Conviene analizar con frialdad, despojándolo de toda indignación, el argumento que monseñor Munilla deslizó en su programa radiofónico de la víspera de Pentecostés, porque su interés no reside en la temperatura de la polémica sino en la mecánica del razonamiento, y esa mecánica es más instructiva de lo que su aparente moderación deja entrever. El obispo sostiene que hoy, en España, ningún partido político resulta plenamente identificable con el Evangelio, que todos arrastran incoherencias graves —»todos», subraya con esa insistencia que en retórica nunca es inocente— y que esas incoherencias se reparten por igual: unos chocan con la defensa de la vida, la familia y la antropología cristiana; otros se alejan del Evangelio en cuestiones de justicia social, migraciones o dignidad de los pobres; otros han abrazado discursos belicistas; y prácticamente todos subordinan el bien común a sus estrategias de poder. El conjunto se presenta como un ejercicio de ecuanimidad: la Iglesia, por encima de las trincheras, sin casarse con nadie, recordando a cada fuerza sus pecados. Es exactamente esa apariencia de ecuanimidad lo que conviene desmontar, porque debajo de ella opera una falacia, y la falacia tiene consecuencias.
El primer movimiento del argumento es una verdad. Es cierto, en efecto, que ningún partido coincide plenamente con el Evangelio, del mismo modo que es cierto que ninguna obra humana coincide plenamente con la perfección divina. La Iglesia jamás ha canonizado a una formación política y nunca lo hará, porque el orden de la gracia y el orden de la contingencia histórica pertenecen a planos distintos. Quien afirma esto no dice nada que un católico medianamente formado pueda discutir. Pero la función de esa verdad inicial, dentro del discurso del obispo, no es informar: es anestesiar. Sirve para que el oyente asienta, baje la guardia y acepte sin examinarla la operación que viene a continuación, que ya no es una verdad sino una nivelación. Porque del hecho incontestable de que todos los partidos son imperfectos, Munilla pasa, sin escala intermedia, a la insinuación de que todas las imperfecciones se sitúan en un mismo plano de gravedad. Y ahí, precisamente en esa transición efectuada sin avisar, es donde se juega todo.
La teología moral católica —no una opinión conservadora sobre la teología moral, sino su cuerpo doctrinal explícito— establece una distinción que el argumento del obispo borra. Existen actos que son intrínsecamente malos, intrinsece malum: actos cuya maldad no depende de las circunstancias, las intenciones o las consecuencias, y que ninguna ponderación puede volver lícitos. El aborto, la supresión deliberada de un inocente, es el ejemplo paradigmático. Y existe, en un plano radicalmente distinto, el inmenso territorio de las cuestiones contingentes, aquellas en las que la doctrina fija principios pero no soluciones, donde caben legítimamente estrategias diversas y opiniones católicas opuestas. La nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el compromiso político de los católicos, firmada en 2002 por quien sería Benedicto XVI, lo formula sin ambigüedad: hay principios que «por su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son negociables», y respecto de ellos al católico «no le está permitido apoyarlos con el propio voto»; y hay, en cambio, un terreno marcado por «el carácter contingente de algunas opciones en materia social», donde «a menudo son moralmente posibles diversas estrategias para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de fondo». El propio documento que distingue ambos órdenes advierte, además, contra la tentación de disolver esa distinción en «una concepción del pluralismo en clave de relativismo moral».
Pues bien: la política migratoria pertenece de manera inequívoca al segundo orden, el contingente. Cuántos inmigrantes acoger, a qué ritmo, bajo qué condiciones, con qué criterios de integración, en qué equilibrio entre el deber de hospitalidad y la capacidad real de una sociedad para asimilar a quien llega —un equilibrio que el propio Catecismo, en su número 2241, somete expresamente al bien común de la comunidad de acogida— son preguntas técnicas y prudenciales sobre las que dos católicos igualmente fieles pueden discrepar hasta el extremo opuesto sin que ninguno de los dos abandone la ortodoxia. No hay una respuesta evangélica única a la pregunta de cuántos visados conceder. Hay principios, y hay un margen ancho, legítimo y reconocido por el Magisterio, para aplicarlos de maneras distintas. El aborto, en cambio, no admite margen alguno: no hay una cantidad prudente de niños no nacidos que pueda eliminarse, ni una estrategia de aplicación que vuelva aceptable su supresión.
Cuando Munilla coloca ambas materias en la misma enumeración, con la misma cadencia sintáctica y bajo el mismo rótulo de «incoherencias graves», está cometiendo —consciente o inconscientemente, lo cual es secundario— el error preciso que el documento de 2002 condena: el relativismo moral disfrazado de pluralismo. Está sugiriendo que oponerse a una regularización masiva de inmigrantes es una falta del mismo orden que defender el derecho al aborto, que ambas posiciones alejan al partido que las sostiene de la misma «plenitud evangélica» en idéntica medida. Y esto no es prudencia ni equilibrio: es una falsificación de la jerarquía objetiva de los bienes morales, una falsificación que la Iglesia ha denunciado por su nombre. Nivelar la montaña y el grano de arena para concluir que ambos son, al cabo, elevaciones del terreno, no constituye una mirada superior y desapasionada: constituye un error de medición.
