El cuerpo del padre Román de la Cruz Hernández apareció el 15 de septiembre de 2026 a un costado de la carretera Tolago-Tetlapaya, en los límites de Lolotla y Tlanchinol, Hidalgo. Tenía 48 años, era párroco de Santa Cruz, en la diócesis de Huejutla, y coordinaba la Pastoral Profética de esa Iglesia particular. Lo hallaron boca abajo, con heridas de arma de fuego y una cartulina adherida a la espalda. Cerca, una camioneta Toyota Tacoma con placas de Baja California. El mensaje no se ha hecho público, pero el lenguaje es el de siempre, el cadáver como advertencia, la carretera como escenario, el sacerdote como recado.
Un mes antes, la misma diócesis había alertado que delincuentes interceptaban teléfonos de sacerdotes para extorsionar a los fieles haciéndose pasar por ellos. La Huasteca hidalguense es una zona donde grupos criminales se disputan el tráfico ilícito de combustible. El padre Román no era un extraño en ese paisaje. Nacido en Mazahuacán, ordenado en 2006, desde 2024 era el primer párroco diocesano de una comunidad de apenas mil quinientas almas. Su ministerio, el cual se ha constatado fue comprometido y muy querido por los fieles, se ejercía a ras de suelo donde el Estado de derecho ya no manda. Que su muerte pueda leerse como represalia y advertencia denotaría el patrón documentado del crimen organizado que no necesita persecución religiosa para aniquilar a quien todavía estabiliza socialmente, denuncia o simplemente es un referente de presencia moral.
El Centro Católico Multimedial lo ha dicho con cifras que ya deberían avergonzar a cualquier administración. En el recuento de largo plazo: un cardenal, 62 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos y 23 laicos, entre ellos una periodista católica, asesinados; tres sacerdotes desaparecidos.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, diez sacerdotes y un seminarista asesinados, siete obispos violentados, diez sacerdotes agredidos. En lo que el informe 2025 registra del gobierno de Claudia Sheinbaum, tres sacerdotes asesinados, uno desaparecido y 23 laicos cercanos a la labor pastoral ejecutados. Trece sacerdotes suman ambas administraciones. El padre Marcelo Pérez en Chiapas, el padre Bertoldo Pantaleón en Guerrero, el padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis en el Estado de México. Ahora Hidalgo se suma al mapa con Román de la Cruz. La tabla 1990-2025 del propio CCM ya colocaba a Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y la Ciudad de México en la cima de la agresiones. El dato no consuela, solo prueba que la geografía de la impunidad se ensancha.
El CCM también ha advertido, año tras año, que los homicidios de clérigos pueden bajar en número mientras se multiplican las agresiones, las extorsiones, los tiroteos junto a templos, los laicos sacrificados por negarse a colaborar con el crimen y los templos convertidos en botín. Más del 80 por ciento de estos crímenes permanece en impunidad.
La jerarquía ha exigido, como siempre, una investigación exhaustiva y justicia expedita. El obispo de Huejutla pidió no especular y, al mismo tiempo, reconoció la violencia alarmante del país. Esa exigencia ya no basta. Un comunicado episcopal no detiene a quien abandona un cuerpo con mensajes en la carretera. Se necesita un Estado fuerte, purgado de la impunidad que ha entregado regiones enteras como botín. Lo que hay es otra cosa, un Estado complaciente, corrupto y decadente que convive con los poderes fácticos, que minimiza los asesinatos como “violencia generalizada” o como defectos personales de las víctimas y que, mientras tanto, permite que se inocule la vacuna de la normalización del mal. El templo deja de ser terreno neutro. El sacerdote deja de ser intocable. El laico que catequiza o defiende bienes comunales se vuelve objetivo. Eso no es un accidente de la inseguridad, es el resultado de un vacío de poder que el crimen ha sabido ocupar.
El informe del CCM es claro en un punto que conviene no retorcer, no hay persecución oficial contra la fe, ni veda al culto, ni odio doctrinal de Estado, pero hay algo más sutil y hasta cínico. Hay una estrategia de sometimiento contra quienes todavía funcionan como estabilizadores sociales en comunidades donde el narco impone economía, reclutamiento y “gobierno”. Hay polarización política que señala al clero cuando incomoda. Y hay un Estado que ha depuesto responsabilidades para encumbrar, de hecho, una narcocracia con fachada institucional.
México no parece haber tocado fondo. Los asesinatos y las agresiones continuarán, no porque alguien persiga el Evangelio, sino para aniquilar y doblegar a las pocas instituciones que aún denuncian el abandono, la desigualdad y el pacto implícito con quien destaza el país.
El precio ya está a la vista. La sangre y la muerte son el salario de un Estado embriagado por el poder desmedido, que cobija a los suyos a costa de miles de mexicanos. Entre ellos, otra vez, un sacerdote católico arrojado como un despojo en un baldío de un punto perdido del Estado de Hidalgo. Contarlo no es suficiente. Dejar que se normalice es aceptar que el país se hunda en la degradación con la factura pagada en vidas, ya no basta contar muertos.