Las autoridades francesas han prohibido las dos procesiones religiosas que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) tenía previstas para los días 24 y 25 de octubre en Lourdes, alegando la amenaza terrorista y la falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad de los participantes. La decisión afecta a la tradicional peregrinación de Cristo Rey, que este año ya había tenido que modificar su programa después de que el obispo de Tarbes y Lourdes, monseñor Jean-Marc Micas, retirara a la Fraternidad la autorización para celebrar públicamente dentro del santuario mariano.
La prefecta de los Altos Pirineos, Sibylle Samoyault, firmó el pasado 20 de octubre la orden administrativa que impide celebrar ambas procesiones por las calles de la ciudad. Según recoge la prensa local francesa, la resolución se fundamenta en el nivel de alerta antiterrorista vigente en Francia, la elevada participación prevista y las dificultades para movilizar suficientes agentes de seguridad.
La situación presenta una contradicción: mientras las autoridades civiles consideran que las procesiones deberían celebrarse dentro del santuario por motivos de seguridad, la autoridad eclesiástica ya ha prohibido a la FSSPX organizar allí actos públicos de culto.
La amenaza terrorista como motivo para impedir las procesiones
Las dos procesiones habían sido comunicadas oficialmente a la prefectura el 27 de agosto por el padre Loïc Duverger, en representación de la Fraternidad. La primera estaba prevista para el sábado 24 de octubre, entre las 20:30 y las 22:30 horas, y la segunda para el domingo 25, entre las 15:00 y las 16:30 horas.
En la resolución, las autoridades francesas recuerdan que el país mantiene un elevado nivel de vigilancia antiterrorista y reconocen que la comunidad católica ha sido y continúa siendo uno de los objetivos del terrorismo yihadista.
Precisamente por este riesgo, la prefectura considera que las procesiones por las calles de Lourdes podrían exponer a los participantes a posibles acciones violentas. El documento señala que la visibilidad de los cortejos religiosos aumenta su vulnerabilidad y que proteger a varios miles de peregrinos exigiría destinar importantes recursos policiales.
A estas circunstancias se añaden los disturbios registrados en Francia durante las últimas semanas, especialmente las movilizaciones estudiantiles y las manifestaciones del 17 de octubre, que han requerido la intervención de las fuerzas de seguridad.
La orden no menciona ninguna amenaza concreta contra la peregrinación de Cristo Rey. La prohibición se basa en una valoración preventiva de los riesgos y de la disponibilidad de efectivos policiales.
El argumento ha suscitado críticas en medios católicos franceses. Le Catho ha cuestionado que la respuesta de las autoridades ante el peligro de posibles atentados sea impedir las manifestaciones religiosas en lugar de proporcionar la protección necesaria para celebrarlas.
La publicación recuerda que Francia es un país cuya historia, cultura y tradiciones están profundamente vinculadas al catolicismo, y considera especialmente preocupante que se prohíban dos procesiones precisamente en Lourdes, donde la Santísima Virgen se apareció a santa Bernardita Soubirous en 1858.
La cuestión trasciende las diferencias existentes con la FSSPX. El derecho de los católicos a manifestar públicamente su fe no depende de que se compartan las posiciones de la Fraternidad, del mismo modo que las amenazas de terceros no deberían convertirse automáticamente en motivo para restringir las celebraciones religiosas.
La prefectura propone celebrar dentro del santuario, pero el obispo ya lo ha prohibido
La prefectura considera que el santuario de Nuestra Señora de Lourdes ofrece mayores garantías de seguridad gracias a sus controles de acceso, cámaras de vigilancia, dispositivos de protección y personal especializado.
Por ello, sostiene que las procesiones podrían desarrollarse dentro del recinto religioso y que la prohibición de celebrarlas en las calles no constituye una restricción general de la libertad de culto.
Sin embargo, esta alternativa choca directamente con una decisión anterior de monseñor Jean-Marc Micas.
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El pasado 13 de agosto, el obispo de Tarbes y Lourdes retiró a la Fraternidad la autorización que hasta entonces le permitía celebrar públicamente la Misa, administrar sacramentos y organizar oraciones dentro del santuario.
Micas justificó su decisión por las consagraciones episcopales realizadas sin mandato pontificio el 1 de julio en Écône, Suiza, y por el decreto de excomunión publicado al día siguiente por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Aquellas consagraciones agravaron la situación canónica de la FSSPX y dieron lugar a sanciones contra los obispos implicados. La Fraternidad presentó posteriormente recursos ante Roma, cuyo procedimiento continúa abierto.
