Todavía la comunidad católica lamentaba el asesinato del padre Román de la Cruz Hernández de la diócesis de Huejutla, cuando en plena festividad de Nuestra Señora de la Merced, el 24 de septiembre, en el atrio del templo del mismo nombre, Patricia, danzante de las Piel Rojas, fue asesinada a balazos mientras ocurrían las celebraciones y el culto público en honor de la Santa patrona; los fieles vivieron momentos de horror en el recinto sacro, mientras la víctima yacía sin vida en el atrio. La tregua de la fiesta patronal se rompió para generar desconcierto y terror.
En Valle de Santiago, esa alegría se resquebrajó con un mensaje preocupante, la parroquia dejó de ser recinto de paz y la festividad religiosa perdió su significado de cohesión y de respeto, pero Patricia no es un caso aislado de “daño colateral” o víctima circunstancial.
Los reportes del Centro Católico Multimedial documentan una evidencia creciente y se ha preferido poner en el costal de la estadística al constatar que las comunidades católicas ya son blanco. No hay, dice el propio CCM, un odio a la fe al estilo de los años veinte, pero existe un fenómeno que ha mutado en una neopersecución.
Guanajuato lo ilustra con una crueldad inaudita. El 16 de marzo de 2025, en San José de Mendoza, Salamanca, un comando disparó contra jóvenes que, después de misa, convivían en la cancha contigua a la parroquia. Varios pertenecían a la Pastoral Juvenil de la diócesis de Irapuato; eran estudiantes y trabajadores, no sicarios. En mayo, en San Bartolo de Berrios, San Felipe, otros siete jóvenes cayeron al término de un festejo parroquial por el Día de las Madres. En agosto, Ulises Arturo Martínez, de 19 años, y Edgar Noé Rodríguez Cervantes, de 21, integrantes de grupos apostólicos de la parroquia San Felipe Apóstol, uno había sido soldado romano y el otro apóstol en la Pasión de Cristo, fueron privados de la libertad y hallados muertos.
En Chiapas, otra tragedia fue similar. El 13 de mayo de 2024, en el ejido Nueva Morelia de Chicomuselo, un comando masacró a once personas. La diócesis de San Cristóbal de Las Casas identificó entre ellas a catequistas, Ignacio López e Isidra Sosme Temich, y a su familia. No eran sicarios, se resistían a abandonar sus casas y a enrolarse en las bandas que se disputan la región. Después de matarlos, incendiaron la vivienda. Dos cuerpos quedaron calcinados.
En Oaxaca, la misma violencia alcanzó a dos mujeres que iban a la celebración de aniversario del obispo. El 15 de junio de 2023, Gertrudis Cruz de Jesús y Cliserina Cruz Merino, primas, catequistas triquis de la parroquia de San Juan Bautista Copala, en la diócesis de Huajuapan de León, salían de Tierra Blanca para unirse a los festejos por el vigésimo quinto aniversario de ordenación sacerdotal del obispo Miguel Ángel Castro Muñoz.
Fueron emboscadas a balazos en el paraje Cruz Chiquita, en Yosoyuxi; Gertrudis murió camino al hospital, Cliserina murió día siguiente en la fiesta del Sagrado Corazón. El obispo, consternado, no se limitó al lamento ritual. «Algo me quiere decir Dios», dijo el prelado y se atrevió preguntar: ¿Qué ha omitido la Iglesia, ¿qué ha dejado de escuchar, qué activismo ha sustituido al encuentro? Recordó que ellas mismas, dos años antes, le habían hablado de sus miedos y de una gente que no podía salir en paz. Habían sostenido la unidad en una zona partida por agrupaciones armadas atendiendo a unos y a otros porque el Evangelio no es patrimonio de un bando.
Otro hecho en Zacatecas, la noche del 27 de diciembre de 2022, en Noria de Ángeles, sujetos armados alcanzaron a una familia. Murieron José Dorian Piña Hernández, seminarista de 25 años que cursaba el tercer año de Teología, y una niña. Dos mujeres resultaron heridas. El Seminario Conciliar de la Purísima lo clamó como si fuera un grito en el desierto: “¡No queremos más violencia ni muerte de inocentes!”.
Y está Norma Sarabia Garduza, la periodista católica que el CCM no consiente olvidar entre los laicos. El 11 de junio de 2019, en la puerta de su casa en Huimanguillo, Tabasco, dos sicarios en motocicleta la acribillaron. Tenía 46 años. Fue la sexta periodista asesinada aquel año.
Los números del CCM son el reverso de las cifras de la “victoria”. Valle de Santiago encierra la pregunta que el poder no quiere oír: ¿Qué queda del Estado de derecho? Las cifras de operativos, detenciones y “construcción de paz” contrastan con un México que sigue hundiéndose y donde todos, menos quienes se protegen con el poder y con las alianzas del narco, podemos ser víctimas, sea por la profesión, por el trabajo, incluso por desempeñar esa labor callada de estabilización social que nace de la religión y de la fe.
México no ha tocado fondo. Una de sus tablas de salvación, la religión vivida en comunidad, ya no tiene ni las mínimas garantías para existir en paz. No se debe dejar de clamar ni de nombrar a los laicos, a los fieles de a pie. Patricia, los jóvenes de Salamanca y San Felipe, las familias de Chicomuselo, Gertrudis y Cliserina, Dorian, Norma cuya vida se segó porque se ha preferido el pacto con el crimen antes que otorgar paz y certidumbre. El Estado de derecho está roto y carcomido por la corrupción y el pecado; fueron laicos asesinados, hijos de la Iglesia y sus nombres, como las de miles de víctimas, se han hecho pura estadística archivada al amparo de la impunidad.