La Pontificia Comisión para la Protección de Menores podrá comunicar directamente a los dicasterios competentes de la Santa Sede las deficiencias graves o reiteradas detectadas en los sistemas de denuncia y protección de las Iglesias locales, según establecen los nuevos estatutos aprobados por el papa León XIV para un período experimental de tres años.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó los estatutos actualizados de la Comisión, que sustituyen a los aprobados en 2015 y adaptan el funcionamiento del organismo a la constitución apostólica Praedicate Evangelium, la reforma de la Curia Romana promulgada por el papa Francisco en 2022.
León XIV actualiza la estructura de la Comisión
La reforma mantiene a la Comisión integrada en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pero reafirma su misión específica de asesorar directamente al Santo Padre en todo lo relacionado con la protección de menores y personas vulnerables.
El nuevo texto precisa las competencias del organismo, sus relaciones con los distintos dicasterios y su papel en la promoción de políticas de prevención y acompañamiento en toda la Iglesia.
La Comisión seguirá informando directamente al Papa a través de su presidente y colaborará estrechamente con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en ámbitos como la formación, la elaboración de programas de protección, la preparación de las visitas ad limina y la elaboración del informe anual sobre tutela.
Además, el presidente o el secretario de la Comisión formarán parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe durante el ejercicio de su mandato.
Más atención a las víctimas y supervivientes
La actualización de los estatutos insiste especialmente en la escucha de las víctimas y supervivientes de abusos como uno de los principios fundamentales del trabajo de la Comisión.
El presidente del organismo, el arzobispo francés Thibault Verny, destacó que el nuevo texto es fruto de la experiencia acumulada por la Iglesia durante los últimos años.
«Los Estatutos representan un paso importante para profundizar en nuestra responsabilidad compartida de proteger y cuidar a los más vulnerables», afirmó.
Verny añadió que las nuevas disposiciones «reflejan nuestra escucha a las víctimas y supervivientes, a los expertos en el ámbito de la protección y a la experiencia de las Iglesias locales», reafirmando que la tutela continúa siendo una prioridad para la Iglesia.
Sistemas de denuncia, escucha y acompañamiento
Los nuevos estatutos refuerzan la responsabilidad de las diócesis, conferencias episcopales e institutos religiosos en la creación de mecanismos eficaces para la prevención y denuncia de abusos.
La Comisión deberá ayudar a las Iglesias locales a establecer sistemas estables y accesibles para presentar denuncias, así como estructuras pastorales destinadas a acoger y acompañar a las víctimas.
Asimismo, promoverá la creación de centros regionales y nacionales donde quienes hayan sufrido abusos puedan recibir acogida, asistencia espiritual, atención médica y apoyo psicológico.
El texto también insiste en la protección de la privacidad de las personas implicadas y en la confidencialidad de los datos personales.
Una de las principales novedades es que, cuando detecte incumplimientos reiterados o carencias graves en los sistemas locales de protección, la Comisión podrá trasladar sus evaluaciones y recomendaciones a los dicasterios competentes de la Santa Sede para que ejerzan las responsabilidades que les corresponden.
Un informe anual sobre la situación de la tutela en la Iglesia
Los nuevos estatutos consolidan además una de las tareas más relevantes de la Comisión: la elaboración de un Informe Anual sobre las políticas de protección de menores y personas vulnerables en la Iglesia.
Este documento recogerá información procedente de los dicasterios de la Curia Romana, conferencias episcopales, institutos religiosos y otras instancias eclesiales para ofrecer una evaluación global de las iniciativas desarrolladas en materia de tutela.
El informe será presentado al Papa y, tras la consulta a la Secretaría de Estado, podrá hacerse público con autorización pontificia.
Según el texto aprobado por León XIV, el objetivo será ofrecer una visión transparente de la situación de la protección en la Iglesia universal, identificar problemas sistémicos y formular propuestas de mejora.
Una comisión con presencia en toda la Iglesia
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores fue creada por el papa Francisco en 2014 como parte de la respuesta de la Iglesia a la crisis de los abusos sexuales.
Los nuevos estatutos mantienen una estructura integrada por un máximo de 23 miembros nombrados por el Pontífice, procedentes de distintos países y con experiencia en ámbitos relacionados con la protección de menores.
La Comisión continuará reuniéndose dos veces al año en asamblea plenaria y desarrollará su trabajo a través de grupos regionales, grupos de estudio, consultores especializados y un consejo ejecutivo permanente encargado de coordinar las distintas iniciativas.
Con esta actualización normativa, León XIV consolida la estructura creada durante el pontificado anterior y refuerza los mecanismos destinados a promover la prevención, la transparencia, la rendición de cuentas y el acompañamiento a las víctimas en toda la Iglesia.