Por Hadley Arkes
Al llegar al 47º aniversario de Roe v. Wade, los pro-vida se reunieron de nuevo en la Marcha por la Vida junto a lo que suele ser el clima más frío que se sufre en Washington D.C. La Marcha comenzó con discursos en el Mall y luego se movió, en masa, por la Avenida Constitution hasta culminar en la Corte Suprema, la escena del crimen.
En enero de 1973, siete jueces se encargaron de barrer, de un plumazo, las leyes de todos los estados y del Distrito de Columbia que protegían la vida de un niño en el útero. Y ahora, los pro-vida se dirigen a la Corte con el sentido de buscar una reparación por el mal que emanó de ese lugar, transformando la cultura así como las leyes.
Van con una esperanza más viva de que la Corte, tal como está constituida ahora, esté más cerca del momento en que el caso Roe v. Wade pueda ser anulado, o al menos reducido, en un movimiento decisivo que llevaría, paso a paso, a su desaparición.
En mi última columna recordé el ejemplo clásico de los poderes del Estado, encabezados por Lincoln, que contrarrestaron la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott que amenazó con barrer todas las leyes que prohibían la esclavitud. Como traté de demostrar, el argumento de Lincoln a favor del papel constitucional de los poderes del Estado estaba anclado en la lógica misma de la separación de poderes bajo la Constitución.
Durante los últimos veinte años, algunos de nosotros hemos tratado de hacer explícita la comprensión de Lincoln como parte del preámbulo, o comprensión, adjunta a la legislación pro-vida. Ese esfuerzo fracasó, por varias razones, hasta que en 2002 logramos aprobar la Ley de Protección de Bebés Nacidos en Vida, que buscaba proteger a los niños que habían sobrevivido a abortos.
Y ahora algunos de nosotros hemos tratado de plantear el problema nuevamente con la secuela, el proyecto de ley que busca adjuntar graves sanciones para los cirujanos que matan a los bebés que sobreviven al aborto. Si la clase política hubiera sido clara en este entendimiento en el período previo a Roe v. Wade, no habría habido necesidad de que los pro-vida marchen junto al frío cada enero.
El argumento comienza volviendo al clásico caso de Cohens v. Virginia (1822). El Presidente del Tribunal Supremo John Marshall observó allí que cualquier cuestión que se planteara en virtud de la Constitución y las leyes de los Estados Unidos podría estar al alcance del poder judicial del gobierno federal.
Pero si ese fuera el caso, sugerimos que el corolario era claramente el siguiente:
Si el Tribunal Supremo puede articular nuevos «derechos» en virtud de la Constitución, el poder legislativo debe poder reivindicar los mismos derechos en virtud de la misma Cláusula de la Constitución en la que el Tribunal afirma haberlos encontrado. Y al llenar esos derechos, el Congreso, al mismo tiempo, puede marcar sus límites. Lo único que no debería ser defendible bajo esta Constitución es que el Tribunal pueda articular nuevos derechos – y luego asignarse a sí mismo un monopolio del poder legislativo en la conformación de esos derechos.
Con la lógica benigna de la separación de poderes, habría existido una diferencia profunda si el juez Brennan y sus colegas hubieran entendido, desde el principio, que si soltaban sobre el país este nuevo «derecho al aborto», los jueces no podrían mantener el control del mismo. El Congreso lo habría puesto en sus manos de inmediato, y sabemos, por el registro, lo que el Congreso probablemente habría hecho.
No olvidemos que los partidos no estaban tan polarizados como ahora en esta cuestión. Había fuertes demócratas pro-vida en el Congreso, reflejando la indignación de sus votantes, y bastante dispuestos a hacer algo. Si el Congreso hubiera puesto sus manos en este asunto, habría sido para contrarrestar por la fuerza la decisión de Roe, no para respaldarla y promoverla como un avance en nuestra jurisprudencia.
El juez William Brennan no era un mal lector de los vientos políticos, y con este elenco de cosas, parece muy improbable que hubiera animado a sus colegas a tomar esta decisión, sobre todo con dos jueces en la disidencia erizada.
En ese caso nos habríamos ahorrado la escena de los pro-vida que marchan cada año junto al frío, dando vueltas alrededor del Capitolio hasta llegar a la Corte – y con ese movimiento confirmando una premisa aún peor: que, entre los poderes de nuestro gobierno, la Corte es realmente la más soberana de todas para gobernar nuestras vidas.
Lo que estoy sugiriendo es que la simple lógica de la separación de poderes – la lógica explicada por Lincoln y ejemplificada por su Administración -, lógica de la Constitución, podría haber sido suficiente para habernos ahorrado la decisión que desfiguró nuestras leyes y alteró las sensibilidades morales de nuestro pueblo.
Si y cuando Roe v. Wade sea revocada, debería ser en un día de junio, cuando la Corte anuncie sus decisiones sobre los casos más cargados de controversia. En ese caso, la Marcha pro-vida de celebración podría celebrarse en primavera, con los signos de la vida renovándose.
Y sin embargo, mi opinión sobre los pro-vida es que todavía marcharían cada enero junto al frío. Porque algo en ellos no quiere hacer las cosas fáciles. Preferirían recordar con fría sobriedad que la tentación de hacer cosas irreflexivas, incluso asesinas, puede surgir incluso de gente decente que vive en buenos lugares.
Acerca del autor:
Hadley Arkes es el fundador/director del “James Wilson Institute” en Washington y profesor de jurisprudencia emérita en la “Amherst College”. Fue el arquitecto del “Born-Alive Infants’ Protection Act”. Su libro más reciente es “Constitutional Illusions & Anchoring Truths: The Touchstone of the Natural Law”. El volumen II de sus conferencias de audio de “The Modern Scholar, First Principles and Natural Law” ya está disponible para descargar.