La trampa, sin embargo, no se agota en la nivelación abstracta, porque la nivelación no es simétrica en sus efectos. Y aquí el análisis debe descender de la teología a la aritmética política concreta, que es donde la operación revela su verdadera dirección. El sistema de partidos español no distribuye sus posiciones de manera homogénea. Existe una formación —y el obispo, que ha cargado contra ella por su nombre en más de una ocasión, sabe perfectamente cuál es— que sostiene posiciones restrictivas en materia migratoria a la vez que defiende, en el terreno de los valores no negociables, la vida y la familia. Existen otras formaciones que defienden o han impulsado la legislación abortista, la eutanasia y una redefinición de la familia, a la vez que sostienen políticas migratorias expansivas. Cuando el obispo proclama que «todos» fallan por igual, el reparto aparenta tratar a ambos bloques con idéntica vara. Pero no lo hace, porque las dos varas no miden lo mismo: a un bloque le reprocha faltas en el orden de lo no negociable; al otro, discrepancias en el orden de lo prudencial. Y al presentar ambos reproches como equivalentes, lo que en realidad consigue es exonerar al primer bloque de la gravedad específica de sus posiciones y cargar sobre el segundo una gravedad que sus posiciones no tienen. La equidistancia formal produce, en su aplicación concreta, un resultado que no es equidistante en absoluto: redistribuye la culpa moral en perjuicio de quien acierta en lo esencial y en beneficio de quien yerra en ello.
Que esta dirección no es casual lo confirma el contraste con la propia trayectoria pública del obispo, que no necesita ser deducida porque consta. Cuando el Gobierno aprobó la regularización extraordinaria de inmigrantes, Munilla la calificó de medida «populista y demagógica» y denunció que se usaba a los inmigrantes «como moneda de cambio»; situó allí el reproche, con razón o sin ella, en la instrumentalización gubernamental. Cuando un partido votó en contra de regularizar a quienes ya residían y trabajaban en España, el obispo cargó «abiertamente» contra él, juzgó que expulsar a esos inmigrantes «no sería de recibo» y llegó a ironizar, en su propia formulación, sobre quienes aplauden a los hijos de inmigrantes cuando visten la camiseta de la selección. Es decir: en la práctica, el obispo ha tratado la posición migratoria restrictiva no como una opción prudencial legítima entre varias —que es lo que la doctrina obliga a reconocer— sino como una falta moral que merece reprensión episcopal directa. La enumeración aparentemente neutral del programa radiofónico no es, por tanto, una reflexión desapasionada sobre la imperfección universal de la política: es la versión teologizada, elevada al plano de los principios, de una preferencia política que el obispo ya había manifestado en el plano de los hechos. La abstracción doctrinal viene a dar cobertura magisterial a una opción que es suya, personal y legítima como ciudadano, pero que deja de ser legítima en el instante en que se reviste de necesidad evangélica y se impone como criterio de catolicidad.
Aquí reside la inversión más fina del argumento. La nota de 2002 advierte contra el relativismo moral para proteger los valores no negociables de su disolución en el magma de lo opinable. Munilla emplea la misma estructura mental —la nivelación de todas las posiciones— pero en sentido contrario: no para defender la jerarquía, sino para abolirla; no para impedir que lo no negociable se rebaje a opinión, sino para ascender una opinión prudencial suya hasta la altura de lo no negociable. El instrumento conceptual que el Magisterio forjó como escudo de la vida y la familia queda así convertido, en sus manos, en arma contra quienes hacen de la vida y la familia su bandera. Es una operación de notable habilidad y de dudosa honestidad intelectual, y su elegancia formal —ese tono pausado, ecuánime, sobrevolando las trincheras— es precisamente lo que la vuelve eficaz, porque la equidistancia siempre tiene mejor prensa que la jerarquía, aunque la jerarquía sea verdadera y la equidistancia, en este caso, falsa.
No se trata de exigir al obispo que bendiga a ningún partido; ningún partido lo merece, y en eso su premisa inicial era impecable. Se trata de señalar que la conclusión no se sigue de la premisa, que entre «ningún partido es perfecto» y «todas las imperfecciones pesan lo mismo» media un abismo doctrinal que el obispo cruza sin licencia, y que el resultado de ese cruce indebido no es la serena imparcialidad que aparenta, sino una toma de partido tanto más eficaz cuanto que se disfraza de su contrario. La verdadera prudencia eclesial no consiste en repartir el reproche a partes iguales para no incomodar a nadie. Consiste en pesar cada cosa según su peso real. Y el peso del aborto y el peso de una cuota migratoria no figuran, ni pueden figurar, en el mismo platillo de la misma balanza. Quien los iguala no se eleva por encima del conflicto: simplemente ha decidido, sin decirlo, de qué lado inclinarlo.