Cada 30 de agosto el mundo recuerda a quienes fueron arrancados de la vida… La Asamblea General de las Naciones Unidas fijó la fecha en 2010; en 2026 coincide con los veinte años de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El lema de la conmemoración es nítido: Las víctimas primero. Acciones ya. El Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y mecanismos de África, Asia y Europa reiteraron que los Estados no pueden trasladar a las familias la carga de buscar, investigar y sostener la memoria.
Lamentablemente, México encabeza las acciones legales urgentes ante el Comité de la ONU, alrededor de un tercio del total, y es el primer país al que se le aplica el artículo 34 de la Convención por indicios fundados de que la desaparición se practica de forma generalizada, consuetudinaria o sistemática.
Más de 130 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional; el grueso se concentra en los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León. Desde 2019, las fiscalías reconocen haber atendido a más de 25 mil madres buscadoras. Una estimación reciente sitúa en unos 165 mil a las hijas e hijos que crecen con un padre o una madre ausente y sin política pública que los nombre.
La paradoja es cruel. El gobierno anuncia miles de “localizaciones” por cruce de bases y alertas; las familias responden que el rezago forense, la impunidad y los ataques contra quienes buscan, decenas de buscadoras asesinadas o desaparecidas en la última década, no se resuelven con reclasificaciones. En Guerrero, Jalisco, Sonora y Sinaloa hay marchas, difusión de fichas, ofrendas y misas porque el Estado sigue llegando tarde, si es que llega.
Frente a esa omisión, la Iglesia católica mexicana, durante años irregular, a veces distante, a veces valiente en parroquias aisladas, comienza a articular un acompañamiento más explícito. La Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a las iglesias del país acoger a las familias en las celebraciones, permitir que se nombre a los desaparecidos en la oración de los fieles, facilitar buzones de paz para información anónima y no permanecer indiferentes el 30 de agosto. “Sanar esta herida también es una tarea de todos”, escribió el Episcopado.
En Jalisco, epicentro de la tragedia y de la resistencia, la arquidiócesis de Guadalajara ha sostenido una tradición que este domingo se renueva, la misa por los desaparecidos en el Santuario de los Mártires, presidida por el cardenal José Francisco Robles Ortega, con colectivos que caminan hasta el Santuario a manera de peregrinación con implicaciones profundas. El cardenal ha dicho en ediciones anteriores lo que las autoridades evaden, la negligencia institucional ante lugares ya señalados como trampas de captación. No es sólo liturgia. En la misma ciudad, las Carmelitas del Sagrado Corazón mantienen Casa Luisita, albergue abierto en 2023 para familias que llegan de otros municipios y estados a peinar fiscalías, panteones y predios. Allí hay techo, atención médica y psicológica, rosario y eucaristía; de las familias recibidas, decenas han localizado a los suyos, casi siempre sin vida.
Ese pulso se replica, desigual, en otras circunscripciones. En Chilpancingo-Chilapa, el obispo José de Jesús González Hernández pidió a párrocos destinar un espacio en cada templo para fotografías y pronunciar los nombres en la oración universal del domingo. En Hermosillo, la catedral instaló un Buzón de Paz y el párroco Martín acompaña desde hace años a las Madres Buscadoras de Sonora.
En Mazatlán habrá misa en la Catedral Basílica con fotos, lonas y globos, en Tijuana se ha reservado, desde hace tiempo, una eucaristía periódica para las familias. En Chiapas y otras diócesis se ensayan los mismos buzones. El Diálogo Nacional por la Paz ha insistido en poner a las víctimas en el centro de cualquier pacto social. Nada de eso es suficiente. Todo eso es indispensable mientras el Estado abdique.
Palabras en este día no pueden endulzar el diagnóstico. La desaparición forzada, cometida por agentes del Estado o con su aquiescencia, o por particulares ante la inacción sistemática, no se repara con un cruce informático que infla “hallazgos” de ausencias voluntarias. Las madres buscadoras no pidieron vocación de peritas forenses ni de excavadoras. Se la impuso un país que normalizó la fosa y el silencio. La Iglesia que ahora abre atrios y templos debe cuidar no espiritualizar el crimen o relativizar las exigencias de verdad, justicia y no repetición. Acompañar es orar y documentar, hospedar e interpelar al poder, nombrar a los ausentes y exigir que la búsqueda deje de ser un trabajo no remunerado, peligroso y feminizado.
Este 30 de agosto, en Ginebra se hablará de víctimas primero. En Guadalajara, Chilpancingo, Hermosillo y decenas de parroquias las víctimas ya están primero: son ellas quienes caminan. Falta que el Estado deje de tratarlas como un problema de imagen y asuma, por fin, lo que le toca, mientras, el lema de este día, para México, será desafortunado: Las víctimas primero, las acciones… todavía no.