El 5 de julio de 2007, un jubilado de formas muy educadas entró en el registro civil de Staufen, un pueblecito vinatero de la Selva Negra, y rellenó el formulario de salida de la Iglesia. En la casilla de la confesión escribió: «Iglesia Católica Romana, corporación de derecho público». No era un anticlerical ni un resentido. Era Hartmut Zapp, catedrático emérito de Derecho Canónico de la Universidad de Friburgo, cuarenta años dedicados al derecho de la Iglesia, católico practicante. Y acababa de encender la mecha del pleito más incómodo de la historia reciente del catolicismo alemán: quiso demostrar que se puede ser católico sin pagar el impuesto, y obligó a los obispos y a Roma a retratarse.
Un canonista contra el arancel de la fe
Zapp no ocultó nunca su intención. Poco después de su declaración escribió al nuncio para dejar constancia de que seguía siendo fiel creyente de la Iglesia católica: su salida afectaba únicamente a la envoltura jurídico-estatal, la «corporación de derecho público» a través de la cual Hacienda cobra el Kirchensteuer, entre el 8% y el 9% de la cuota del impuesto sobre la renta. El retrato que publicó el Stuttgarter Zeitung tras la vista describe el perfil humano de este canonista:
«El hombre que hace tambalearse el sistema alemán del impuesto eclesiástico no tiene nada de revolucionario. Hartmut Zapp es una persona callada, reflexiva, casi tímida. […] Solo al final de la vista de casi hora y media, y tras la invitación expresa del juez, hace uso de la palabra el hombre de cuya salida de la Iglesia se trata. […] No sigue un alegato encendido ni una declaración política del hombre de 73 años del que se ha escrito que hace temblar a los obispos católicos por sus ingresos. «Si se me conceden unos minutos», empieza con esa contención el emérito friburgués, para citar después, con la misma escrupulosidad, una instrucción administrativa del Ministerio del Interior de Baden-Wurtemberg y la Constitución de Weimar».
Sus motivos, según el mismo diario, eran de fondo: «Al badense le indigna que el impuesto eclesiástico obligatorio contradiga el principio de voluntariedad en la fe. Ve además violado el derecho canónico por el hecho de que el dinero se recaude, por así decirlo, a golpe de látigo: a quien sale de la Iglesia para evitar el impuesto se le retiran sus derechos. Ya no puede ser padrino, ni recibir los sacramentos, ni trabajar para la Iglesia». Él mismo se definía con sorna: «Me veo como un Robin Hood del derecho canónico».
Roma le había dado la razón por escrito
El canonista no disparaba al aire: disparaba con munición romana. El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, con la decisión previa de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la aprobación expresa de Benedicto XVI, había enviado en 2006 una carta circular a todos los presidentes de las conferencias episcopales cuya doctrina era exactamente la tesis de Zapp:
«El acto jurídico-administrativo de abandono de la Iglesia de por sí no puede constituir un acto formal de defección en el sentido que éste tiene en el CIC, porque podría permanecer la voluntad de perseverar en la comunión de la fe» (n. 3).
«Un tal acto formal de defección no tiene sólo carácter jurídico-administrativo (salir de la Iglesia en el sentido relativo a su registro con las correspondientes consecuencias civiles), sino que se configura como una verdadera separación con respecto a los elementos constitutivos de la vida de la Iglesia: supone por tanto un acto de apostasía, de herejía o de cisma» (n. 2).
«El vínculo sacramental de pertenencia al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, dado por el carácter bautismal, es una unión ontológica permanente y no se pierde con motivo de ningún acto o hecho de defección» (n. 7).
Los obispos alemanes respondieron aquel mismo año con una declaración propia que sostenía lo contrario: la baja registral cumplía los requisitos del acto formal, constituía cisma según el canon 751 y acarreaba la excomunión automática. Durante seis años, la Iglesia alemana mantuvo contra la doctrina romana vigente que dejar de pagar equivalía a excomulgarse. El dinero mandaba sobre la teología, y un profesor jubilado se había propuesto demostrarlo ante los tribunales.
Cinco años de pleito y una maniobra de seis días
El arzobispado de Friburgo no aceptó la jugada y demandó al ayuntamiento de Staufen para que anulara el certificado de salida de Zapp. El tribunal administrativo de Friburgo dio la razón al canonista en 2009; el tribunal superior de Mannheim se la quitó en 2010; y el asunto llegó al Tribunal Federal Administrativo de Leipzig, la última instancia, con vista señalada para el 26 de septiembre de 2012. Los obispos, escribió entonces la Süddeutsche Zeitung, «esperaban la fecha con angustia: si gana Zapp, se tambalea el sistema alemán del impuesto eclesiástico. Hacía tiempo que negociaban con el Vaticano cómo evitarlo, pero las negociaciones se alargaban. En la Curia hay muchos que miran el impuesto con escepticismo: a su juicio, ha hecho a la Iglesia en Alemania rica, pero también satisfecha y acomodada».
