León XIV ha recibido este viernes en audiencia a monseñor Thibault Verny, arzobispo de Chambéry y presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, acompañado del secretario del organismo, el obispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, según recoge el boletín de la Sala de Prensa de la Santa Sede. La Sala Stampa no ha facilitado detalle alguno sobre el contenido del encuentro, como es habitual en estas audiencias de trabajo, pero la cita llega en un momento delicado para un organismo que en poco más de un año ha renovado su cúpula, sus estatutos y buena parte de sus miembros, y que arrastra una cuestión de fondo que ninguna reforma ha resuelto: qué hacer con las causas de abusos que se extinguen sin juicio ni sentencia mediante la gracia de la dispensa del estado clerical.
Un año de cambios profundos
La Comisión fue instituida por Francisco en marzo de 2014 como respuesta a la crisis de los abusos y estuvo presidida durante once años por el cardenal Seán O’Malley, arzobispo emérito de Boston. El 5 de julio de 2025, apenas dos meses después de su elección, León XIV puso al frente del organismo a monseñor Thibault Verny, un obispo francés de perfil discreto que había dirigido la lucha contra los abusos en el seno de la Conferencia Episcopal de Francia tras el demoledor informe Sauvé, y que ya formaba parte de la Comisión desde septiembre de 2022. El relevo supuso también un cambio de estilo: del cardenal estadounidense, acostumbrado a las ruedas de prensa y a la confrontación pública con la curia, a un prelado europeo partidario de la colaboración con las conferencias episcopales y de la vía institucional.
La secretaría la ocupa desde marzo de 2024 monseñor Alí Herrera, psicólogo de formación, antiguo obispo auxiliar de Bogotá y miembro de la Comisión desde su fundación, que fue nombrado por Francisco junto a la estadounidense Teresa Kettelkamp como secretaria adjunta. Kettelkamp, coronel retirada de la policía de Illinois y una de las voces más veteranas en materia de protección, dejó el cargo la pasada primavera, y el propio León XIV le agradeció sus servicios en el discurso que dirigió a la asamblea plenaria de la Comisión el 16 de marzo de 2026, en el que pidió que la protección de menores dejase de considerarse «una obligación impuesta desde fuera» y pasase a ser «una expresión natural de la fe». Pocos días después, el Papa nombró una nueva tanda de miembros, con especial atención a dos áreas emergentes: el concepto de vulnerabilidad en los adultos y los abusos facilitados por la tecnología en el espacio digital.
El cambio de mayor calado llegó el 13 de junio, cuando la Santa Sede publicó los nuevos estatutos, aprobados por León XIV para un periodo experimental de tres años. El texto mantiene a la Comisión integrada en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, amplía su composición hasta un máximo de veintitrés miembros, reafirma su misión de asesorar directamente al Papa a través de su presidente y le confiere una facultad nueva y relevante: comunicar a los dicasterios competentes las deficiencias graves o reiteradas que detecte en los sistemas de denuncia y protección de las Iglesias locales. Verny presentó la reforma como fruto de «la escucha a las víctimas y supervivientes, a los expertos en el ámbito de la protección y a la experiencia de las Iglesias locales».
Un organismo que evalúa a los demás pero no juzga
La importancia de la Comisión reside precisamente en esa posición ambigua. Carece de competencias penales, que corresponden en exclusiva a la Sección Disciplinar del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y no sustituye a las estructuras locales. Su fuerza es de otro orden: elabora las directrices universales de protección, audita el cumplimiento de las conferencias episcopales, acompaña a las Iglesias con menos recursos a través del programa Memorare y publica un informe anual que en su primera edición, en octubre de 2025, denunció graves deficiencias y resistencias dentro de la Iglesia universal, señalando que en muchos lugares se siguen priorizando las soluciones institucionales y la reputación eclesial antes que el cuidado de las víctimas. Verny afirmó entonces que la prevención «no es una opción» sino la condición indispensable para que el Evangelio sea creíble, y pidió una «conversión institucional» que trascienda las meras reformas legales.
Con los nuevos estatutos en la mano, la Comisión dispone por primera vez de un cauce formal para señalar a Roma los fallos de los sistemas de denuncia. Lo que nadie ha aclarado todavía es si esa facultad alcanza a los fallos que se producen en la propia Roma, y en concreto en el dicasterio del que la Comisión depende.
