Monseñor Paolo Rocco Gualtieri tiene una explicación pendiente. No una explicación genérica, ni una nota eclesiástica envuelta en fórmulas de prudencia diplomática. Una explicación concreta: quién autorizó que, durante el canal de escucha de víctimas del Sodalicio en la Nunciatura Apostólica del Perú, se registrara con cámaras la entrada y salida de personas vinculadas a un proceso delicadísimo, y con qué finalidad se grabaron esas imágenes.
La pregunta nace de la denuncia publicada por La Abeja, que afirma que durante varios días del canal de escucha en la Nunciatura un hombre con equipo audiovisual observaba, grababa y registraba quién entraba y salía, además de entrevistar a algunas personas al abandonar la sede. El medio identifica a ese hombre como Salvador del Solar, actor y cineasta peruano, y sostiene que su presencia se repitió después en la misa de reparación de Catacaos, donde habría estado en primera fila filmando a Jordi Bertomeu y a los obispos presentes.
La Nunciatura Apostólica en Lima no es una plaza pública cualquiera. Es la representación diplomática de la Santa Sede en el Perú. La propia Conferencia Episcopal Peruana identifica a monseñor Paolo Rocco Gualtieri como nuncio apostólico en el Perú y arzobispo titular de Sagona. Por tanto, lo que ocurre bajo el paraguas institucional de esa sede no puede ser tratado como un accidente lateral o como una escena callejera sin responsable.
El comunicado oficial del Comisario Apostólico fue inequívoco: entre el 4 y el 22 de mayo de 2026 se habilitaba en la sede de la Nunciatura Apostólica en el Perú un “Canal de primera escucha” para personas que se considerasen víctimas no debidamente resarcidas de abusos físicos, sexuales, espirituales, de conciencia, de autoridad, económicos u otros vinculados a miembros de la familia espiritual sodálite. No era un acto promocional. No era una rueda de prensa. No era una convocatoria para alimentar el archivo visual de nadie. Era, al menos formalmente, un dispositivo de escucha de víctimas.
Precisamente por eso la denuncia es grave. Quien acude a una Nunciatura a exponer daños sufridos en contextos de abuso, autoridad, conciencia o manipulación espiritual tiene derecho a esperar reserva, sobriedad y protección institucional. No tiene por qué convertirse en figurante involuntario de un relato audiovisual. No tiene por qué ser grabado al entrar o salir. No tiene por qué descubrir después que su presencia sirvió para dar densidad dramática a un documental de autobombo clerical.
El problema, monseñor Gualtieri, ya no es solo Bertomeu. El problema es la custodia institucional de la Nunciatura. Si las cámaras estaban allí con autorización, usted debe explicar quién la concedió. Si estaban allí sin autorización, debe explicar por qué no se impidió. Si las grabaciones tenían una finalidad pastoral o documental interna, debe decirlo. Si estaban vinculadas a una producción externa, debe saberse quién la promovía, quién la financiaba, quién conserva el material y quién autorizó el uso de la imagen de personas que acudían a un proceso de escucha de víctimas.
Tampoco basta con decir que las cámaras estaban fuera del edificio. La Nunciatura no queda moralmente absuelta porque el trípode se coloque en la acera o en una plaza próxima. Si el objeto de la grabación eran las personas convocadas por un procedimiento pontificio, el hecho afecta directamente a la confianza en la sede que las convocó. La responsabilidad institucional no se mide solo por el punto exacto en el que se apoyó la cámara, sino por el uso que se hizo de una misión organizada desde la Santa Sede.
La misa de Catacaos terminó de agravar la sospecha. La Conferencia Episcopal Peruana presentó aquella celebración como un gesto de cercanía y reparación simbólica hacia las comunidades campesinas Tallán, y Vatican News la describió como el punto culminante de una voluntad de reparación tras años de abusos, persecuciones y expropiaciones. Pero La Abeja sostiene que allí también hubo cámaras siguiendo cada gesto de Bertomeu. La pregunta se impone sola: ¿la misa fue solo reparación, o también fue parte de una narrativa audiovisual previamente calculada?
Un nuncio no puede refugiarse en el silencio cuando la sede que representa al Papa aparece asociada a una posible instrumentalización audiovisual de víctimas. El silencio no es prudencia cuando hay personas vulnerables de por medio. El silencio, en estos casos, funciona como cobertura.
La aclaración debería ser pública y verificable. Debe decir si Salvador del Solar o cualquier equipo audiovisual tuvo autorización para grabar durante el canal de escucha. Debe decir si Bertomeu sabía que se estaban tomando imágenes. Debe decir si las víctimas fueron informadas. Debe decir si hubo consentimiento. Debe decir si existe o no un documental. Debe decir si la Secretaría de Estado conocía esta dimensión audiovisual de la misión. Debe decir qué medidas se han tomado para proteger la identidad, la dignidad y la intimidad de quienes acudieron a la Nunciatura.
La Iglesia ha repetido demasiadas veces que quiere poner a las víctimas en el centro. Ponerlas en el centro no significa colocarlas en el encuadre. No significa convertirlas en ambiente, decorado o prueba emocional para engrandecer a un funcionario romano. No significa usar su dolor como iluminación dramática de un personaje.
Monseñor Gualtieri debe responder. Porque si la denuncia es falsa, corresponde desmentirla con datos. Y si es verdadera, lo ocurrido en la Nunciatura Apostólica del Perú no fue un exceso estético ni una torpeza comunicativa. Fue una profanación institucional de la confianza de las víctimas.