La diócesis de Ourense ha decidido apartar cautelarmente de las parroquias que tenía encomendadas y de otros oficios y tareas que realizaba a un sacerdote investigado por la presunta comisión de agresiones sexuales a dos sobrinas suyas.
El obispado emitió un breve comunicado en la tarde del lunes en el que indica que, de acuerdo con los protocolos vigentes de la Santa Sede y la Confederación Episcopal Española, se adopta tal decisión, al estar el presbítero «incurso» en esas diligencias judiciales.
«Por respeto a las actuaciones judiciales en curso, a la intimidad de las víctimas y a la presunción de inocencia del investigado la Diócesis de Ourense, que manifiesta su total disponibilidad a colaborar con la Administración de la Justicia, no realizará ninguna manifestación adicional a este comunicado hasta que finalice el procedimiento judicial», reza la nota.
Sobre el sacerdote de Santiago de Corneda y San Esteban de Cangués, en la comarca de O Carballiño, pesa una orden de alejamiento, por la cual no puede aproximarse a más de 500 metros de donde se encuentren las hijas de su hermano, que han puesto dos denuncias independientes por presuntas agresiones sexuales contra ambas de manera continuada.
La medida cautelar, según han informado a EFE fuentes judiciales, la dictó el pasado sábado el juzgado de guardia de Ourense, el de instrucción número uno, al frente del cual está el decano, Leonardo Álvarez. El religioso señalado, natural de Vistahermosa, en la ciudad ourensana, fue ordenado en 1995. Una de las dos hermanas de Ourense que han denunciado a su tío por abusos y agresiones de carácter sexual, en su caso desde la niñez y hasta los 17 años, cuenta que «fue un camino largo» el que anduvo hasta dar nombre a vivencias por las que ha pasado, y no en solitario, detalle que supo más tarde.
La nueva y completa denuncia que formalizó la semana pasada en la comisaría de la Policía Nacional de su ciudad recoge las supuestas violaciones y demás vejaciones, los «horribles recuerdos» que provocaron en ella, según sus palabras, un inaguantable dolor psicológico y físico. En 2019, cuando se atrevió a hablar, recurrió a la jurisdicción ordinaria, pero en aquel momento únicamente pudo verbalizar presuntos tocamientos. Y se encontró con que esos delitos contra la libertad sexual que ella exponía tienen un plazo de prescripción de diez años a contar desde su mayoría de edad. Ella, aunque por muy poco, había sobrepasado ese tiempo.
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