Mil plazas llenas al mismo tiempo, un bosque de banderas de España de Cibeles al Pilar, y un solo grito de norte a sur: «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende». No se veía nada igual desde el otoño de 2017, cuando el desafío separatista sacó a la calle a una nación que parecía dormida. El pueblo español tarda en reaccionar. Pero cuando lo ponen en jaque, reacciona. Ayer volvió a hacerlo — solo, sin sus pastores.
Hay imágenes que un país solo produce cuando siente amenazada su propia existencia. La marea rojigualda cubriendo Cibeles y desbordándose por Alcalá, Gran Vía y la Castellana. La plaza del Pilar quedándose pequeña, con riadas de gente bajando por la calle Alfonso. Sevilla abarrotada hasta las bocacalles. Ancianos con la bandera al cuello junto a familias con niños a hombros. Y la más elocuente de todas: Ceuta entera —una ciudad de 83.000 almas puso a más de 25.000 en la calle— marchando desde las Murallas Reales, esas murallas que llevan cinco siglos diciendo lo mismo que ayer decían las pancartas.
La última vez que España se miró así al espejo fue en octubre de 2017. Entonces fue el separatismo quien puso a la nación en jaque; las plazas se llenaron de banderas que muchos habían tenido años guardadas en el armario, casi con pudor. Ayer, el jaque venía del sur: una agresión híbrida que el mismo día de la movilización quedaba negro sobre blanco en el informe policial remitido a la Audiencia Nacional, que apunta a una operación planificada con implicación de las fuerzas marroquíes. Y la respuesta fue la misma. Porque este es el carácter de este viejo pueblo: aguanta, calla, encaja durante semanas —un mes y tres días ha tardado esta vez—, parece anestesiado, y de pronto se levanta entero. Como en 2017. Cuando España está en jaque, España reacciona.
Dónde estaba la Iglesia
En ese espejo de 2017 hay, sin embargo, una ausencia que ayer se hizo clamorosa. Ninguna crónica de la jornada registra presencia episcopal en ninguna de las más de mil concentraciones. Ni en Cibeles, ni en el Pilar, ni siquiera en Ceuta. Los obispos, que este verano no han escatimado comunicados, no encontraron una tarde para estar donde estaba su pueblo.
Porque hablar, han hablado. El obispado de Cádiz y Ceuta habló el mismo 30 de julio, con la avalancha aún en curso, para anunciar que las colectas de todas las parroquias ceutíes se destinarían íntegramente a la Delegación de Migraciones. No a los comerciantes que bajaron la persiana por miedo, para las familias encerradas en sus casas, para una ciudad cuya soberanía acababa de ser arrollada. Luego intentaron enmendarlo, pero el temor, los complejos y la dependencia de las lucrativas estructuras asistencialistas de este modelo migratorio fracasado son indelebles ya al episcopado español.
Habló el padre Ángel, aterrizando en el CETI para proclamar ante las cámaras de laSexta que quienes acababan de entrar ilegalmente «son unos santos», porque «nosotros en su lugar haríamos cualquier barbaridad». Ni una palabra sobre las mafias, sobre el papel del régimen alauí, sobre los muertos que la operación dejó en el agua ni sobre los ceutíes. Cuatro semanas después de la canonización exprés, las patrullas del Ejército en esa misma ciudad recibían autorización para portar munición real tras tres emboscadas —pedradas en Benzú, un sargento herido en el Foso Real, botellas de líquido corrosivo—, y la Policía cargaba en Loma de Colmenar.
Habló el administrador apostólico, Mons. Ramón Valdivia, para describir a los llegados como «misioneros de la esperanza que ensanchan nuestro corazón» —mientras su propia grey contaba pérdidas y pedía protección.
Y habló, sobre todo, el aparato de Migraciones. El Departamento de la CEE, Cáritas y el Servicio Jesuita a Migrantes dedicaron agosto a exigir que no se «politizara» la crisis y a desmentir —antes de investigación alguna— todo vínculo con la regularización masiva que la propia Iglesia apadrinó. El informe policial que ahora obra en la Audiencia Nacional los desmiente a ellos. El único que llamó a las cosas por su nombre fue el presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Luis Argüello —«la invasión de Ceuta es un test. La demografía es un arma»—, y su propio aparato se apresuró a sepultar el diagnóstico bajo notas de tono contrario.
