El Senado francés vuelve a rechazar la ley de eutanasia, pero la Asamblea Nacional podrá aprobarla la próxima semana

El Senado francés vuelve a rechazar la ley de eutanasia, pero la Asamblea Nacional podrá aprobarla la próxima semana

El Senado francés ha vuelto a rechazar el proyecto de ley que legaliza la eutanasia —incluido el suicidio asistido—, aunque la iniciativa continúa su tramitación y podría ser aprobada definitivamente por la Asamblea Nacional el próximo 15 de julio. La Cámara Alta aprobó ayer 8 de julio una moción de rechazo por 169 votos a favor, 164 en contra y 11 abstenciones, en un nuevo episodio del intenso debate político y ético que divide al país sobre el final de la vida.

Pese a este tercer rechazo del Senado, la Constitución francesa permite que, en caso de desacuerdo entre ambas cámaras, la Asamblea Nacional tenga la última palabra. Todo apunta, por tanto, a que el proyecto impulsado por el Gobierno saldrá finalmente adelante.

Un enfrentamiento político y ético

Durante el debate parlamentario, la senadora Christine Bonfanti-Dossat, del partido conservador Los Republicanos y una de las ponentes del texto, reconoció que las discusiones de los últimos meses han desembocado en un «callejón sin salida político».

«Dos concepciones irreconciliables del final de la vida están en conflicto», afirmó. Según explicó, mientras una mayoría de diputados considera la eutanasia y el suicidio asistido como un derecho ampliamente accesible para pacientes en fase avanzada de enfermedad, la posición defendida por el Senado limita cualquier intervención a enfermos cuya muerte sea inminente, una opción que calificó como «más conforme con la ética que defendemos».

También el senador Alain Milon criticó con dureza la propuesta legislativa.

«Los grandes cambios siempre comienzan con excepciones. Levantar la prohibición de matar con el pretexto de conceder a los pacientes la libertad de morir y poner fin a su sufrimiento supone abandonar un principio fundamental sobre el que se construye nuestra sociedad», afirmó durante la sesión.

Milon lamentó además que el desenlace parlamentario parezca decidido de antemano, pese a las más de 1.800 enmiendas presentadas durante la tramitación del proyecto.

La Asamblea Nacional tendrá la decisión definitiva

Tras el rechazo del Senado, el texto regresará por cuarta vez a la Asamblea Nacional. Corresponde ahora al primer ministro, Sébastien Lecornu, activar el procedimiento previsto en el artículo 45 de la Constitución para que la Cámara Baja adopte la decisión definitiva.

La votación final está prevista para el próximo 15 de julio.

La Iglesia insiste en los cuidados paliativos

La Iglesia católica en Francia ha reiterado su rechazo al proyecto durante todo el proceso parlamentario.

El arzobispo de París, Laurent Ulrich, afirmó recientemente que «la razón y la fraternidad claman por una promoción prioritaria y generosa de los cuidados paliativos» y subrayó que «todavía hay tiempo para renunciar a este camino, que no es el de un futuro fraterno». En la misma declaración añadió que «más que ayuda para morir, nuestra sociedad necesita ayuda para vivir».

Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Francesa y arzobispo de Tours, Vincent Jordy, advirtió que no todo lo que se presenta como progreso termina beneficiando realmente al ser humano.

«Algunas decisiones que pueden parecer soluciones pueden producir finalmente efectos perjudiciales para la sociedad», señaló, al tiempo que llamó a ejercer un verdadero discernimiento para no dejarse arrastrar por «una ideología del progreso».

Los obispos franceses ya habían advertido el pasado mes de enero, antes del primer debate en el Senado, de que «los cuidados paliativos son la única respuesta verdaderamente eficaz ante las situaciones difíciles del final de la vida». En aquella declaración recordaban además que una atención adecuada «hace desaparecer casi siempre las peticiones de morir entre los enfermos terminales».

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Un desenlace previsto

Aunque el Senado ha rechazado por tercera vez la iniciativa, su oposición difícilmente impedirá la aprobación de la ley. El mecanismo constitucional previsto para resolver los desacuerdos entre ambas cámaras otorga la decisión final a la Asamblea Nacional, donde el proyecto cuenta con una mayoría favorable.

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