Vista la imagen de Catacaos —dos cardenales, dos arzobispos y el comisario apostólico arrodillados ante las familias de los campesinos asesinados—, conviene formular la pregunta evidente: ¿hace falta esperar veinte años para hacer justicia con las víctimas que están reclamando ahora? Hay al menos dos frentes precisamente en Perú donde la respuesta debe ser inmediata.
Santarsiero
Sobre Mons. Antonio Santarsiero Rosa, OSJ, hasta hace semanas obispo de Huacho y secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, pesa una denuncia formal por presunta violación a un seminarista en Huacho, acosado cuando la víctima era adolescente y violado recién cumplida la mayoría de edad, y por acoso a un sacerdote que convivió con él como asistente personal en los primeros años de su episcopado.
La carta notarial, fechada el 26 de marzo de 2026, fue entregada en mano en la Nunciatura Apostólica de Lima el 31 del mismo mes y remitida al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El sacerdote denunciante asegura haber elevado un informe previo, en noviembre de 2024, al entonces prefecto del Dicasterio para los Obispos, hoy León XIV; lo entregó personalmente en Roma en diciembre de 2025. No consta respuesta.
Tras la publicación de InfoVaticana, la Conferencia Episcopal Peruana apartó a Santarsiero de la secretaría general el 9 de abril de 2026. Pero el núcleo de su poder permanece intacto: sigue siendo obispo de Huacho, conserva el gobierno de la diócesis, la formación de los seminaristas y el control patrimonial. Que se sepa, no se han adoptado medidas cautelares canónicas conforme a Vos estis lux mundi. Mientras Roma no actúe, lo del 9 de abril no pasa de ser un gesto institucional.
Chiclayo: las tres víctimas del padre Lute
El segundo frente está en Chiclayo. Tres víctimas del sacerdote Eleuterio Vásquez González, conocido como «Lute», denunciaron en 2022 ante el entonces obispo Robert Prevost, hoy León XIV, abusos muy graves cometidos siendo niñas —entre los nueve y los once años— a quienes se llevaba a solas a una estancia en la sierra ante múltiples testigos que no han sido nunca si quiera interrogados. La instrucción canónica fue calificada por el propio delegado eclesiástico, Giampiero Gambaro, de «tomadura de pelo».
Prevost nunca suspendió a Lute del ministerio público. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe archivó el caso alegando prescripción civil peruana, un argumento canónicamente insostenible que el propio Gambaro tildó de «extrañísimo». El sacerdote, ante la inminencia de una investigación efectiva impulsada por las víctimas en 2025, solicitó la dispensa del estado clerical. León XIV se la concedió el 15 de septiembre de 2025, comunicada a las víctimas dos meses después mediante un folio sucio, doblado, sin sobre ni sello, entregado por un mensajero anónimo.
No obstante,la dispensa del estado clerical no exime en ningún caso de investigar y reparar. Es una gracia que se concede a quien renuncia coherentemente al ministerio, no un escudo para extinguir un proceso penal canónico abierto. Tramitarla pendente lite es contrario a los principios mismos de la institución.
Sin embargo, esa lectura falaz —según la cual la dispensa cierra la causa y libera a la Iglesia de seguir investigando— ha sido construida y defendida jurídicamente, entre otros, por el propio Mons. Jordi Bertomeu. La misma persona que ayer se arrodilló en Catacaos.
A esto se suma una decisión que dice más que mil declaraciones. La diócesis de Chiclayo, en manos del agustino Edison Farfán, encargada de cubrir el tratamiento psiquiátrico y la medicación de las víctimas como parte de la reparación mínima exigida por Vos estis lux mundi, ha cortado esa cobertura.
Tres mujeres que sufrieron abusos siendo niñas, sometidas a años de revictimización procesal, se han visto privadas de su tratamiento y de sus medicamentos. El riesgo clínico es atroz, y la responsabilidad institucional, indiscutible. No hay reparación posible que excluya lo más elemental: garantizar la integridad psicofísica de quien ha sido herido.
Lo que se pide hoy
Si el gesto de Catacaos significa algo —y queremos creer que sí—, debe significar también esto: que las víctimas de Santarsiero merecen el mismo viaje, la misma escucha y la misma palabra «perdón», y que las tres víctimas del padre Lute merecen que su caso se reabra, se instruya con garantías y se sentencie conforme al Libro VII del Código de Derecho Canónico, sin que la dispensa concedida sirva de coartada para no hacerlo.
Y mientras tanto, lo mínimo: que se restablezca de inmediato la cobertura del tratamiento psiquiátrico y de la medicación a las víctimas de Chiclayo. Lo mínimo, repetimos. Lo que ninguna institución decente puede negar a quien ha herido.
Porque si no, dentro de veinte años otro comisario apostólico tendrá que volver a viajar, otro cardenal tendrá que volver a postrarse y otra familia tendrá que volver a oír, llorando, que la Iglesia llegó tarde. Y a esa Iglesia que llega siempre tarde, sus fieles ya empiezan a no creerle del todo.
Que no haya que pedir perdón de rodillas dentro de veinte años. Hagamos justicia hoy.