Palm Beach aparta a un sacerdote al que su investigación atribuye abusos y malversación

La diócesis floridana retira las facultades al padre Alex Vargas tras una investigación interna; no halló acusaciones creíbles de abuso de menores

Palm Beach aparta a un sacerdote al que su investigación atribuye abusos y malversación

La diócesis de Palm Beach, en Florida, apartó del ministerio a un sacerdote después de que una investigación interna concluyera que había incurrido en conducta sexual impropia, malversación económica y abuso de poder, así lo informan en un comunicado difundido por la misma diócesis.

El sacerdote es el padre Alex Vargas, vinculado a la parroquia de Santo Tomás Moro, en Boynton Beach. Según la diócesis —parte interesada, por ser a la vez investigadora y empleadora—, la junta de revisión diocesana estimó creíbles las acusaciones de conducta sexual impropia, mala gestión financiera, abuso de poder y violación del código de conducta diocesano.

El mismo órgano precisó que no halló acusaciones creíbles relativas al abuso de menores, un extremo que la diócesis subrayó de forma expresa en su comunicado.

La investigación fue ordenada por el obispo de Palm Beach, Manuel de Jesús Rodríguez, después de que la diócesis trasladara las acusaciones a las autoridades civiles en junio. No consta, en la información disponible, la apertura de un proceso penal ni la presentación de cargos por parte de la fiscalía.

Vargas ha quedado no apto para el ministerio por el momento (en traducción propia) y se le han retirado las facultades ministeriales. Rodríguez matizó que el sacerdote sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario (en traducción propia) y que participará en un proceso judicial en una fecha futura (en traducción propia), en referencia a la vía canónica. La diócesis nombró a otro sacerdote administrador de la parroquia y desplegó a su equipo de intervención para el acompañamiento de los fieles.

El caso se inscribe en una serie de procedimientos abiertos por diócesis estadounidenses contra clérigos por conducta impropia con adultos y por gestión de denuncias, además de los relativos a menores.

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