La solución llegó con cronometraje de orfebre. El 20 de septiembre de 2012, seis días antes de la vista, la Conferencia Episcopal publicó su Decreto general sobre la salida de la Iglesia, pactado con Roma y provisto de la recognitio de la Congregación para los Obispos. Los obispos cedían en la palabra: desaparecía la excomunión automática que Roma nunca había admitido. Y lo cobraban todo en la práctica: quien firma la baja, «por los motivos que sea», comete «una falta grave contra la comunidad eclesial», queda privado de la penitencia, la eucaristía, la confirmación y la unción de enfermos salvo peligro de muerte, de todo oficio, padrinazgo y sufragio eclesial, y «si no ha mostrado antes de la muerte señal alguna de arrepentimiento, puede denegársele el funeral eclesiástico». El análisis de la Süddeutsche puso título a la operación:
«Los alemanes atienden los deseos de Roma enviando una carta al que se ha dado de baja. Y abandonan su posición de que la salida acarrea automáticamente la excomunión. Las consecuencias fácticas siguen siendo las mismas: de la excomunión se pasa a la excomunión light. […] Los jueces de Leipzig difícilmente darán ya la razón al objetor del impuesto Zapp, porque ya no puede alegar que el Papa, en el fondo, está de su parte. […] Pero la pregunta teológica permanece: ¿solo cree quien paga?».
Leipzig devuelve la pelota
El 26 de septiembre de 2012, el Tribunal Federal Administrativo dictó sentencia (BVerwG 6 C 7.12). Para el derecho estatal alemán no existe la salida parcial: quien declara su baja ante el registro deja de ser miembro de la comunidad religiosa a todos los efectos civiles, «sean cuales sean los motivos que lo muevan». La declaración de Zapp valía, eso sí, como salida plena y su certificado era legítimo, con lo que la demanda del arzobispado contra el ayuntamiento quedó definitivamente desestimada; ambas partes salieron proclamándose vencedoras. El presidente del tribunal, Werner Neumann, resumió el fallo con una frase que lo dice todo: «Hemos devuelto la pelota a la Iglesia». Al Estado no le importa si la pertenencia interna subsiste; que fe y ventanilla vayan juntas es una decisión de los obispos, no de los jueces.
Zapp, con setenta y tres años y el pleito perdido en lo esencial, no se arrugó. Declaró que esperaría a ver qué hacía con él la diócesis: «Si me excomulgan, al día siguiente demando en Roma». Llamó a la Conferencia Episcopal «una iglesia disidente» y remató: «Yo soy miembro de la Iglesia católica romana de rito». Nadie se atrevió a excomulgarlo. El decreto, precisamente, se había redactado para no tener que hacerlo: castigar sin nombrar el castigo.
«Una empresa de cobros sin alma»
Las reacciones de aquellos días anticipan, palabra por palabra, el debate que hoy vuelve a abrirse. Matthias Matussek firmó en Der Spiegel uno de los textos más furiosos que se recuerdan en la prensa alemana sobre la Iglesia oficial:
«Ahora ya es oficial, con sello eclesiástico y la mayor arrogancia posible: sin impuesto eclesiástico no hay sacramentos. Primero pagar, después al comulgatorio y al confesonario. […] El canonista Hartmut Zapp ha salido de la Iglesia católica en su versión alemana. No porque hubiera perdido la fe, sino porque quería conservarla, frente a una Iglesia que se entiende cada vez más como una empresa de cobros sin alma. […] He visto florecer a la Iglesia en otras partes del mundo sin ningún impuesto eclesiástico: una Iglesia que confía en sus fieles y en su solidaridad, que vive de donativos voluntarios y colectas. […] Qué imagen tan lamentable da aquí nuestro episcopado alemán con su declaración de que la rebelión fiscal es «una falta grave contra la comunidad eclesial». No le importan los que se van, escribió la revista Christ in der Gegenwart, sino la salvación de las finanzas de la Iglesia».
Desde el ala progresista, el movimiento Wir sind Kirche acuñó la fórmula que hizo fortuna, recogida por Die Zeit: «»Pay and pray!» (¡paga y reza!) es una señal completamente equivocada en el momento equivocado», dijo su portavoz Christian Weisner, convencido de que «los obispos alemanes y el Vaticano tienen un miedo enorme a nuevas pérdidas de ingresos». Cuando conservadores del Spiegel y progresistas del Kirchenvolksbegehren coinciden en el diagnóstico, es que el enfermo está grave.
Lo que el caso Zapp dejó demostrado
Casi tres lustros después, el expediente conserva intacto su valor probatorio. Demostró que la doctrina romana de 2006 y la práctica alemana son incompatibles, y que cuando hubo que elegir, se sacrificó la doctrina. Demostró que el decreto de 2012 no nació de una reflexión pastoral sino de la urgencia procesal de cerrar la vía Zapp antes de una sentencia que podía tumbar la recaudación. Y demostró que el sistema no teme al apóstata —al que se va porque ya no cree nadie lo persigue—, sino al creyente que deja de pagar: el único alemán al que la Iglesia llevó ante los tribunales durante cinco años fue un catedrático de Derecho Canónico que quería seguir siendo católico.
La pregunta que la Süddeutsche dejó en el aire en 2012 —¿solo cree quien paga?— nunca obtuvo respuesta teológica, solo contable: 6.751 millones de euros el año pasado. Hoy, con trescientas mil salidas anuales, un 6,8% de práctica dominical y un partido rozando la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt con la supresión del cobro estatal del impuesto en su programa, el viejo canonista de Staufen parece menos un excéntrico que un profeta. Quiso que la Iglesia alemana viviera de la fe de sus fieles y no de la nómina de sus bautizados. Le contestaron con un decreto. El tiempo está contestando con otra cosa.