La activista provida británica Isabel Vaughan-Spruce se declaró no culpable el pasado 7 de octubre, ante el Tribunal de Magistrados de Birmingham, de cinco nuevos cargos por permanecer en silencio y en actitud de oración junto a una clínica abortista, dentro de la «zona de acceso seguro» que establece la ley británica. El juicio está previsto para 2027, y su defensa, apoyada por ADF International, sostiene que el proceso constituye un abuso de procedimiento.
Los nuevos cargos sustituyen al único que la Fiscalía presentó contra ella el 17 de diciembre de 2025, el primero formulado bajo la normativa de zonas de seguridad que prohíbe influir en las decisiones de quienes acceden a un centro abortista en un radio de 150 metros. El juez Tan Ikram advirtió en la vista de que la acusación original estaba mal redactada, porque la ley exige un «acto» que no se había incluido, y permitió a los fiscales corregirla; la Fiscalía optó por imputar una conducta por cada ocasión en que Vaughan-Spruce se quedó de pie rezando.
El juez: «Estar de pie no es un delito»
En la misma vista el magistrado afirmó que «standing is not a crime» y que «no importa cuántas veces lo hagas, la mera presencia no basta». Añadió, según ADF International, que los tribunales «no están para juzgar las opiniones de las personas», y señaló que lo decisivo será si la acusada tenía la intención que exige la norma.
La propia Vaughan-Spruce ha defendido que «estar de pie en silencio y mantener ciertas creencias en un espacio público nunca debería ser un delito». Su defensa alega que la persecución vulnera los artículos 9 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión y prohibición de discriminación.
Del arresto de 2022 a la indemnización de 13.000 libras
El caso se arrastra desde hace casi cuatro años. En diciembre de 2022 fue arrestada en Birmingham por rezar mentalmente ante una clínica cerrada en ese momento, y en febrero de 2023 el mismo tribunal la absolvió de todos los cargos, como recogió InfoVaticana. En marzo de 2023 volvió a ser detenida por el mismo motivo, y en agosto de 2024 la policía de West Midlands le pagó 13.000 libras por la detención injusta y la violación de sus derechos, según detalla ADF International.
La presión no cesó. En febrero de 2025 un agente le pidió que abandonara una zona pública alegando que su «mera presencia» podía constituir acoso, y en agosto de ese año la policía confirmó una nueva investigación que esperaba el criterio de la Fiscalía. Fue entonces cuando llegó la acusación formal de diciembre, y en su primera comparecencia, el 29 de enero de 2026, se declaró no culpable.
Vaughan-Spruce advierte que «no hay lugar para la “policía del pensamiento” de Orwell en la Gran Bretaña del siglo XXI». Además, anima a los cristianos a hablar de la verdad con caridad y asegura que la fe se sigue «porque es verdadera», no solo por el consuelo que ofrece.
La legislación británica sobre las zonas de seguridad ya ha sido objeto de críticas por parte de la jerarquía católica: InfoVaticana informó de que el cardenal Müller comparó la prohibición de rezar ante abortorios con la persecución nazi.