Este mes de agosto se cumplen 90 años del martirio de la mayor parte de los obispos españoles asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa desencadenada al comienzo de la Guerra Civil española. Entre el 5 y el 30 de agosto de 1936, diez prelados fueron fusilados tras negarse, en la mayoría de los casos, a abandonar sus diócesis o renunciar a su condición de obispos. A ellos se sumarían posteriormente otros dos obispos y un administrador apostólico, víctimas de la misma persecución.
Tras el asesinato en julio de mons. Eustaquio Nieto, obispo de Sigüenza, la violencia contra el episcopado alcanzó su momento más intenso durante el mes de agosto. Muchos de estos pastores permanecieron junto a su clero y a sus fieles pese al peligro, rechazaron las posibilidades de huir que se les ofrecieron y afrontaron la muerte manteniéndose fieles a su ministerio.
El inicio de los martirios
El primero fue mons. Salvio Huix, obispo de Lérida, fusilado el 5 de agosto después de negarse a renunciar a su condición episcopal. Había decidido permanecer en su diócesis a pesar del avance de la persecución religiosa.
Tres días más tarde, el 8 de agosto, fueron martirizados mons. Cruz Laplana, obispo de Cuenca, y mons. Florentino Asensio, administrador apostólico de Barbastro. Laplana rechazó abandonar a su clero y desestimó la posibilidad de escapar disfrazado. Asensio, consagrado obispo apenas unos meses antes, sufrió graves torturas durante su cautiverio antes de ser fusilado mientras bendecía y perdonaba a sus verdugos.
La persecución continuó el 9 de agosto con el asesinato de mons. Miguel Serra, obispo de Segorbe, detenido junto a otros eclesiásticos y ejecutado tras sufrir malos tratos durante su cautiverio.
Agosto culminó con nuevos asesinatos
El 12 de agosto alcanzaron el martirio mons. Manuel Basulto, obispo de Jaén, y mons. Manuel Borrás, obispo auxiliar de Tarragona.
Basulto había sido detenido junto a varios miembros de su familia y permanecía encarcelado en la catedral de Jaén, convertida en prisión. Fue ejecutado durante un traslado en tren junto a otros reclusos. Borrás, por su parte, fue arrestado junto al cardenal Francisco de Asís Vidal y Barraquer. Mientras el cardenal logró salir de España, el obispo permaneció preso hasta ser fusilado en Tarragona.
El 22 de agosto fue asesinado mons. Narciso de Estenaga, obispo de Ciudad Real y prior de las Órdenes Militares. Tras el asalto al palacio episcopal, se refugió en casa de unos amigos, donde fue localizado por milicianos y conducido a las afueras de la ciudad para ser ejecutado.
La persecución culminó con el martirio, el 30 de agosto, de mons. Diego Ventaja, obispo de Almería, y mons. Manuel Medina, obispo de Guadix. Ambos permanecieron junto a sus sacerdotes tras el estallido de la guerra y sufrieron prisión y numerosas vejaciones antes de ser fusilados en el barranco del Chisme, en el municipio almeriense de Vícar.
Los últimos prelados asesinados durante la guerra
La persecución religiosa continuó durante el resto de la contienda.
El administrador apostólico de Orihuela, Juan de Dios Ponce y Pozo, fue fusilado el 30 de noviembre de 1936, tras permanecer oculto durante varios meses.
Tres días después, el 3 de diciembre, fue asesinado mons. Manuel Irurita, obispo de Barcelona. Su causa de beatificación permanece abierta y es el único de los prelados asesinados durante la Guerra Civil que aún no ha sido reconocido oficialmente como mártir por la Iglesia.
Y finalmente, mons. Anselmo Polanco, obispo de Teruel y religioso agustino. Detenido en enero de 1938, permaneció preso durante trece meses hasta ser fusilado en febrero de 1939, pocas semanas antes del final de la guerra.
El testimonio de los obispos mártires
La Iglesia ha reconocido oficialmente como mártires a la práctica totalidad de estos prelados al considerar acreditado que fueron asesinados por odio a la fe. Sus causas de beatificación destacan su fidelidad a la Iglesia, su decisión de permanecer junto a sus diócesis en los momentos de mayor persecución y el perdón que ofrecieron a sus verdugos antes de morir.
Noventa años después, el testimonio de estos obispos sigue ocupando un lugar destacado en la memoria de la Iglesia en España como expresión de la persecución religiosa sufrida durante la Guerra Civil y de la fidelidad de quienes dieron la vida sin renunciar a su fe.