El Gobierno ha acelerado el real decreto que fijará qué se le cuenta a una mujer antes de abortar, y en él la información sobre las ayudas públicas a la embarazada y sus derechos laborales queda fuera de lo obligatorio: solo la recibirá si la pide. El Consejo de Ministros autorizó el martes 6 de octubre la tramitación administrativa urgente del proyecto, y el Ministerio de Sanidad lo someterá este miércoles, 14 de octubre, al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en una sesión extraordinaria que se celebrará por correo electrónico.
El texto, que en la referencia del Consejo de Ministros figura en el apartado de Igualdad, el departamento de Ana Redondo, lleva por título el de real decreto por el que se regulará la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo. Regula además el comité clínico que interviene en los abortos por causas médicas. Según el Gobierno, su objetivo es adaptar el desarrollo reglamentario a la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023 y garantizar que todas las mujeres reciban la misma información con independencia de dónde vivan.
El proyecto separa dos bloques. El obligatorio, que se dará en todos los casos, abarca la naturaleza del procedimiento, los métodos disponibles, quirúrgico y farmacológico, sin preferencia entre ellos salvo por razones clínicas, los centros públicos y privados acreditados, los trámites y los derechos de la paciente. El voluntario recoge la información sobre anticoncepción y sexo seguro, el asesoramiento antes y después de la intervención, las ayudas públicas para las mujeres embarazadas y los derechos laborales. Ese segundo bloque solo se trasladará a petición de la mujer, y el Gobierno subraya que su recepción «nunca será requisito para acceder a la prestación».
La segunda pieza del decreto afecta a los médicos. Los comités clínicos que intervienen en los abortos por causas médicas tendrán composición paritaria entre hombres y mujeres, y de ellos quedarán excluidos los profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia. El proyecto va un paso más allá: tampoco podrán formar parte quienes hayan estado inscritos en ese registro en los tres años anteriores. El comité deberá emitir su dictamen por escrito, con el diagnóstico, las pruebas revisadas y las razones clínicas que lo sostienen.
El texto exige que la información sea veraz, objetiva, clara y comprensible, y que se preste especial atención a las menores de dieciséis años, a las mujeres extranjeras y a las mujeres con discapacidad. El semanario Alfa y Omega sostiene que, con estos criterios, quedará fuera de la información que se da a la mujer cualquier referencia a las asociaciones que ayudan a continuar el embarazo; el resumen oficial del proyecto no las menciona.
El decreto culmina el camino abierto por la reforma de 2023, que suprimió los tres días de reflexión que la ley de 2010 imponía entre la información y la intervención y convirtió en voluntaria la información sobre las ayudas y los derechos vinculados a la maternidad. Lo que entonces se cambió en la ley se traslada ahora al reglamento que aplican las consejerías y los centros sanitarios.
La forma también dice algo. Según fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por Redacción Médica, la sesión extraordinaria del Interterritorial, con este decreto como único punto del orden del día, se hará por correo electrónico por indicación de la presidencia del órgano, una fórmula prevista en su funcionamiento que el Ministerio ya utilizó en julio para el Estatuto Marco. Las consejerías de las comunidades autónomas, que son las que gestionan la prestación y los registros de objetores, tendrán que fijar su posición sobre el texto por escrito y en cuestión de días.
La tramitación urgente acorta los plazos del procedimiento, incluido el de audiencia pública. El Gobierno no ha fijado públicamente una fecha para la aprobación definitiva, que corresponderá de nuevo al Consejo de Ministros, a menos de siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
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