Las Hermanitas de los Pobres han comparecido ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en un nuevo capítulo de la batalla judicial que mantienen desde hace quince años para preservar su derecho a no financiar anticonceptivos en los seguros médicos de sus empleados por motivos de conciencia.
La congregación, dedicada al cuidado de ancianos pobres, recurrió hace años el denominado mandato anticonceptivo aprobado durante la Administración Obama para desarrollar la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible (Affordable Care Act), conocida como Obamacare, que obligaba a los empleadores a incluir la cobertura de anticonceptivos en los planes sanitarios ofrecidos a sus trabajadores.
Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio la razón a las religiosas en dos ocasiones y confirmó tanto la obligación del Gobierno federal de proteger la libertad religiosa como su potestad para establecer exenciones al mandato, los estados de Pensilvania y Nueva Jersey mantienen abierto el litigio para anular esas excepciones.
Pensilvania y Nueva Jersey cuestionan las exenciones
Según informó EWTN, durante la vista celebrada en Filadelfia, la representante legal de ambos estados, Aimee Thomson, sostuvo que las exenciones aprobadas por la primera Administración Trump son «arbitrarias y caprichosas» porque se extienden no solo a instituciones religiosas, sino también a empleadores que alegan objeciones morales.
Según defendió, la normativa supera lo exigido por la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (Religious Freedom Restoration Act, RFRA) y podría facilitar que algunos empleadores soliciten exenciones sin que sus objeciones sean auténticas.
Thomson argumentó además que obligar a las trabajadoras a impugnar judicialmente la sinceridad de esas objeciones supondría una carga desproporcionada.
La defensa invoca la libertad religiosa
En nombre de las Hermanitas intervino Mark Rienzi, presidente de la organización Becket, quien sostuvo que el Gobierno federal buscó conciliar el mandato anticonceptivo con la protección de la libertad religiosa siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal Supremo.
«Nada de eso puede calificarse de arbitrario o caprichoso», afirmó, rechazando que una exención más amplia de lo estrictamente exigido por la RFRA pueda considerarse ilegal.
La posición de las religiosas fue respaldada también por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal general adjunto Eric McArthur defendió que la Administración optó por revisar completamente la regulación y concluyó que establecer exenciones constituía «la respuesta administrativa más adecuada» a las objeciones religiosas y morales, incluso aunque la legislación federal no obligara expresamente a ello.
Añadió que, si el tribunal considerara excesivo el alcance de las exenciones, podría modificar aspectos concretos de la regulación sin necesidad de anularla por completo, como solicitan Pensilvania y Nueva Jersey.
«Solo queremos seguir sirviendo»
Tras la vista oral, la superiora de la congregación, madre Loraine Marie Maguire, lamentó que las religiosas lleven quince años defendiendo ante los tribunales una misión que desempeñan desde hace casi dos siglos.
«Esta es la misión que Dios nos ha confiado. Desde hace casi doscientos años acogemos en nuestros hogares a ancianos pobres y moribundos. Con el rápido crecimiento de la población de personas mayores, no podemos permitir que una demanda del Gobierno nos impida seguir cumpliendo esa misión», afirmó.
La religiosa concluyó con un mensaje dirigido a los estados demandantes: «Pensilvania y Nueva Jersey pueden seguir litigando si así lo desean. Nosotras solo queremos continuar sirviendo».
Se espera que el Tribunal de Apelaciones dicte sentencia antes de que finalice el año.