El prelado sostuvo que, a raíz de las disposiciones de la Santa Sede, ya no podía autorizar «la celebración de la Misa ni la de los demás sacramentos, ni siquiera las oraciones públicas de la Fraternidad San Pío X en el interior del Santuario».
La medida permite a los sacerdotes y fieles vinculados a la FSSPX acudir individualmente a la Gruta de Massabielle y a otros lugares del recinto para rezar en privado, pero excluye cualquier celebración pública organizada por la Fraternidad.
La orden de la prefectura coloca ahora a los peregrinos ante dos restricciones diferentes: no pueden organizar sus procesiones dentro del santuario por decisión episcopal, ni celebrarlas en las calles por disposición de las autoridades civiles.
La libertad religiosa y la responsabilidad del obispo de Lourdes
La prohibición civil introduce una cuestión distinta de la controversia canónica que enfrenta a la FSSPX con Roma.
La decisión adoptada en agosto por monseñor Micas se refiere a las celebraciones religiosas dentro de un santuario sometido a su autoridad episcopal. La resolución de octubre, en cambio, procede de la administración francesa y limita la celebración de procesiones religiosas en la vía pública.
Ambas decisiones responden a fundamentos diferentes, pero sus consecuencias se acumulan sobre una misma peregrinación.
Hasta este jueves 22 de octubre no ha trascendido ninguna petición pública del obispo Micas para que la prefectura reconsidere la prohibición de las procesiones.
La ausencia de una intervención episcopal resulta especialmente llamativa cuando las propias autoridades francesas reconocen que los católicos pueden ser víctimas de atentados terroristas. La seguridad de los participantes constituye una preocupación legítima, pero también corresponde a los poderes públicos proteger el ejercicio de las libertades fundamentales.
La situación plantea una responsabilidad pastoral para el obispo de Lourdes. Las diferencias canónicas con la Fraternidad no impiden distinguir entre la autorización de celebraciones dentro del santuario y la defensa del derecho de unos fieles católicos a manifestar públicamente su religión.
Micas reconoció en agosto el «dolor y quizá la incomprensión» que provocaría su decisión, pero la nueva prohibición civil añade una dificultad que no estaba presente entonces.
El obispo puede mantener su posición respecto a la situación canónica de la FSSPX y, al mismo tiempo, reclamar que las autoridades civiles estudien las medidas necesarias para permitir una manifestación religiosa pacífica. Hasta ahora no consta públicamente que haya realizado esa petición.
De mantenerse su silencio, quedaría pendiente una respuesta del pastor de Tarbes y Lourdes ante una restricción de la libertad religiosa que afecta a miles de peregrinos católicos, con independencia de su relación con la Fraternidad.
Una nueva restricción tras las prohibiciones en otros santuarios
La prohibición de las procesiones se suma a las dificultades que la FSSPX ha encontrado durante los últimos meses para desarrollar sus peregrinaciones tradicionales.
Después de la decisión episcopal de Lourdes, los responsables del santuario austríaco de Mariazell tampoco autorizaron a la Fraternidad a celebrar públicamente su peregrinación anual del Rosario. En septiembre, los participantes en la peregrinación de Asís tuvieron que concluir su recorrido ante las puertas de la basílica de San Francisco, sin poder acceder como comunidad para cantar el Credo.
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En Lourdes, la Fraternidad ha mantenido la convocatoria de su peregrinación de Cristo Rey y ha reorganizado las celebraciones litúrgicas en la Casa San Ignacio, propiedad de las Pequeñas Siervas de San Juan Bautista, que han puesto sus instalaciones a disposición de los organizadores.
Ante la participación prevista de varios miles de fieles, se ha preparado un espacio cubierto para las celebraciones y se han distribuido los asistentes en diferentes grupos. El programa contempla ocho misas entre el sábado y el domingo, además de horarios de confesiones y otras actividades religiosas.
La orden de la prefectura afecta a las dos procesiones previstas en la vía pública, pero no supone la cancelación del conjunto de la peregrinación ni de las celebraciones organizadas en el recinto privado.
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Los peregrinos llegarán así a Lourdes este fin de semana con un programa considerablemente modificado respecto a años anteriores. Las celebraciones previstas en el santuario han tenido que trasladarse a instalaciones privadas y las dos procesiones tradicionales han quedado prohibidas por la administración francesa, que considera insuficientes sus medios para garantizar la seguridad de los participantes.