El melón abierto: la dispensa como atajo para no investigar
Porque ahí reside la gran cuestión pendiente que Verny y Alí Herrera han llevado, o deberían haber llevado, al despacho del Papa. Como documentó InfoVaticana el pasado 4 de septiembre, existe en la Iglesia una forma de terminar los procedimientos por abusos a menores que no pasa por una sentencia, no declara hechos, no oye a la víctima y no deja rastro público: la concesión al acusado de la gracia de la dispensa de las obligaciones sacerdotales, solicitada por él mismo cuando la investigación se le viene encima. Más de mil causas llegadas al tribunal supremo de la Iglesia se han cerrado por esa vía sin que nadie estableciera qué ocurrió, y el ritmo va en aumento. La práctica ha sido construida y defendida jurídicamente desde el propio Dicasterio para la Doctrina de la Fe, entre otros por monseñor Jordi Bertomeu, que llegó a recomendar por escrito su uso para clausurar investigaciones sin sentencia. Altos responsables judiciales vaticanos sostienen, en cambio, que la dispensa afecta al estatuto personal del clérigo y en nada exime a la Iglesia del deber de esclarecer los hechos, reparar a las víctimas y depurar las responsabilidades de quienes gestionaron el expediente.
El caso Lute es el ejemplo más completo de ese método, y el que más directamente afecta al Pontífice. Eleuterio Vásquez González, sacerdote de la diócesis peruana de Chiclayo, fue denunciado por tres mujeres por abusos cometidos cuando eran niñas, en una etapa en la que el obispo de la diócesis era Robert Prevost. La investigación previa fue calificada de «tomadura de pelo» por el propio delegado eclesiástico, el capuchino Giampiero Gambaro; el Dicasterio para la Doctrina de la Fe archivó el caso alegando una prescripción civil peruana canónicamente insostenible, y el sacerdote nunca fue suspendido del ministerio público. Cuando en 2025 las víctimas lograron impulsar una investigación efectiva, Lute pidió al Papa la gracia de la dispensa, y las denunciantes escribieron formalmente a León XIV rogándole que no la concediera hasta que el proceso «pueda ser llevado a término en justicia y verdad», al tiempo que reclamaban acceso al expediente que se les llevaba ocultando desde 2022.
La respuesta llegó en noviembre: León XIV concedió la dispensa, y las víctimas lo supieron por una comunicación sin sobre, sin sello oficial y sin número de causa. El expediente se cerró sin investigación, sin esclarecimiento de los hechos y sin reparación, pese a que el propio sacerdote había admitido los abusos y existen testigos de que trasladaba a menores a una estancia parroquial aislada para pernoctar a solas con ellos. Desde entonces, las tres mujeres de Chiclayo siguen reclamando que su causa se reabra, se instruya con garantías y se sentencie conforme al Libro VII del Código de Derecho Canónico, sin que la dispensa sirva de coartada para no hacerlo. Y hace apenas unos días, a propósito del Instituto del Verbo Encarnado, esta casa volvía a señalar que el mismo canonista que comunicó a las víctimas de Lute el cierre de su caso ocupa hoy la Procuraduría General del IVE por designación de monseñor Satué.
Una Comisión que acaba de recibir la facultad de señalar a Roma los fallos graves en los sistemas de denuncia, y cuyo presidente predica que la Iglesia no puede ser «un espacio de impunidad», tiene aquí la prueba de fuego de su credibilidad. O Verny y Alí Herrera abordan con el Papa el uso instrumental de la dispensa, empezando por Chiclayo, o los nuevos estatutos quedarán en un ejercicio de arquitectura institucional que deja intacto el mecanismo que más víctimas deja sin verdad.
Las demás audiencias de la mañana
El Papa ha recibido también a Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, acompañada de su comitiva; a sor Alessandra Smerilli, salesiana y economista, en su condición de prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; al benedictino catalán Manuel Nin Güell, obispo titular de Carcabia y exarca apostólico de la abadía territorial de Santa María de Grottaferrata, de rito bizantino; y a los artistas participantes en el encuentro promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación.