La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes por unanimidad la proposición de ley destinada a reforzar la protección de los menores frente a la violencia en el ámbito escolar y extraescolar. Sin embargo, el texto definitivo dejó fuera dos de las medidas que habían suscitado mayor preocupación en la Iglesia católica: la supresión del secreto de confesión y el endurecimiento de los controles sobre la enseñanza católica concertada.
La decisión supone un importante cambio respecto a las versiones iniciales del proyecto, que habían provocado la reacción pública de la Conferencia Episcopal Francesa pocos días antes del debate parlamentario.
El Parlamento elimina la disposición sobre el secreto de confesión
La propuesta original contemplaba obligar a los ministros de culto a denunciar los casos de violencia contra menores conocidos en el ejercicio de sus funciones, incluso cuando esa información hubiera sido obtenida durante una confesión sacramental.
El texto especificaba expresamente que ningún “secreto de confesión” podría oponerse a dicha obligación de denuncia, una disposición que fue duramente criticada por la Iglesia y cuestionada por diversos especialistas en derecho.
Finalmente, los diputados optaron por retirar esta medida antes de la aprobación definitiva de la ley. De este modo, el secreto de confesión mantiene la protección jurídica que le reconoce actualmente el ordenamiento francés dentro del régimen general del secreto profesional.
Diversos juristas habían advertido de que la propuesta planteaba interrogantes sobre la libertad religiosa y la relación entre el Estado y las confesiones religiosas. También recordaron que la legislación francesa ya contempla mecanismos para perseguir los abusos sin modificar el régimen jurídico del sigilo sacramental.
Alivio en la Iglesia francesa
El obispo de Nanterre, Mons. Matthieu Rougé, y delegado de la Conferencia Episcopal Francesa para la enseñanza católica, expresó públicamente su satisfacción por el resultado del debate parlamentario.
En declaraciones a France Info, el prelado se mostró “muy feliz” por la aprobación unánime de una ley centrada en lo que calificó como los “verdaderos objetivos”: la protección de los menores y la lucha contra la violencia en los centros educativos.
Respecto al secreto de confesión, Rougé consideró que la cuestión se había incorporado al debate de forma “algo parasitaria” y defendió la importancia del sigilo sacramental dentro de la tradición católica.
“El mantenimiento del secreto de la confesión puede ser un medio de liberación de la palabra”, afirmó el obispo, quien explicó que un sacerdote puede animar a una víctima a denunciar los hechos por otras vías sin quebrantar la confidencialidad propia del sacramento.
También desaparecen las medidas que preocupaban a la enseñanza católica
Otra de las disposiciones finalmente retiradas fue la que preveía modificar el régimen de renovación de los contratos de asociación entre el Estado y los centros privados concertados.
La medida había despertado inquietud entre los responsables de la enseñanza católica, que veían en ella un posible incremento de la tutela estatal sobre estos centros.
Rougé calificó igualmente de “alivio” la retirada de esta disposición y defendió la importancia de la llamada Ley Debré, que regula desde hace décadas la relación entre el Estado francés y la enseñanza privada concertada.
Un debate que venía de lejos
La polémica sobre el secreto de confesión no surgió con esta ley. La cuestión ya había aparecido en las recomendaciones formuladas por la comisión parlamentaria que investigó el escándalo de Bétharram y también figuraba entre algunas de las propuestas planteadas años atrás por la Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (CIASE).
La Conferencia Episcopal Francesa había advertido la semana pasada de que determinadas disposiciones del proyecto podían afectar a libertades fundamentales como la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de enseñanza y el secreto profesional de los ministros de culto.
La aprobación final del texto sin las medidas más controvertidas ha permitido, sin embargo, un amplio consenso político. Los 187 diputados presentes en la votación respaldaron por unanimidad una ley centrada en reforzar los mecanismos de protección de los menores en escuelas y actividades extraescolares.