El obispo de Northampton, David Oakley, no se declaró culpable ni inocente en su comparecencia del 10 de septiembre ante el Old Bailey, el tribunal penal central de Londres. Su defensa presentó en su lugar una solicitud para que la causa sea desestimada, de modo que la lectura de cargos quedó suspendida y el procedimiento se aplazó. El tribunal fijó el 4 de enero de 2027 para examinar esa petición, según informaron The Pillar e International Business Times UK.
Oakley afronta dos cargos de violación y uno de agresión indecente. Los hechos denunciados se sitúan entre febrero de 2000 y 2001 en Staffordshire, cuando el hoy obispo era sacerdote de la archidiócesis de Birmingham, y la acusación se refiere a una menor de 16 años. Según IBTimes UK, los hechos habrían comenzado después de una peregrinación a Lourdes, durante la cual Oakley habría besado a la joven, y las agresiones se habrían producido posteriormente en una casa parroquial y en una embarcación de canal. El prelado continúa en libertad bajo fianza con condiciones.
La solicitud presentada por la defensa pretende que el tribunal desestime la causa antes de que llegue a juicio. El Old Bailey examinará los argumentos el próximo 4 de enero; si la petición no prospera, el procedimiento penal continuará. El calendario fijado implica que la causa no se resolverá antes de 2027, con el obispo imputado y la diócesis en una situación de gobierno interino que se prolongará al menos otros cuatro meses.
Oakley se apartó de sus funciones en octubre de 2025 alegando «motivos personales», una fórmula que la diócesis mantuvo durante meses. Fue detenido en septiembre de ese mismo año, según IBTimes UK, aunque los cargos no se formalizaron hasta junio de 2026, cuando la policía de Northamptonshire presentó la acusación y la diócesis lo confirmó públicamente.
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El 30 de junio, la Santa Sede nombró administrador apostólico sede plena et ad nutum Sanctae Sedis al arzobispo de Westminster, Richard Moth. Oakley conserva por ahora el título de obispo de Northampton, mientras Moth ejerce el gobierno de la diócesis como administrador apostólico.
The Pillar añade un dato que amplía el perímetro del caso más allá del propio acusado: responsables de la archidiócesis de Birmingham habrían sido informados en 2006 de una posible conducta sexual inapropiada de Oakley y, según las fuentes citadas por ese medio, la archidiócesis no habría informado entonces a las autoridades civiles ni iniciado un procedimiento canónico. De confirmarse, el intervalo entre esa comunicación y la primera denuncia policial superaría los diecisiete años, buena parte de ellos con Oakley al frente del seminario de Oscott, que dirigió antes de su nombramiento episcopal en 2020.
Ese extremo es hoy el flanco institucional del asunto. La responsabilidad penal por los hechos denunciados se dirime en el Old Bailey y corresponde únicamente al acusado, que no ha reconocido los hechos y a quien ampara la presunción de inocencia. La cuestión de qué supo Birmingham en 2006, quién lo supo y qué hizo con esa información pertenece a otro orden: el del gobierno eclesiástico y el de los procedimientos que la propia Iglesia se ha dado para casos de este tipo. Ni la archidiócesis de Birmingham ni la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales han hecho pública una explicación sobre ese punto.
La Santa Sede tampoco ha comunicado públicamente si existe un procedimiento canónico paralelo. En este tipo de casos, las actuaciones eclesiásticas deben coordinarse con la investigación y el proceso penal para no interferir en ellos. Por ahora, Roma no ha anunciado qué decisión adoptará sobre la sede de Northampton mientras continúa la causa contra Oakley.