Sarah y el episcopado francés advierten sobre la eutanasia: «No toda ley aprobada por un Parlamento es justa»

Sarah y el episcopado francés advierten sobre la eutanasia: «No toda ley aprobada por un Parlamento es justa»

La Conferencia Episcopal Francesa ha intensificado su oposición al proyecto de ley que pretende legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en Francia con un llamamiento dirigido a los diputados para que rechacen un texto que, a juicio de la Iglesia, transformará profundamente la concepción de la vida humana y la protección de los más vulnerables.

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Francesa y arzobispo de Tours, monseñor Vincent Jordy, ha advertido de que la legalización de la eutanasia y del suicidio asistido no constituye únicamente una reforma legislativa, sino «un cambio antropológico» que modificará la manera de comprender la vida, el sufrimiento, la dependencia y la muerte.

«Es una nueva mirada sobre la vida y el final de la vida la que poco a poco se prepara para extenderse a todo el país», afirma el prelado, quien ha pedido a los parlamentarios actuar «con conciencia y responsabilidad» ante una decisión que, según sostiene, tendrá consecuencias que irán mucho más allá de los casos concretos contemplados por la ley.

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Un llamamiento a legislar con conciencia

Monseñor Jordy recordó la célebre sentencia de François Rabelais —«Ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma»— para advertir de que una cuestión de esta trascendencia no puede resolverse únicamente mediante mayorías parlamentarias o criterios ideológicos.

El arzobispo alertó de los efectos que la futura legislación podría tener sobre los profesionales sanitarios, las familias, las personas mayores, los discapacitados y, en general, los sectores más vulnerables de la sociedad.

«Esta ley va a influir necesariamente en la manera de mirar la vida, en el hecho de sentirse útil o inútil dentro de la sociedad», afirmó. A su juicio, el texto provocará además consecuencias jurídicas y sociales que acabarán afectando a todo el cuerpo social.

Como ejemplo de esa evolución recordó la experiencia de otros países donde la eutanasia fue introducida con importantes limitaciones iniciales que posteriormente se ampliaron. Citó expresamente el caso de los Países Bajos, donde —señaló— «un adolescente fue sometido a eutanasia hace pocas semanas», como muestra de que las salvaguardas iniciales pueden ir desapareciendo con el paso del tiempo.

«El consenso que pidió Macron no existe»

El vicepresidente del episcopado francés dirigió también un mensaje al presidente Emmanuel Macron, quien al comienzo del proceso legislativo había manifestado su deseo de alcanzar un amplio consenso nacional.

«Hoy sabemos que ese consenso no existe», afirmó Jordy. En su opinión, la estrecha mayoría existente en la Asamblea Nacional, las divisiones en el Senado y diversos estudios sobre la opinión pública muestran que la sociedad francesa dista de respaldar mayoritariamente una legislación de estas características cuando conoce sus implicaciones reales.

El prelado aprovechó además para responder a quienes consideran que la Iglesia no debería intervenir en este debate por respeto al principio de laicidad.

Recordó que la laicidad francesa garantiza la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la neutralidad del Estado, pero no exige el silencio de las confesiones religiosas. «La neutralidad no afecta a la sociedad; afecta al Estado», subrayó, defendiendo el derecho de los cristianos a participar en el debate público como cualquier otro ciudadano.

El cardenal Sarah: «Una democracia no decide por sí sola lo que es bueno»

Las advertencias de monseñor Jordy encuentran un sólido respaldo en las reflexiones del cardenal Robert Sarah, quien en su libro 2050, escrito junto al periodista Nicolas Diat, aborda precisamente los límites morales de la democracia y la responsabilidad del legislador ante cuestiones como la eutanasia.

Para el purpurado guineano, la legitimidad democrática no convierte automáticamente una ley en justa.

«No porque una ley haya sido votada en un Parlamento democrático es buena en sí misma», afirma Sarah. La democracia —explica— constituye una forma legítima de gobierno, pero no crea el bien y el mal ni puede sustituir los principios inscritos en la ley natural.

El cardenal advierte contra el riesgo de una «tiranía democrática» que «no reconoce ningún límite a su poder e impide toda discusión». En ese escenario, sostiene, el poder político termina convirtiéndose en la única fuente del derecho, desligándose de cualquier referencia objetiva a la dignidad de la persona humana.

Apoyándose en la tradición filosófica clásica, Sarah cita a Cicerón para recordar que existe «una ley verdadera, conforme a la recta razón y a la naturaleza», anterior a cualquier legislación positiva y que ningún Parlamento puede abolir.

La ley natural como fundamento de la legislación

El cardenal vincula esta reflexión con las palabras pronunciadas recientemente por León XIV durante el Jubileo de los Gobernantes, cuando recordó a los responsables políticos que «la ley natural, universalmente válida más allá de otras opiniones discutibles, constituye la brújula para legislar y actuar».

Sin esa referencia, advierte Sarah, «la democracia corre el riesgo de hundirse en los pantanos del relativismo destructivo», convirtiéndose en lo que san Juan Pablo II definía como una «democracia sin valores», susceptible de derivar en formas de totalitarismo abiertas o encubiertas.

El purpurado concluye que las leyes «deben respetar y promover siempre a la persona humana» y sostiene que «una ley que no respete el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, cualquiera que sea la condición de la persona —sana o enferma, embrionaria, anciana o terminal—, no es una ley conforme al designio de Dios».

A pocas horas de una votación que puede marcar un antes y un después en la legislación francesa, las intervenciones de monseñor Jordy y del cardenal Sarah convergen en una misma advertencia: la discusión sobre la eutanasia no afecta únicamente a la regulación del final de la vida, sino a la concepción misma de la dignidad humana y a los límites éticos que deben orientar toda democracia.

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