Los padres de intención del Bebé Gabriel, Nausheen Gilkar y Omar Ahmed, reclaman más de 100.000 dólares a McKenna West, la mujer que gestó al niño mediante un acuerdo de gestación subrogada y se negó a abortarlo cuando durante el embarazo le diagnosticaron una grave cardiopatía congénita. La pareja sostiene que West incumplió el contrato, que incluía una cláusula que les permitía solicitar la interrupción del embarazo en caso de anomalías fetales.
West, enfermera especializada en cardiología procedente de Alaska, dio a luz el pasado 12 de agosto en Dallas, Texas (Estados Unidos). Ella llamó Gabriel al niño durante el embarazo; Gilkar y Ahmed lo llaman Rumi. El pequeño padece síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (HLHS), una grave malformación cardíaca cuyo tratamiento requiere varias intervenciones quirúrgicas.
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Más de 100.000 dólares por incumplir el contrato
La enfermedad fue diagnosticada durante el embarazo, aproximadamente en la semana 20. Gilkar y Ahmed solicitaron entonces a West que abortara al niño, pero la gestante se negó y decidió continuar con el embarazo.
La pareja sostiene ahora que esa decisión supuso un incumplimiento del acuerdo de gestación subrogada y reclama más de 100.000 dólares en concepto de daños y perjuicios, además de una compensación adicional no especificada. El contrato contemplaba la posibilidad de solicitar un aborto si se detectaban determinadas anomalías fetales.
Después de la negativa de West, los padres de intención dejaron de abonar, según la versión de la gestante, los gastos relacionados con el embarazo.
«Como enfermera especializada en cardiología, sabía que este pequeño tenía grandes posibilidades de sobrevivir si se le daba la oportunidad de recibir el tratamiento necesario», explicó West.
La mujer se trasladó finalmente a Texas para dar a luz y buscar protección jurídica para el niño. Eligió el Children’s Medical Center Dallas por sus resultados en el procedimiento que Gabriel necesitaba poco después de nacer.
Los padres autorizaron después la operación
El conflicto dio un giro después del nacimiento. Una orden judicial obtenida tras la intervención del fiscal general de Texas, Ken Paxton, obligó a proporcionar al recién nacido el tratamiento necesario para mantenerlo con vida e impidió que fuera trasladado fuera del estado mientras continuaba el procedimiento judicial.
Gilkar y Ahmed, que durante el embarazo habían solicitado el aborto, autorizaron posteriormente la primera de las tres operaciones cardíacas previstas. Gabriel fue intervenido el 17 de agosto y quedó ingresado mientras comenzaba su recuperación.
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La autorización de la cirugía no ha puesto fin al litigio. La demanda contra West por haberse negado a interrumpir el embarazo continúa adelante. Para este 25 de agosto está prevista en el condado de Dallas una audiencia sobre la filiación y otros asuntos pendientes del caso.
West: «Todo niño merece una oportunidad de vivir»
En un artículo publicado el 20 de agosto en el New York Post, West relató que después del parto solamente pudo permanecer alrededor de 60 segundos junto al recién nacido antes de que los padres de intención asumieran su custodia física. Las órdenes judiciales vigentes le impiden actualmente mantener contacto con él.
La gestante rechazó además que su actuación haya pretendido convertir el caso en una batalla política.
«Ninguna mujer debería ser obligada a matar al bebé que lleva dentro. Y, lo más importante, todo niño merece una oportunidad de vivir», escribió.
West aseguró que no pretende quedarse con Gabriel y que lo que pide es que quienes tienen su custodia garanticen el tratamiento necesario para mantenerlo con vida. «Eso es todo lo que haría falta para poner fin a esto», afirmó.
Lee Budner, abogado de Gilkar y Ahmed, ha ofrecido una versión diferente. En declaraciones recogidas por TMZ, sostuvo que la pareja está «devastada» porque West y Paxton habrían convertido el nacimiento y los problemas médicos del niño en un «espectáculo político».
El abogado aseguró además que sus clientes están siguiendo las recomendaciones del equipo médico del bebé «como lo haría cualquier padre amoroso» y que continúan anteponiendo «la salud y el bienestar de su bebé».
«Un ejemplo de manual de todo lo que está mal en la gestación subrogada»
El caso ha suscitado nuevas críticas a los contratos de gestación subrogada y, en particular, a las cláusulas que permiten a quienes encargan la gestación exigir un aborto cuando el niño presenta una enfermedad o discapacidad.
Irene Alexander, profesora asociada de Teología Moral de la Universidad de Dallas, declaró a EWTN News que abortar a un niño por padecer una enfermedad tratable refleja «casi una mentalidad de Amazon»: «Si no recibo exactamente lo que pedí, quiero devolverlo».
Alexander describió la gestación subrogada como una «disociación de todos los aspectos de la sexualidad humana», en la que «el amor, la paternidad y el bien del niño quedan fragmentados en partes».
Joe Zalot, especialista en bioética del National Catholic Bioethics Center, calificó el caso como «un ejemplo de manual de todo lo que está mal en la gestación subrogada». A su juicio, muestra tanto la degradación de la mujer gestante, reducida a una posición subordinada respecto de quienes la contrataron, como la del niño por nacer cuando el contrato contempla que sea eliminado después de un diagnóstico prenatal.
Christina Bennett, corresponsal de Live Action, incidió en el mismo aspecto: «Las mujeres no son simplemente vientres que se puedan alquilar y los niños no son simplemente bienes que se puedan vender mediante contratos».
La condena de la Iglesia a la gestación subrogada
La Iglesia católica ha rechazado expresamente la gestación subrogada por considerar que vulnera la dignidad tanto del niño como de la mujer.
La declaración Dignitas infinita, publicada en 2024 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, advierte de que mediante esta práctica «el niño, inmensamente digno, se convierte en un mero objeto» y recuerda que «un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato».
El documento señala asimismo que el legítimo deseo de tener un hijo no puede transformarse en un «derecho al hijo» que ignore su dignidad como destinatario del don gratuito de la vida.
El litigio del Bebé Gabriel lleva esa realidad contractual hasta una de sus consecuencias más extremas: el niño nació después de que la mujer que lo gestaba se negara a cumplir la petición de abortarlo; sus padres de intención terminaron autorizando la operación necesaria para mantenerlo con vida y, al mismo tiempo, mantienen contra West una reclamación superior a los 100.000 dólares por haber continuado con el embarazo.