La Conferencia del Episcopado Mexicano inaugura este lunes 9 de noviembre su 121 Asamblea Plenaria. Ocurrirá quizá en un tiempo de desafíos como nunca en la historia contemporánea. Llega cuando el país padece la corrupción pública que ha alcanzado niveles que deslegitiman instituciones enteras, donde la violencia continúa golpeando a comunidades y a quienes las pastorean y cuando la Iglesia se prepara simultáneamente para el quinto centenario guadalupano de 2031 y para la renovación de parte de su propio episcopado.
Los obispos se reúnen, por tanto, ante retos que no admiten respuestas a través de pastorales o documentos de trámite. De la calidad de su discernimiento dependerá, en buena medida, si la Iglesia ofrece a México una palabra lúcida y una presencia efectiva o si se limita a reiterar llamados que ya no alcanzan a iluminar la gravedad de la hora. Quizá cuatro ejes, con toda probabilidad, marcarán las deliberaciones y merecen ser ventilados con franqueza.
Entre los temas nacionales, la desmedida y apabullante corrupción de la vida pública del país pone en tela de juicio las instituciones, entre ellas las electorales. Los escándalos recientes en torno al Instituto Nacional Electoral, filtraciones de audios y videos, contratos cuestionados y la renuncia de su presidenta, han erosionado la confianza ciudadana precisamente cuando se aproxima la renovación de 500 diputados federales, 17 gubernaturas y cerca de 19 mil cargos locales.
En este escenario, los obispos deberían realizar un examen serio del papel fundamental que tiene la Iglesia en torno a la ética y la correcta vida pública. No se trata de inducir el voto ni de convertirse en árbitros electorales, sino de iluminar, desde la Doctrina Social de la Iglesia, los criterios de honestidad, justicia y bien común para quienes buscan el poder. La perspectiva hacia las elecciones de 2027 exige que la asamblea discuta cómo acompañar a los fieles para que disciernan sin cálculo partidista, pero también sin callar ante la normalización de la impunidad y la captura de instituciones. De lo contrario, el silencio o la tibieza se interpretarían como complicidad con un deterioro institucional que ya no admite eufemismos.
Por otro lado, si bien en la pasada asamblea de abril se dio una apuesta por el fomento de la cultura vocacional, los obispos también deberían realizar un examen serio y poner sobre la mesa los efectos y consecuencias de la violencia contra el clero.
En lo que va de 2026 se han registrado asesinatos de sacerdotes, secuestros y agresiones. El caso del padre Clemente Morales Topete en Culiacán, privado de la libertad, golpeado y torturado, y el homicidio del padre Román de la Cruz Hernández en Hidalgo son apenas los más recientes.
A ello se suman expresiones de odio, discriminación y de “violencia política” azuzadas desde redes sociales contra obispos y sacerdotes que se atreven a denunciar. No se trata únicamente de hechos del crimen organizado; también existe un clima de hostilidad que busca silenciar la voz pastoral. Un fruto concreto de esta asamblea debe ser la actualización de los protocolos de protección a sacerdotes y templos y el acompañamiento particular a los obispos que se encuentran en el campo raso de comunidades difíciles y violentas. Ignorar esta dimensión sería un descuido pastoral grave, especialmente cuando la propia jerarquía ha documentado durante años la vulnerabilidad de sus ministros.
Otro tema es la actualización hacia el 2031 del PGP 2031-2033 y la supuesta reforma anunciada a la Basílica de Guadalupe que constituye otro eje delicado. Aunque la responsabilidad primaria corresponde a la arquidiócesis de México, el santuario es patrimonio de toda la Iglesia mexicana. Tras los escándalos financieros que involucraron al exrector Efraín Hernández Díaz, denuncias del Cabildo, auditorías (incluida una de Deloitte ordenada desde el Vaticano) y el posterior nombramiento del canónigo Daniel Villalobos Ortiz, no se ha tenido una perspectiva clara de la intervención de la CEM ni de las medidas adoptadas para garantizar transparencia. La preparación del jubileo guadalupano no puede quedar atrapada en opacidad administrativa. La asamblea debería exigir claridad y un marco de corresponsabilidad que asegure que el camino hacia 2031 se recorra con integridad.
Finalmente, en la renovación de los episcopados, aunque en una asamblea plenaria es poco probable que se den anuncios formales de cambios, ya existen designaciones relevantes. Una de las más significativas es la del arzobispado de Puebla, Jorge Carlos Patrón Wong tomará posesión el 19 de noviembre, relevando a Víctor Sánchez Espinosa. Otras sedes mayores siguen pendientes. En este marco circula la “ilusión” de una visita papal de León XIV en 2027. La diplomacia vaticana y las declaraciones del presidente de la CEM apuntan a posibilidades en 2027 o, con mayor certeza, en 2031.
Sin embargo, la rispidez del calendario electoral mexicano y el riesgo de que cualquier presencia pontificia sea instrumentalizada con fines políticos, incluso al interior de la propia Iglesia, hacen improbable una visita en 2027.
La 121 Asamblea enfrenta retos sociales y eclesiales que no son menores, la corrupción que deslegitima instituciones, la violencia que amenaza a los pastores y a las comunidades, la necesidad de transparencia en el corazón guadalupano y la renovación ordenada de la jerarquía. No obstante, la Iglesia de México se asoma a estos días con esperanza. Cada vez está más cerca el gran jubileo de las apariciones guadalupanas de 2031 y la celebración de los dos mil años de nuestra redención en 2033. Esas fechas son kairós que invitan a convertir las asambleas en momentos de conversión real, de verdad y de profecía. Si los obispos aprovechan esta oportunidad con valentía y sin temor al costo, la Iglesia podrá ofrecer a un país herido no solo diagnósticos, sino caminos concretos de luz en la Verdad del Evangelio.