El Opus Dei no hace política. No la hizo nunca. La hacen, en todo caso, sus hombres, uno a uno, por libre, con esa libertad de los hijos de Dios que coincide siempre, con puntualidad de liturgia, con los intereses de la casa. La fórmula quedó fijada en noviembre de 1965 y desde entonces funciona sin una sola avería: sesenta años de servicio ininterrumpido.
Aquel noviembre quien rompió el silencio fue un benedictino con bastante autoridad moral. Fray Justo Pérez de Urbel, medievalista de Silos, consejero nacional del Movimiento y primer abad del Valle de los Caídos, declaró a un diario de la Falange que el Opus ocupaba los puestos importantes y que, ocupándolos, «no puede evitar hacer política». Añadió una advertencia romana que la Obra desmintió en el acto: si no os limitáis a ser un instituto religioso, haréis odiosa a la Iglesia. El Estado entero sufrió un escalofrío. La Dirección General de Seguridad escribió al ministro de la Gobernación ese mismo día; Exteriores abrió boletín confidencial; en el ministerio de Fraga hubo, dice el teletipo, consternación, porque el periódico había disparado sin pedir permiso. Madrid se enteró por París de lo que publicaba Alicante. Así de fino hilaba el régimen cuando alguien tocaba a la Obra.
La rectificación llegó a las cuarenta y ocho horas y es un género literario en sí misma. «Mis palabras no han tenido la intención que el periódico las ha dado», dijo el abad, y era verdad que quería al fundador: él mismo había enseñado liturgia a los tres primeros curas del Opus, don Álvaro entre ellos. El problema es que el director del diario tenía las declaraciones grabadas en cinta magnetofónica, y así consta, negro sobre morado de multicopista, en el boletín confidencial de Exteriores que este periódico acaba de exhumar.
De modo que fray Justo se desdijo de todo menos de la tesis: los del Opus, concedió, no se equivocan en nada excepto en sus actividades civiles. Un funcionario anónimo de la Oficina de Información Diplomática, leyendo aquello, anotó que en la «rectificación» —las comillas son suyas— había «una ligera punzada». Ese censor sin nombre es el mejor crítico literario que dio el franquismo.
Sesenta años después, la comunidad que fundó fray Justo negocia su supervivencia con el Gobierno de Sánchez, y la estrategia de los monjes la lleva de facto, según ha contado este periódico, un hombre sin cargo y sin mandato: Antonio Torres, empresario retirado, padre de un monje, antiguo compañero de Benigno Blanco en la extinta AVANZA, que ya firma notas como representante de la abadía y cuya apuesta consiste en pactar con Bolaños una salvaguarda. Se admite la grieta en la basílica, se admite el museo de resignificación, y a cambio se conserva lo que quede. En esta casa lo venimos llamando por su nombre: un plato de lentejas.
¿Es Torres de la Obra? La pregunta es ociosa desde 1965. La Obra no está nunca. Están sus hombres, sus entornos, sus afectos, sus antiguos socios de fundación política; y cuando el resultado es bueno, se debe al elevado nivel de capacidad intelectual de sus adheridos, que es cita literal del comunicado de entonces, y cuando el resultado es malo, resulta que era iniciativa privada. El guante es el mismo para todas las manos, ministros del desarrollo o estrategas de familia.
Hay un quiasmo que fray Justo no llegó a ver. En 1965 el aparato del Estado se movilizó en horas para que el ataque de un abad no pasara de anécdota: nota a Gobernación, boletín confidencial, rectificación exprés. En 2026 las perforadoras trabajan en la basílica y la nota de la abadía condena unas pintadas. Entonces sobraba Estado para tan poca ofensa; ahora sobra ofensa para tan poca abadía.
El abad murió en 1979 en su Valle, y allí sigue, a diferencia del hombre que lo levantó, que fue arrancado de su suelo.