Barbastro nos ha dado santos, mártires, fundadores y hoy un ultimátum al Papa en formato nota de prensa.
Ángel Pérez Pueyo, que lleva cinco años peleándose con el Opus Dei por un santuario que ya ha reconocido que no va a gestionar, ha reducido su guerra a una talla románica y una pila bautismal, y ha anunciado que si no vuelven a casa él se va de la suya. Cuarenta y ocho horas después, dos cartas manuscritas de Francisco aparecían en El País, con caligrafía cotejada y el detalle, muy de este pontificado, de que el Papa anterior entrecomillaba lo de «intrigas mafiosas» como quien repite una expresión que le han soplado. Que las cartas estuvieran en poder del obispo lo sabíamos porque él mismo lo había contado; que llegaran al periódico justo ahora es una de esas coincidencias de las que la Providencia se desentiende y la asesoría de comunicación se ocupa.
Lo llamativo no es la maniobra sino su modestia. Un obispo que pidiera el santuario entero sería un obispo derrotado de antemano; uno que pide una Virgen de madera del siglo XI es un obispo al que nadie puede negarle nada sin quedar como un canalla. Cuanto más pequeña la exigencia, más caro resulta el no. Y encima trae al muerto de testigo: «¡No cedás!», con acento porteño y fecha de julio de 2023. León XIV, que hasta ahora había gestionado Torreciudad dejando que un comisario plenipotenciario se fuera convirtiendo, sin que nadie lo decidiera, en un mediador amable, tiene de pronto tres opciones y ninguna cómoda: darle la razón al obispo y forzar al Opus a devolver la imagen, con el mensaje de que en Roma se atiende a quien más grita; aceptar la dimisión y explicar por qué las cartas de un Papa muerto valen menos que un acta notarial de 1966; o seguir sin hacer nada, que es su especialidad, y descubrir que esta vez la nada tiene cronómetro, titular y fotógrafo.
Y aquí es donde el asunto deja de ser aragonés. Porque lo que Pérez Pueyo ha montado, sin proponérselo o proponiéndoselo mucho, es el primer experimento controlado del pontificado: un Papa sometido a presión con el resultado ya cotizado en prensa y sin ninguna de las nieblas que suelen proteger a Roma. No hay aquí secreto pontificio, ni proceso reservado, ni víctimas de abusos cuya intimidad justifique el silencio. Hay una talla, un obispo, un comisario reblandecido y un Opus Dei que, según fuentes que El País no identifica, ya da por recuperado el santuario. Todo lo que en otros expedientes hay que adivinar, aquí se ve.
Y conviene verlo, porque hasta hoy el pontificado de Prevost ha acumulado una serie de decisiones, o de ausencias de decisión, que sólo se entienden si uno acepta una hipótesis incómoda: que este Papa no decide contra quien tiene capacidad de hacerle daño. Jordi Bertomeu sigue siendo al mismo tiempo investigador, redactor de sanciones, juez y comisario del Sodalicio, con un pleito abierto en un juzgado español y una ceremonia con hojas de coca en Cusco a sus espaldas, y León no ha movido una coma. Víctor Manuel Fernández sigue al frente de Doctrina de la Fe, avalado en público en enero, encargado en febrero del diálogo con la Fraternidad San Pío X, protegido de cada crítica con una diligencia que Prevost no dedica a casi nada, cuando cualquiera con dos dedos de frente sabe que este Papa no lo habría elegido ni lo habría mantenido si hubiera empezado de cero. Ni un caso ni el otro se explican por afinidad. Se explican por coste: por lo que costaría prescindir de quien sabe demasiado, ha firmado demasiado o representa demasiado bien a esa parte del cónclave que todavía no da por cerrada la sucesión de Francisco.
Torreciudad es la versión pequeña, legible y verificable de ese patrón. La presión no viene de un cardenal con archivo sino de un obispo de provincias con dos folios manuscritos y un diario de tirada nacional, y precisamente por eso sirve de vara de medir. Si León cede al obispo, habrá demostrado que la presión pública funciona y que la coherencia con Francisco pesa más que la relación con la Obra, lo que vuelve todavía más inexplicable que jamás haya gastado la mitad de esa energía en Bertomeu. Si acepta la renuncia, habrá demostrado que las cartas de un Papa muerto no obligan al vivo, y quedará por explicar por qué obligan tanto, en cambio, las firmas de un cardenal argentino en activo. Y si opta por la tercera vía, la de dejar que el comisario siga mediando hasta que el obispo se canse, enferme o cumpla setenta y cinco, habrá confirmado que la evaporación es el método de gobierno, sólo que esta vez con fecha en el calendario y un periódico contando los días.
Que nadie despache el caso con un «ya veremos». Ya estamos viendo. Lo que se dirime en Torreciudad no es una talla, es un método. Y si el método consiste en que gana quien más ruido pueda hacer y menos tenga que perder, entonces Pérez Pueyo acaba de descubrir algo que Bertomeu y Fernández sabían desde el principio. La única novedad es que él lo ha hecho a la luz.
Queda por ver, en fin, qué hace con esto un Papa que ha construido en poco más de un año una reputación de firmeza sin apoyarla en una sola decisión firme. Se apoya en la muceta, en el hieratismo calculado, en la economía de gestos, en un rostro que no delata nada y en la comparación, siempre favorable, con el desorden anterior. El silencio de Prevost ha sido leído como carácter y la inmovilidad como gobierno por una parte de la Iglesia que confundió el alivio con la prueba. Con esa imagen, lo que cualquiera esperaría de un Papa al que un obispo le planta un ultimátum en la prensa es lo que hizo Juan Pablo II con Gaillot en 1995: una sede titular en el desierto argelino y un decreto sin adjetivos. Es lo que exige la lógica del personaje. Y precisamente por eso Torreciudad es una prueba de carga: si el ultimátum prospera, o si simplemente no se contesta, muchos de los que llevan un año celebrando la restauración de la dignidad pontificia descubrirán, con cierta incomodidad, que la firmeza era vestuario y que el león de la muceta era, a la hora de la verdad, un cordero con muy buen sastre.