La pedagogía que nos ha traído hasta aquí
Que la operación fuera coordinada con Marruecos no exime a nadie de este lado del Estrecho. Rabat puso la logística —la policía que miró hacia otro lado, según el informe del Cenif—, pero el señuelo que movilizó a decenas de miles de jóvenes hacia el Tarajal fue la expectativa, real y fundada, de que quien entra en España se queda. Esa expectativa no la fabricó Marruecos: la fabricó una política migratoria que la Iglesia española firmó, impulsó y celebró como propia —la regularización extraordinaria nacida de una ILP apadrinada por la Conferencia Episcopal, Cáritas y el entramado eclesial de migraciones—, rematada por una sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente cuya difusión manipulada por las mafias reconoció la propia ministra de Defensa. Hasta 22 países de la Unión Europea han señalado esa regularización, respaldada expresamente por la Iglesia católica, como antecedente directo de la crisis; y hasta el arzobispo de Tánger, nada sospechoso de dureza, admitió el efecto llamada. Marruecos apretó el gatillo, pero la munición llevaba años cargándose desde los despachos de los gestores de alzacuellos y pectoral en el bolsillo interior que hoy no tienen bemoles de acompañar al pueblo en la calle.
Nada de esto es un accidente de agosto. Es el fruto de años de una pedagogía eclesial que ha romantizado las rutas migratorias —el cayuco como gesta, la patera como epopeya, la frontera como pecado—, sin querer ver que ese relato engorda a las mafias que cobran el pasaje y llenan el mar de cadáveres. Cerca de 200 muertos ha dejado esta sola operación, según cifras que la propia Conferencia Episcopal ha reconocido. Quien lleva años presentando el salto de la frontera como un acto cuasimartirial tiene una parte de responsabilidad en cada uno de esos cuerpos.
Y esa pedagogía sigue en marcha, en horario de máxima audiencia y en los medios de los propios obispos. La semana pasada, a días de la movilización, COPE desplazó ‘La Linterna’ a Ceuta prometiendo poner «nombres, apellidos y rostros» a la crisis, y el formato elegido fue el testimonio edificante: Mohamed, de Castillejos, contando al micrófono de Ángel Expósito que es «ingeniero eléctrico», que «siempre mi sueño España» y que se quedará «hasta la muerte»; Osman, de Senegal, relatando desde la propia Casa San Antonio diocesana que su sueño «es trabajar en Europa». En TRECE, la televisión episcopal, ‘El Cascabel’ sentaba en su mesa a Andalucía Acoge y a Luna Blanca para analizar el desalojo del Trampolín. Y lo llamativo es que el propio Expósito reconocía sobre el terreno que aquello era «invasión más catástrofe humanitaria» y que las cifras oficiales de los que quedan eran «mentira»: ni siquiera cuando su reportero llama invasión a la invasión renuncia la casa al caso individual conmovedor, al sueño europeo en primera persona — exactamente el relato que las mafias monetizan al otro lado de la valla y que ha costado dos centenares de cadáveres. Emocionar en ‘prime time’ con el ingeniero de Castillejos, callando que su expectativa la fabricó una ley apadrinada por los dueños de la emisora.
Esa pedagogía tiene además un brazo judicial especialmente macabro. Este mismo año, en marzo, el Servicio Jesuita a Migrantes culminó siete años ejerciendo la acusación popular contra diez vecinos de Melilla hasta lograr que el Supremo enviara a prisión a siete de ellos por mensajes publicados en un grupo de Facebook a raíz de una agresión de un MENA —mensajes que el alto tribunal calificó de incitación al odio. Una obra de la Compañía empleando siete años y recursos eclesiales en sentar en el banquillo a vecinos de una ciudad fronteriza desbordada, y celebrándolo en nota oficial, mientras nadie del aparato eclesial ha ejercido acusación alguna contra las mafias, contra los instigadores de la avalancha ni contra quienes emboscaron a soldados españoles. Para el vecino que escribe en Facebook, todo el peso de la ley reclamado desde la Iglesia; para quien organiza una invasión, la colecta del domingo.
La misma Pastoral de Migraciones expresó su «más absoluto rechazo» a los altercados de vecinos ceutíes desesperados, con una contundencia que jamás empleó ante las emboscadas contra las Fuerzas Armadas. Condena selectiva, indignación de dirección única.
Cuando el pueblo está en jaque
Sobre el terreno, el honor de la Iglesia lo han salvado los de siempre: la Hermandad de la Patrona, los sacerdotes de a pie que atienden a sus fieles mientras la ciudad aguanta, y voces como el sacerdote Jesús Francisco Molina, que se atrevió a decir en televisión lo que la doctrina lleva siglos enseñando: que la caridad bien ordenada atiende primero al vecino.
En 2017, aquella reacción popular acabó torciendo el brazo del separatismo. Ayer, el mismo pueblo —más joven pero más escarmentado, igual de paciente— volvió a demostrar que su silencio no es sumisión sino espera. Tarda en reaccionar, sí. Pero cuando la partida le pone el rey en jaque, mueve.
El problema es que la foto de ayer retrata a una Iglesia que vive bailando en un aula sinodal, escuchándose a sí misma en procesos, asambleas y documentos, mientras el mundo real —su propio pueblo, con sus banderas y su miedo y su fe— gritaba a las puertas. Ayer España salió. El día que la jerarquía se atreva a abrir esa puerta y salir a su encuentro, quizá descubra que fuera también sopla el Espíritu.