La Asamblea Nacional francesa —que había sido rechazada la semana pasada— dio este miércoles un paso hacia la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido al aprobar el proyecto de ley que reconoce el denominado «derecho a la asistencia para morir». La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron desde el inicio de su segundo mandato, fue aprobada por 291 votos a favor y 241 en contra, aunque todavía deberá ser examinada por el Consejo Constitucional antes de su entrada en vigor.
La votación pone fin a varios años de intenso debate político, médico, ético y social en Francia. Desde que Emmanuel Macron abrió el proceso con la creación de una convención ciudadana en 2022, el proyecto ha atravesado un largo recorrido parlamentario, interrumpido incluso por la disolución anticipada de la Asamblea Nacional en 2024, que obligó a reiniciar su tramitación. Durante todo este proceso, la Iglesia católica francesa ha mantenido una oposición firme a la legalización de la eutanasia, defendiendo que la respuesta al sufrimiento pasa por fortalecer los cuidados paliativos y el acompañamiento al enfermo, nunca por provocar deliberadamente la muerte.
Si el texto supera el control del Consejo Constitucional, Francia se incorporará al grupo de países que han legalizado la eutanasia, entre ellos Bélgica, Países Bajos, España, Suiza, Canadá y Uruguay.
La ley reconoce el «derecho a la asistencia para morir»
La norma autoriza por primera vez en Francia tanto la eutanasia como el suicidio asistido bajo determinadas condiciones.
El texto define el «derecho a la asistencia para morir» como la facultad de una persona autorizada para utilizar una sustancia letal y recibir ayuda para ello. En el caso del suicidio asistido, un profesional sanitario facilita los medios necesarios para provocar la muerte, pero es el propio paciente quien realiza el acto final. Cuando el enfermo no pueda hacerlo por sí mismo, será un médico o un profesional sanitario quien administre directamente la sustancia letal.
Los requisitos previstos en la norma
El proyecto establece que podrán solicitar la asistencia para morir los mayores de edad con nacionalidad francesa o residencia estable en el país que padezcan una enfermedad grave e incurable que comprometa el pronóstico vital y se encuentre en una fase avanzada o terminal, caracterizada por un deterioro irreversible de su estado de salud.
Además, el solicitante deberá expresar su voluntad de manera libre e informada y sufrir un dolor asociado a la enfermedad que resulte refractario a los tratamientos o sea considerado insoportable.
El texto precisa que el sufrimiento exclusivamente psicológico no bastará para acceder a la eutanasia o al suicidio asistido, sino que deberá estar vinculado a la enfermedad que padece el paciente.
Los obispos franceses denunciaron un «grave retroceso»
La Conferencia Episcopal Francesa ha seguido muy de cerca toda la tramitación parlamentaria y, en reiteradas ocasiones, ha pedido a los diputados que rechazaran la iniciativa.
En diferentes comunicados publicados durante los últimos meses, los obispos advirtieron de que legalizar la eutanasia supone transformar radicalmente la misión de la medicina y romper el principio fundamental de protección de toda vida humana, especialmente la de los enfermos, ancianos y personas más vulnerables.
Los prelados defendieron que una sociedad verdaderamente solidaria debe responder al sufrimiento desarrollando los cuidados paliativos, mejorando el acompañamiento sanitario y social y evitando que la muerte provocada se presente como una solución.
Con ese objetivo promovieron jornadas de oración, llamamientos públicos a los parlamentarios y diversas iniciativas de sensibilización durante el debate legislativo.
Una promesa política de Emmanuel Macron
La reforma constituye uno de los principales compromisos del segundo mandato de Emmanuel Macron.
El proceso comenzó oficialmente en 2022 con la creación de una convención ciudadana encargada de estudiar una modificación de la legislación sobre el final de la vida. En febrero de 2023, dicho órgano se mostró favorable a introducir una forma de «asistencia activa para morir», lo que sirvió de base para la elaboración del proyecto de ley.
Durante el debate parlamentario, la ministra delegada de Autonomía y Personas con Discapacidad, Camille Galliard-Minier, sostuvo que la norma representa «el compromiso claro asumido ante el pueblo francés por el presidente de la República de trazar una vía francesa en torno al final de la vida» y aseguró que el proyecto es fruto de «años de escucha y de diálogo» en los ámbitos médico, filosófico, ético y cívico.
El Gobierno recurrirá al Consejo Constitucional
Aunque la Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto, el procedimiento legislativo todavía no ha concluido.
El Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu ha anunciado que remitirá el texto al Consejo Constitucional para que determine si la futura ley respeta la Constitución francesa.
El alto tribunal podrá validar íntegramente la norma, exigir modificaciones o declarar inconstitucionales algunos de sus artículos.
La oposición advierte del riesgo para los más vulnerables
Durante el debate parlamentario también se escucharon voces contrarias a la iniciativa.
El diputado Christophe Bentz, de Agrupación Nacional, pidió prudencia a los parlamentarios al tratarse de «una decisión irreversible».
«Todos vamos a morir. Eso nos obliga a actuar con extrema prudencia ante una votación sobre algo irreversible», afirmó.
Bentz defendió que «la vida conserva siempre su dignidad hasta el final» y preguntó a la Cámara: «¿Por qué precipitar la muerte y arrebatar así la vida antes de tiempo?».
El diputado concluyó alertando de que «Francia no puede abandonar a sus hijos» y advirtió de que las personas con discapacidad, los enfermos y quienes carecen de acceso a determinados cuidados podrían convertirse en los principales perjudicados por la nueva legislación.