El proceso de apelación del caso del edificio londinense de Sloan Avenue ha entrado en una nueva fase de tensión después de que las defensas del cardenal Angelo Becciu y de los financieros Raffaele Mincione y Enrico Crasso acusaran directamente a la fiscalía vaticana de incumplir la orden judicial que obligaba a entregar íntegramente el material de la investigación. Según publica Il Messaggero, los abogados han solicitado ahora a la Corte de Apelación que declare la nulidad definitiva de la citación a juicio.
La nueva ofensiva judicial se produjo tras la presentación de una memoria conjunta ante la Cancillería vaticana, en la que los abogados sostienen que la oficina del Promotor de Justicia, dirigida por Alessandro Diddi, entregó documentación todavía parcialmente censurada mediante omisiones y retuvo parte del material investigativo alegando que era “no pertinente”.
Las defensas consideran que esta actuación vulnera gravemente el derecho de defensa y contradice la orden emitida por la propia Corte el pasado mes, que exigía el depósito íntegro de los documentos y materiales recopilados durante las investigaciones antes del 30 de abril.
Acusan a la fiscalía de decidir unilateralmente qué pruebas pueden conocerse
En el escrito presentado ante el tribunal, los abogados denuncian que la fiscalía se habría atribuido “ilegítimamente” la capacidad de decidir qué material puede ser considerado relevante para el proceso y qué documentos pueden mantenerse ocultos.
La memoria sostiene que el Promotor de Justicia “se negó a cumplir” la orden de la Corte y critica especialmente la permanencia de amplias omisiones en la documentación entregada.
El enfrentamiento se ha agravado además por una propuesta atribuida a la fiscalía para permitir únicamente a la Corte una consulta reservada de determinados documentos sin acceso para las defensas. Los abogados califican esa posibilidad de procedimiento “contra legem” y denuncian que no existe ninguna base jurídica para una práctica semejante.
El contenido de 31 dispositivos de Perlasca, en el centro de la disputa
Uno de los puntos más delicados revelados por Il Messaggero afecta al material incautado a monseñor Alberto Perlasca, antiguo funcionario de la Secretaría de Estado convertido posteriormente en uno de los principales testigos contra el cardenal Becciu.
Según las defensas, entre los documentos que todavía no habrían sido entregados figura el contenido de 31 dispositivos informáticos requisados durante la investigación. Los abogados consideran que ese material podría resultar decisivo para reconstruir el contexto real de las operaciones financieras vinculadas a la compra del inmueble de Sloan Avenue en Londres.
La petición presentada ante la Corte solicita no solo la nulidad definitiva de la citación a juicio, sino también la suspensión de los plazos concedidos a las partes para preparar las pruebas de defensa mientras no se entregue íntegramente toda la documentación requerida.
El proceso deriva hacia un cuestionamiento del sistema judicial vaticano
El nuevo choque entre las defensas y la fiscalía aumenta la presión sobre el sistema judicial vaticano en uno de los procesos más relevantes de las últimas décadas.
Más allá de las acusaciones financieras ligadas a la inversión inmobiliaria de Londres, el conflicto gira ahora alrededor de las garantías procesales y de la transparencia en la gestión de las pruebas dentro de los tribunales vaticanos.
El riesgo, según advierten algunos observadores del proceso, es que la apelación termine convirtiéndose en un juicio sobre el propio funcionamiento de la justicia vaticana y sobre la capacidad del sistema para garantizar plenamente el derecho de defensa.
Un caso marcado por las irregularidades procesales
El caso de Sloan Avenue estalló a raíz de la polémica compra de un edificio de lujo en Londres por parte de la Secretaría de Estado, una operación que generó importantes pérdidas económicas para la Santa Sede y abrió uno de los mayores escándalos financieros del pontificado de Francisco.
En diciembre de 2023, el Tribunal vaticano condenó al cardenal Angelo Becciu por peculado y otros delitos financieros. Sin embargo, el pasado 17 de marzo, la Corte de Apelación anuló íntegramente el proceso y ordenó repetir el juicio desde el inicio al detectar graves irregularidades en el acceso a las pruebas y en la formación del expediente.
Desde el comienzo del procedimiento, las defensas denunciaron la utilización de normas excepcionales y de rescriptos pontificios que modificaron aspectos procesales durante el desarrollo de la causa.