórmula que permita avanzar en la reforma sin hacer saltar por los aires el peculiar sistema institucional del Coprincipado.
Según informa La Veu Lliure, El jefe de Gobierno, Xavier Espot, ha asegurado que la despenalización será «una realidad antes de finalizar la legislatura» y ha señalado que es «muy probable» que la propuesta pueda presentarse durante este mismo mes.
«Muy probablemente se podrá presentar durante este mes de octubre», afirmó.
La reforma que ahora se prepara será más limitada que la que llegó a plantearse hace un año: la mujer que aborte dejaría de estar penalmente perseguida, pero el médico o profesional sanitario que intervenga seguiría sometido al régimen penal vigente.
El aborto continuaría sin poder practicarse legalmente en Andorra, pero desaparecería una de las protecciones penales que hasta ahora mantenían al Principado entre los pocos países europeos donde la legislación seguía reconociendo, al menos parcialmente, la gravedad jurídica de acabar con la vida del no nacido.
Años de negociaciones con Roma
El Gobierno andorrano mantiene conversaciones con la Santa Sede desde 2019 para encontrar una salida a un problema que el propio Ejecutivo convirtió en prioridad política.
La dificultad procede de la particular estructura del país: uno de sus dos jefes de Estado es el obispo de Urgell, actualmente monseñor Josep-Lluís Serrano Pentinat. Cualquier reforma del aborto afecta directamente, por tanto, a un prelado católico que ejerce como copríncipe.
Durante años, esa circunstancia funcionó como un freno efectivo frente a la legalización o despenalización del aborto. Sin embargo, las negociaciones con Roma han ido abriendo progresivamente una vía para modificar el Código Penal sin poner formalmente en cuestión la continuidad del copríncipe episcopal.
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En 2025 llegó a ponerse sobre la mesa una fórmula más amplia, que contemplaba no solo la despenalización de la mujer, sino también la protección del profesional sanitario e incluso la posible participación de la CASS en determinados gastos relacionados con el aborto.
El planteamiento terminó encallando. Las conversaciones se prolongaron y el relevo en el Vaticano tras la muerte de Francisco alteró un escenario que parecía mucho más avanzado bajo el pontificado anterior.
Francisco habría dado luz verde a una fórmula más amplia
Según fuentes vaticanas citadas por La Veu Lliure y según lo expuesto también por el conseller general Cerni Escalé, Francisco habría dado su visto bueno a la reforma en los términos inicialmente planteados.
El dato no ha sido confirmado públicamente por la Santa Sede, pero encaja con la evolución de unas conversaciones que durante años avanzaron hacia una solución cada vez más favorable al Gobierno andorrano.
De confirmarse, significaría que Roma habría aceptado bajo Francisco una fórmula más amplia que la que finalmente parece dispuesta a aprobarse ahora: despenalización de la mujer, posible protección del sanitario y eventual cobertura de parte de la atención.
La elección de León XIV habría frenado parcialmente ese proceso, pero no lo habría revertido.
La nueva administración vaticana habría puesto reparos a algunos de esos elementos, en especial a la cobertura de los profesionales sanitarios y a la eventual financiación pública. El resultado sería la fórmula de mínimos que ahora prepara el Ejecutivo: la mujer dejaría de ser castigada, pero el aborto seguiría sin poder practicarse legalmente dentro del Principado.
Parolin, interlocutor principal de Andorra
El cardenal Pietro Parolin ha sido durante años una figura central en estas negociaciones.
A finales de julio de 2026, Espot y Ladislau Baró viajaron al Vaticano para reunirse con el secretario de Estado y tratar de desbloquear definitivamente el expediente.
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Tras aquel encuentro, el Gobierno llegó a anunciar que el texto podría presentarse en septiembre. El mes terminó sin novedad y ahora Espot vuelve a fijar octubre como nuevo horizonte.
El Ejecutivo habla de una solución «satisfactoria para todas las partes». Pero el balance de siete años de negociaciones es difícil de ocultar: el Vaticano ha terminado aceptando, o al menos no bloqueando, que Andorra retire del Código Penal la sanción a la mujer que aborte.
De uno de los últimos bastiones provida de Europa a una despenalización pactada
El caso andorrano tiene una carga simbólica evidente.
Durante años, la presencia de un obispo como jefe de Estado convirtió al Principado en uno de los últimos territorios europeos donde la legislación seguía ofreciendo una protección penal especialmente fuerte al no nacido.
Ahora esa protección comienza a ceder, y lo hace no contra la voluntad expresa de la Santa Sede, sino después de años de conversaciones con ella.
La comparación con otros microestados católicos resulta inevitable. En noviembre de 2025, el príncipe Alberto II de Mónaco vetó una ampliación del aborto alegando directamente la identidad católica del país y la protección de la vida. En Andorra, en cambio, la negociación con Roma ha conducido en la dirección opuesta: no a reforzar la legislación provida, sino a buscar la fórmula jurídicamente menos traumática para desmontarla parcialmente.
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Si Espot cumple esta vez el calendario anunciado, el Consell General recibirá el texto en las próximas semanas.
Será entonces cuando pueda comprobarse el alcance exacto de la reforma. Pero el dato político y eclesial ya es suficientemente claro: después de años de diálogo con la Santa Sede, Andorra está más cerca que nunca de eliminar del Código Penal la sanción a la mujer que aborte, y Roma, lejos de haber cerrado esa puerta, ha participado activamente en la búsqueda de la fórmula que lo haga posible.