En el estado australiano de Queensland, 1.082 personas murieron por eutanasia o suicidio asistido entre julio de 2025 y junio de 2026, la cifra más alta desde la entrada en vigor de la legislación en enero de 2023. Las muertes representan aproximadamente el 3 % de los fallecimientos registrados en el estado, mientras que el organismo encargado de supervisar la aplicación de la ley ha recomendado abrir una consulta pública para estudiar posibles modificaciones de los requisitos de acceso, con una referencia expresa a las personas que padecen demencia.
Los datos proceden del cuarto informe anual de la Junta de Revisión de la Muerte Voluntaria Asistida de Queensland, publicado el pasado 30 de septiembre y recogido por el periódico católico australiano The Catholic Leader el 14 de octubre.
La recomendación llega en un momento en que el Gobierno estatal debe revisar el funcionamiento de la legislación tras sus tres primeros años de aplicación. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Tim Nicholls, aseguró el pasado 15 de octubre que el Ejecutivo mantiene su compromiso de no modificar la ley.
El 77 % de las muertes fueron provocadas por profesionales sanitarios
El informe confirma que la eutanasia y el suicidio asistido han alcanzado un nuevo máximo anual en Queensland. Durante el ejercicio 2023-2024 se registraron 793 muertes, una cifra que aumentó a 1.072 en 2024-2025 y que llegó a 1.082 en el último período analizado.
Aunque el incremento respecto al año anterior fue de apenas el 0,9 %, los datos muestran un cambio significativo en la forma en que se lleva a cabo el procedimiento.
De las 1.082 muertes registradas, 836 correspondieron a casos en los que un médico o enfermero administró directamente la sustancia letal, mientras que en los 246 restantes fue el propio paciente quien la ingirió o administró.
Esto significa que el 77 % de las muertes se produjeron mediante intervención directa de un profesional sanitario, frente al 73 % del ejercicio anterior. En comparación con 2023-2024, cuando se registraron 532 casos de administración por profesionales, esta modalidad ha aumentado un 57 % en dos años.
El informe también recoge que otras 805 personas murieron por causas distintas mientras se encontraban dentro del procedimiento de solicitud de eutanasia. Entre las circunstancias contempladas por la Junta figuran la decisión de no utilizar la sustancia letal o la pérdida de capacidad para continuar con el proceso debido al avance de la enfermedad.
Más del 92 % de los solicitantes superaron la primera evaluación
Las cifras oficiales muestran también que una amplia mayoría de quienes iniciaron el procedimiento fueron considerados aptos en las evaluaciones médicas.
De las 2.256 personas sometidas a una primera evaluación, 2.092, equivalentes al 92,7 %, cumplieron los requisitos establecidos. En la segunda evaluación, realizada por otro médico autorizado, el porcentaje de aprobación alcanzó el 98,9 %, con 1.963 personas consideradas aptas.
La legislación exige que el solicitante sea mayor de edad, conserve la capacidad de tomar decisiones, actúe voluntariamente y padezca una enfermedad avanzada y progresiva que previsiblemente provoque su muerte en un plazo máximo de doce meses, además de causarle un sufrimiento que considere intolerable.
El cáncer continuó siendo el diagnóstico principal entre las personas consideradas aptas tras ambas evaluaciones, con el 77,3 % de los casos. Le siguieron las enfermedades respiratorias, con el 9 %, y los trastornos neurológicos, con el 6,2 %.
Más de 500 solicitantes no habían recibido cuidados paliativos
Uno de los datos más preocupantes del informe es el relativo a los cuidados paliativos.
Aunque el 76 % de las personas sometidas a una primera evaluación recibía o había recibido previamente este tipo de atención, 503 solicitantes, el 22,3 % del total, no habían accedido a servicios de cuidados paliativos en el momento de iniciar el procedimiento. En otros 39 casos no constaba información sobre este aspecto.
La cifra ha aumentado respecto a los 359 solicitantes que se encontraban en esa situación durante el ejercicio 2023-2024, lo que representa un incremento cercano al 40 % en dos años.
El informe no determina si estas personas habían solicitado cuidados paliativos sin conseguir acceder a ellos, si los habían rechazado o si existían otras circunstancias que explicaran su situación. No obstante, los datos ponen de relieve que una parte de quienes recurren al procedimiento de eutanasia no ha recibido previamente esta atención.
La distribución geográfica también presenta diferencias. El 54 % de quienes solicitaron la eutanasia y recibieron una primera evaluación residía en zonas regionales, rurales o remotas, pese a que casi dos tercios de la población de Queensland vive en las principales ciudades.
La Junta propone revisar los requisitos de acceso y menciona expresamente la demencia
La cuestión más delicada del informe aparece en su cuarta recomendación, que plantea aprovechar la revisión obligatoria de la ley para abrir una consulta amplia sobre la conveniencia de modificar los actuales criterios de acceso.
La Junta solicita que el ministro de Sanidad facilite una consulta pública en la que participen ciudadanos, profesionales sanitarios y otros sectores interesados, con el objetivo de determinar si resulta conveniente y viable introducir modificaciones.
El documento menciona expresamente el tiempo previsto hasta el fallecimiento del paciente, los criterios de pronóstico médico y sus consecuencias para las personas que viven con demencia u otras enfermedades.
Actualmente, la ley exige que el solicitante conserve su capacidad de decisión y que su enfermedad previsiblemente provoque la muerte en un plazo de doce meses. Estos requisitos plantean dificultades particulares en las enfermedades neurodegenerativas que pueden evolucionar durante años y afectar progresivamente a las facultades cognitivas.
La Junta no propone directamente eliminar estos límites ni autorizar de forma automática la eutanasia en casos de demencia, pero sí recomienda que sus implicaciones sean examinadas durante la revisión legislativa.
El Gobierno asegura que no modificará la legislación
La propuesta de la Junta contrasta con la posición expresada por el Gobierno de Queensland.
El pasado 15 de octubre, durante una sesión del Parlamento estatal, el ministro de Sanidad, Tim Nicholls, respondió a una pregunta sobre el calendario de revisión de la ley y aseguró que el Ejecutivo cumplirá las obligaciones establecidas en la legislación.
Sin embargo, insistió en que el Gobierno mantiene el compromiso adquirido antes de las elecciones de no introducir cambios en las normas vigentes sobre muerte voluntaria asistida.
«Quiero subrayar que nuestro compromiso con los habitantes de Queensland antes de las elecciones era que no habría cambios en las leyes sobre muerte voluntaria asistida, y ese compromiso se mantiene», declaró el ministro, según la transcripción difundida el 16 de octubre por la diputada Sandy Bolton.
La legislación obliga al ministro a revisar su eficacia una vez transcurridos tres años desde su entrada en vigor, incluyendo expresamente los criterios de acceso. No obstante, la realización de esa revisión no implica que las recomendaciones del organismo supervisor deban convertirse en reformas legales.
Mientras se desarrolla este debate, las cifras oficiales reflejan que la eutanasia se ha consolidado como una práctica que representa ya alrededor del 3 % de las muertes en Queensland, apenas tres años y medio después de su legalización.
La discusión sobre una eventual modificación de los requisitos vuelve a situar en el centro la protección de los enfermos más vulnerables, particularmente de quienes padecen deterioro cognitivo, y la necesidad de garantizar cuidados paliativos y acompañamiento antes de que la muerte provocada sea presentada como una respuesta al sufrimiento.
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