Arabia Saudí ejecutó el miércoles 14 de octubre, en la región de La Meca, a dos trabajadores bangladesíes de la limpieza, Nazrul Islam Abdul Basir y Sweety Akter (Siti Akhtar, en la grafía oficial), condenados a muerte por un «acto inmoral» dentro de una mezquita que las autoridades saudíes no han llegado a describir. Su propio Gobierno se enteró por la agencia oficial saudí. Seis días después, la Santa Sede, que en la misma semana había condenado con dureza el fusilamiento anunciado de un reo en Estados Unidos, no ha dicho una palabra sobre el caso.
Un acto sin nombre
El comunicado del Ministerio del Interior saudí, que se reproduce íntegro al final de esta información, afirma que ambos cometieron un acto inmoral en una mezquita de La Meca y que un tribunal les impuso la muerte como pena de tazir, la que el juez fija a su arbitrio cuando la ley islámica no establece una pena tasada, por «la violación de la santidad del tiempo y del lugar». Añade que la sentencia fue confirmada en instancia superior y que una orden real autorizó su cumplimiento. No precisa qué hicieron, en qué mezquita ni de qué modo fueron ejecutados.
Lo demás se ha sabido después, por la vía diplomática. En la reunión celebrada el 19 de octubre en Yeda entre el cónsul general de Bangladés y un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí, según adelantó Prothom Alo, la parte saudí explicó que los dos fueron detenidos en agosto de 2023, condenados por un tribunal inferior y confirmada la pena por un colegio de trece jueces, y que la ejecución se llevó a cabo por separado, en la prisión de hombres y en la de mujeres. Nazrul fue detenido el 1 de agosto y Sweety al día siguiente; ambos permanecieron desde entonces en las cárceles de Yeda. En la lista de detenidos que Riad facilita a Daca, a él se le atribuía un delito informático y a ella un delito de adulterio, sin anotación de condena alguna. Trabajaban como limpiadores para la misma empresa contratista desde finales de 2022.
El consulado en Yeda reconoce que nadie le avisó de la ejecución. Daca convocó al embajador saudí el 18 de octubre, y la ministra de Estado de Exteriores, Shama Obaed, admitió al día siguiente que su Gobierno todavía no ha recibido copia de la sentencia. Bangladés pregunta ahora si los dos tuvieron ocasión de defenderse.
Las familias
En redes sociales circuló la historia de unos recién casados ejecutados por un beso, ilustrada con la fotografía de una pareja egipcia tomada en 2024. El padre de Nazrul, Abdul Basir, que trabajó veinticuatro años en Arabia Saudí y se endeudó para enviar allí a su hijo, lo desmintió ante Jago News: «Esa mujer no era la esposa de Nazrul. Ni siquiera la conocemos». La madre, Rahima Begum, sostiene que las acusaciones son falsas, y la familia atribuye la denuncia a una disputa con un compañero de trabajo paquistaní. Nazrul llamó a casa por última vez el 11 de octubre. Tres días después recibieron la noticia de su muerte, y una tía suya de 65 años falleció esa misma noche de un infarto.
Sweety, divorciada y madre de una niña de cuatro años, había salido de una aldea de Mirzapur, en Tangail, con un préstamo de su padre, jornalero. A los cinco meses de llegar avisó de que estaba presa y de que la habían incriminado tras una discusión con otras trabajadoras. Quince días antes de la ejecución le dijo a su padre que quizá la soltarían en dos meses. Nunca habló de un juicio. Su familia sigue sin comunicación oficial.
Dos varas de medir
El 9 de octubre, el cardenal Pietro Parolin calificó de «realmente incomprensible» el fusilamiento televisado de Nidal Hasan, autor de la matanza de Fort Hood, recordó que «la postura de la Iglesia se opone totalmente a la pena de muerte» y anunció una declaración formal de la Santa Sede. Al día siguiente, Jornada Mundial contra la Pena de Muerte, León XIV escribió que la pena capital «es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona».
Hasan mató a trece personas, fue juzgado en un proceso público y su ejecución aún no se ha producido. Nazrul y Sweety, dos inmigrantes pobres sin defensa conocida, fueron juzgados a puerta cerrada por un hecho que nadie ha descrito y ejecutados sin aviso a su país. Para el primero hubo secretario de Estado, mensaje papal y declaración anunciada. Para los segundos no ha habido nada, ni de la Secretaría de Estado ni de la Oficina de Prensa. Arabia Saudí ejecutó al menos a 356 personas en 2025, según Human Rights Watch, la mayoría por delitos de drogas sin violencia, y esa cifra tampoco ha merecido nunca una reacción comparable a la que suscita cada ejecución en Estados Unidos.
Asís, la próxima semana
El silencio coincide con la víspera del encuentro que Sant’Egidio celebra en Asís del 25 al 27 de octubre bajo el lema «Paz desarmada y desarmante», con 384 representantes de 53 países y la presencia del Papa el día 27. La organización no ha publicado la relación de delegaciones musulmanas. Su registro de ponentes, que recoge a quienes han intervenido en sus encuentros a lo largo de los años, incluye nombres muy próximos al poder saudí, empezando por el jeque Mohammad bin Abdulkarim al-Issa, secretario general de la Liga Musulmana Mundial, organización con sede en La Meca y financiada por el Estado saudí. Al-Issa fue ministro de Justicia del reino y predicó el sermón de Arafat en la peregrinación de 2022. En el mismo registro figura el director general de la Fundación Islámica de Bangladés.
Sant’Egidio no ha confirmado si alguno de ellos estará en Asís. La Iglesia ha defendido durante décadas que la dignidad de la vida humana es una túnica inconsútil, según la imagen del cardenal Bernardin, que no admite remiendos según quién empuñe el arma. La semana que viene, en la plaza de San Francisco, se verá si esa túnica también cubre a dos limpiadores bangladesíes ejecutados en La Meca.
Comunicado íntegro del Ministerio del Interior de Arabia Saudí (14 de octubre de 2026)
Versión castellana del comunicado difundido por la Agencia de Prensa Saudí.
Dice Dios, ensalzado sea: «Y no corrompáis la tierra después de haber sido ordenada» (Corán 7, 56).
Los ciudadanos bangladesíes Nazrul Islam Abdul Basir y Siti Akhtar, mujer, cometieron un acto inmoral en el interior de una mezquita de La Meca. Las autoridades de seguridad procedieron a su detención y, concluida la investigación, se les formuló acusación y fueron remitidos al tribunal competente, que dio por probados los hechos que se les imputaban y dictó contra ellos sentencia de muerte como pena de tazir, en atención a la gravedad de lo cometido y a la violación de la santidad del tiempo y del lugar. La sentencia adquirió firmeza tras ser confirmada por la instancia judicial competente, y se dictó una orden real para su ejecución.
La pena de muerte fue ejecutada en los citados reos el miércoles 3/5/1448 de la hégira, correspondiente al 14 de octubre de 2026, en la región de La Meca.
El Ministerio del Interior afirma el compromiso del Gobierno del Reino de Arabia Saudí con el mantenimiento de la seguridad, la realización de la justicia y la aplicación de la ley islámica a quienes profanan la santidad de las mezquitas o atentan contra el honor ajeno, y advierte a todo aquel que se atreva a cometer actos semejantes de que recibirá el castigo que la ley islámica establece.