El secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, monseñor Paul Richard Gallagher, ha reconocido que las «imperfecciones» del acuerdo entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos son «evidentes», aunque ha defendido su continuidad. Ocho años después de su firma, el pacto sigue siendo secreto y el régimen comunista mantiene el control sobre la vida religiosa en el país, mientras persisten las denuncias de persecución contra los católicos que se niegan a someterse a las estructuras oficiales.
Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con periodistas acreditados ante la Santa Sede, según recoge The Catholic Herald. Gallagher sostuvo que, pese a las dificultades, la situación actual es mejor que la existente antes del acuerdo de 2018 y confirmó que el Vaticano pretende perseverar en el diálogo con Pekín.
«Las imperfecciones del acuerdo son evidentes»
«No es fácil, el diálogo no es fácil, las imperfecciones del acuerdo son evidentes, pero existe el compromiso de perseverar en el diálogo y eso es lo que seguirá sucediendo», afirmó Gallagher.
El arzobispo defendió la conveniencia de mantener un acuerdo imperfecto antes que renunciar al entendimiento con las autoridades chinas.
«Estamos contentos de que todos los obispos de China estén ahora en comunión con el Papa, lo que ciertamente supone una mejora respecto a la situación anterior al acuerdo», declaró.
El pacto fue firmado en septiembre de 2018, durante el pontificado de Francisco, y renovado en 2020, 2022 y 2024. La última prórroga, anunciada oficialmente por la Santa Sede el 22 de octubre de 2024, amplió su vigencia por otros cuatro años.
Sin embargo, su contenido íntegro nunca se ha hecho público. La Santa Sede presenta el acuerdo como un mecanismo para garantizar la comunión de los obispos chinos con Roma, mientras que las autoridades comunistas mantienen una intervención determinante en la selección de candidatos episcopales.
Pekín continúa presentando los nombramientos como decisiones de sus organismos oficiales
Las dificultades del acuerdo no se limitan a las críticas de sus detractores. Los propios procedimientos de nombramiento episcopal han puesto de manifiesto las diferencias entre Roma y Pekín.
Como se informó el pasado 15 de octubre, durante la ordenación de Ignacio Ding Zuyao como obispo de Haimen, las autoridades eclesiásticas oficiales chinas presentaron el nombramiento como una decisión aprobada por su Conferencia Episcopal, sin mencionar al Papa ni su intervención.
La Santa Sede, por el contrario, había comunicado que León XIV aprobó la candidatura y nombró al nuevo obispo conforme al acuerdo provisional.
Este contraste se ha repetido en otras ordenaciones episcopales. Mientras Roma destaca la autoridad pontificia, los comunicados chinos atribuyen el procedimiento a las estructuras religiosas reconocidas por el Estado.
La cuestión tiene también una dimensión doctrinal. En su carta a los católicos chinos de 2007, Benedicto XVI afirmó que el Colegio de Obispos Católicos de China no podía ser reconocido como conferencia episcopal por la Santa Sede, entre otros motivos porque sus estatutos contenían elementos incompatibles con la doctrina católica.
La persecución de la Iglesia clandestina sigue siendo una cuestión pendiente
Gallagher también respondió a las críticas que ha recibido el acuerdo desde su firma, señalando que eran previsibles por las distintas opiniones sobre la historia de China y su Gobierno.
Entre las voces más críticas figura el cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, quien ha denunciado repetidamente el abandono de los católicos clandestinos que durante décadas han sufrido persecución por mantenerse fieles a Roma.
Las objeciones al acuerdo no proceden únicamente del ámbito eclesial. Como se recogió en abril a propósito de las denuncias de Human Rights Watch, las restricciones contra los católicos chinos y las presiones para integrar a las comunidades clandestinas en las estructuras religiosas controladas por el Estado continúan siendo motivo de preocupación.
Las denuncias incluyen detenciones de sacerdotes y obispos, vigilancia de las comunidades, restricciones a la catequesis y exigencias de adhesión a los organismos oficiales.
La política de «sinización» promovida por Xi Jinping continúa subordinando la actividad religiosa a las directrices del Partido Comunista Chino.
En este contexto, la afirmación de Gallagher sobre la mejora de la situación episcopal contrasta con las denuncias sobre las condiciones en las que numerosos católicos viven y practican su fe.
El Vaticano no está dispuesto a pagar el precio de una presencia en Pekín
El responsable de la diplomacia vaticana también abordó la posibilidad de establecer una representación permanente de la Santa Sede en China continental.
Gallagher reconoció que se ha estudiado la posibilidad de disponer de algún tipo de presencia cultural en Pekín, pero señaló que las condiciones actuales impiden avanzar en esa dirección.
«La idea es tener algún tipo de presencia cultural en Pekín. Pero, como ocurre con todo en una negociación, habría un precio que pagar y, por el momento, no estamos dispuestos a pagar ese precio», afirmó.
El arzobispo no quiso precisar cuáles serían las exigencias planteadas para alcanzar ese entendimiento.
Actualmente, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y cuenta con una misión de estudio en Hong Kong, pero no dispone de representación diplomática oficial en la República Popular China.
León XIV mantiene la política heredada de Francisco
Preguntado por la posibilidad de que León XIV conceda una prioridad especial a China, Gallagher respondió que el Pontífice tiene la responsabilidad de atender a toda la Iglesia universal.
«El Papa León es muy consciente de que debe preocuparse por toda la Iglesia universal», señaló, descartando que el país asiático concentre especialmente su atención.
Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha continuado aprobando nombramientos episcopales dentro del mecanismo acordado con Pekín. La Santa Sede no ha anunciado modificaciones en el pacto ni ha publicado su contenido.
Las nuevas declaraciones de Gallagher mantienen la posición diplomática defendida durante el pontificado de Francisco: perseverar en el diálogo pese a reconocer sus limitaciones.
Entretanto, el acuerdo continúa vigente, el Partido Comunista conserva su control sobre las estructuras religiosas oficiales y las comunidades católicas clandestinas siguen afrontando las restricciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos y miembros de la propia Iglesia.