Hoy no hay marqués de Peralta. El título que Josemaría Escrivá de Balaguer rehabilitó en 1968, disfrutó sin usarlo durante cuatro años y cedió después a su hermano Santiago, se extinguió por la vía más humillante que conoce el derecho nobiliario español: la indiferencia. Cuando Santiago Escrivá murió en 1994, sus hijos no se molestaron en pedir la carta de sucesión, el plazo legal expiró y el marquesado volvió a la nada de la que, según sus críticos, nunca debió salir. El dinero que costó —porque costó dinero, y no poco— fue en balde.
Conviene empezar por el principio, que no es 1968 sino 1738. Ese año el emperador Carlos VI, el archiduque derrotado de la Guerra de Sucesión, concedió el marquesado de Peralta a Juan Tomás de Peralta y Franco de Medina, un jerezano austracista exiliado en Milán. Era un título del Sacro Imperio, transmisible solo por línea masculina, y su último titular efectivo fue el diplomático costarricense Manuel María de Peralta y Alfaro, que lo obtuvo en 1883 por rehabilitación pontificia de León XIII y murió en París en 1930 sin descendencia. Ahí acabó, en rigor, la historia del marquesado de Peralta.
Treinta y ocho años después empezó otra. El 24 de enero de 1968 monseñor Escrivá, fundador del Opus Dei, presentó ante el Ministerio de Justicia una solicitud de rehabilitación. El expediente, preparado por el genealogista zaragozano Adolfo Castillo Genzor, sostenía que el título había sido concedido el 4 de marzo de 1718 —no en 1738— por el archiduque Carlos como pretendiente a la Corona española, y confirmado por Fernando VI en 1758. El matiz de la fecha no es erudición: es el corazón del asunto. Ricardo de la Cierva, siguiendo al genealogista costarricense Ricardo Fernández Peralta, concluyó que el año fue alterado deliberadamente para que la concesión pareciera anterior al Tratado de Viena de 1725 y el título imperial se transformara así en título español, transmisible por línea femenina y, por tanto, al alcance de un solicitante que no se apellidaba Peralta ni descendía por varón de los Peralta auténticos, cuyos herederos vivían en Costa Rica. Franco firmó el Decreto 1851/1968 el 24 de julio. Seis meses de tramitación: una celeridad que De la Cierva calificó de inusitada y que el propio decreto matizaba con la fórmula de rigor, «sin perjuicio de tercero de mejor derecho».
Y aquí entra el dinero. La rehabilitación es, de las tres vías de acceso a un título nobiliario, la más cara: paga el tipo más alto del impuesto especial. Escrivá abonó lo suyo en 1968, y el expediente de 1972 documenta que la carta de sucesión a favor de Santiago solo se expidió, el 17 de noviembre de aquel año, «previo pago de impuestos». El marquesado se pagó, pues, dos veces a la Hacienda española en cuatro años. La biografía oficial de Vázquez de Prada llama a todo esto una «heroica decisión», motivada por la gratitud filial: compensar a Santiago por el patrimonio familiar consumido en los primeros años de la Obra. Miguel Fisac y el propio De la Cierva apuntaron otra hipótesis, nunca probada: que el fundador buscaba el pedigrí nobiliario que exigía la Orden de Malta, a la que ya pertenecía Álvaro del Portillo. En Malta, en todo caso, nunca ingresó. Y un detalle que la hagiografía omite: cuando Josemaría pidió Peralta, Santiago solicitó para sí la baronía de San Felipe. Aquella petición no prosperó. En casa de los Escrivá, en 1968, se pedían títulos por partida doble.
Queda la ironía final, que es la mejor. En la Obra, los numerarios testaban a favor de la Obra: era la práctica establecida, y los derechos de autor del propio fundador acabaron, andando el tiempo, bajo control de sociedades de su órbita. El único bien temporal que Escrivá sustrajo a ese destino fue, precisamente, el marquesado: lo cedió por escritura, en vida, a su familia de sangre. Fue acaso el único miembro del Opus Dei que no dejó a la Obra lo único que era enteramente suyo. Y la familia, que recibió gratis lo que al fundador le costó expediente, polémica y dos liquidaciones tributarias, lo dejó caducar sin mover un papel. El Estado se quedó el dinero; los Peralta de Costa Rica, la razón; y los Escrivá, ni el título.