La Conferencia Episcopal Francesa ha alzado la voz contra una proposición de ley que será debatida este lunes 1 de junio en la Asamblea Nacional y que, según denuncian los obispos, podría poner en peligro tanto el secreto de confesión como la autonomía de la enseñanza católica. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario del ex primer ministro Gabriel Attal bajo el argumento de reforzar la protección de los menores frente a la violencia en el ámbito escolar, ha provocado la reacción pública del episcopado francés.
Según informó Le Figaro, los obispos expresan su «gran preocupación» por varias disposiciones del texto, al considerar que afectan a libertades fundamentales como la libertad de culto, la libertad de conciencia y la libertad de enseñanza. Aunque la Iglesia francesa respalda los esfuerzos para prevenir abusos y proteger a los menores, advierte de que algunos artículos van mucho más allá de ese objetivo.
El secreto de confesión, en el punto de mira
La principal preocupación de los obispos se centra en el artículo 9 de la propuesta legislativa. El texto pretende obligar a los ministros de culto a denunciar cualquier caso de violencia contra menores que llegue a su conocimiento, incluso cuando esa información haya sido recibida en el ejercicio de su ministerio sacerdotal.
La proposición especifica expresamente que ninguna invocación al secreto de confesión podría oponerse a dicha obligación de denuncia.
Esta cuestión afecta a uno de los pilares fundamentales del sacramento de la reconciliación. El secreto sacramental es considerado absolutamente inviolable y su vulneración comporta las más graves sanciones canónicas para un sacerdote.
Los obispos recuerdan además que el ordenamiento jurídico francés ha reconocido históricamente la protección del secreto profesional de los ministros de culto. En este sentido, remiten al caso de monseñor Pierre Pican, obispo de Bayeux y Lisieux, cuya situación fue analizada por la justicia francesa a comienzos de siglo. La jurisprudencia confirmó entonces la obligación de los ministros religiosos de guardar secreto sobre aquello conocido en el ejercicio de su ministerio.
La Iglesia insiste en que esta defensa del sigilo sacramental no supone encubrir delitos ni impedir la acción de la justicia. De hecho, recuerda que las normas eclesiásticas obligan a denunciar y actuar frente a los abusos conocidos fuera del contexto de la confesión sacramental, una línea que fue reforzada durante el pontificado de Francisco.
Nuevos controles sobre la enseñanza católica
La segunda gran preocupación del episcopado afecta a la educación. El proyecto prevé ampliar significativamente las competencias de supervisión del Estado sobre los centros privados concertados, entre ellos los colegios católicos.
Hasta ahora, los controles se centraban principalmente en verificar el cumplimiento de los programas académicos oficiales. La nueva normativa permitiría extender esas inspecciones a todos los ámbitos de la vida de los centros, incluido su denominado «carácter propio», es decir, aquellos elementos que expresan su identidad específica.
En la práctica, la medida podría afectar a cuestiones relacionadas con la formación moral, la educación afectivo-sexual o la transmisión de la antropología cristiana, ámbitos en los que los colegios católicos mantienen criterios propios inspirados en la doctrina de la Iglesia.
Según advierten los obispos, el endurecimiento de los mecanismos de control podría incluso desembocar en sanciones administrativas o en el cierre de centros.
Temor a una mayor tutela estatal
La propuesta contempla además la creación de un Consejo Académico de la Enseñanza Privada destinado a reforzar la capacidad de supervisión del Estado sobre estos establecimientos.
Diversos responsables de la enseñanza católica interpretan esta medida como un paso más hacia una creciente tutela estatal sobre los centros concertados, reduciendo progresivamente el margen de autonomía que históricamente han conservado dentro del sistema educativo francés.
Por ello, la Conferencia Episcopal Francesa ha decidido intervenir públicamente antes del debate parlamentario para alertar sobre lo que considera una amenaza simultánea a la libertad religiosa y a la libertad educativa.
Aunque los obispos reconocen la necesidad de combatir cualquier forma de violencia contra los menores, sostienen que la protección de los niños no puede convertirse en un argumento para debilitar derechos fundamentales que forman parte del marco democrático francés y de la propia tradición jurídica de la República.