El acuerdo entre la Santa Sede y China firmado en 2018 vuelve a quedar en entredicho tras un nuevo informe de Human Rights Watch, que denuncia un aumento de la presión sobre los católicos en el país, especialmente sobre aquellos que se mantienen al margen de la iglesia oficial controlada por el Estado.
Lejos de haber mejorado la situación, la organización sostiene que en estos años se ha consolidado un contexto de mayor vigilancia, control ideológico y restricciones a la libertad religiosa que afecta a los cerca de 12 millones de fieles en China.
Un acuerdo bajo sospecha
En el centro de las críticas se encuentra el propio acuerdo sobre el nombramiento de obispos, cuyo contenido sigue sin hacerse público. Según Human Rights Watch, este marco ha facilitado en la práctica la integración forzada de las comunidades clandestinas en la Asociación Patriótica Católica China, dependiente del Partido Comunista.
Desde su firma, se han sucedido detenciones arbitrarias, desapariciones y arrestos domiciliarios de obispos y sacerdotes que se resisten a someterse al control estatal, en una dinámica que cuestiona los efectos reales del pacto.
El mecanismo de nombramientos tampoco ha logrado contener las tensiones. Aunque el Papa conserva formalmente la posibilidad de veto, este no ha sido ejercido, y el actual Pontífice, León XIV, ha aprobado candidatos propuestos por Beijing incluso tras incumplimientos previos por parte del régimen.
La Iglesia clandestina, cada vez más arrinconada
Sobre el terreno, las consecuencias son visibles. El informe recoge testimonios que describen un progresivo debilitamiento de las comunidades clandestinas, históricamente fieles a Roma y reacias a integrarse en la estructura oficial.
En varios casos, la presión se ha traducido en la demolición de templos, la retirada de símbolos religiosos o la detención de fieles, hasta dejar a estas comunidades sin margen real de resistencia. Algunos testimonios apuntan a que el acuerdo ha servido, de hecho, como instrumento para acelerar este proceso.
No es solo una cuestión de control externo. Entre parte de los católicos se extiende también una sensación de desamparo, en un momento en el que su fidelidad se enfrenta a crecientes dificultades.
La “sinización” y el control total de la vida eclesial
Este endurecimiento se inscribe en la política de “sinización” impulsada por Xi Jinping, que busca subordinar la vida religiosa a la ideología del Partido Comunista.
El control no se limita a las comunidades clandestinas. También las iglesias oficiales están sometidas a una supervisión estricta: formación ideológica obligatoria del clero, censura de contenidos, restricciones a la actividad pastoral y limitaciones a la educación religiosa, especialmente de menores.
Incluso los desplazamientos del clero quedan bajo autorización estatal, en un sistema que extiende el control político a todos los ámbitos de la vida eclesial.
Una tensión que no desaparece
En este contexto, la situación de los católicos en China vuelve a poner de manifiesto una tensión de fondo que sigue sin resolverse: la coexistencia entre un acuerdo diplomático con el régimen y la defensa efectiva de la libertad religiosa.
El pasado 7 de abril, la organización trasladó los resultados del informe tanto al gobierno chino como a la Santa Sede. Hasta la fecha, ninguno de los dos ha respondido a la solicitud de comentarios.